“De héroes está lleno el cementerio”

Hace 10 años, un sicario asesinó a Anuar Yaver Cortés, líder político del Cesar. Su familia lo recuerda como un hombre entregado al servicio social. En el caso hay cuatro condenados, pero quien sería el autor intelectual está prófugo. Le piden al Estado garantías.

Anuar Jalil Yaver, Sonia Escobar y Catalina Yaver se radicaron en Bogotá. Las amenazas no han permitido que regresen a Aguachica.

Que la familia Yaver Escobar tuviera que escapar de intentos de secuestros hacía parte de su vida cotidiana. Se les volvió casi una costumbre ver a Anuar Yaver Cortés, el esposo de Sonia Escobar y el papá de Anuar Jalil y Catalina, camuflarse entre matorrales, cambiar el rumbo de sus viajes en carretera y hasta disfrazarse de enfermero en una ambulancia para escapar de la constante amenaza de las Farc, que intentaron llevárselo a la selva más de siete veces. Las estrategias de camuflaje para evitar el rapto y proteger su integridad funcionaron por más de cinco años. Pero no fueron lo suficientemente eficaces para esquivar los tiros de un sicario desde una moto en el centro de Aguachica (Cesar), que acabaron con la vida del político hace ya 10 años.

En homenaje a su memoria, su familia recordó lo sucedido el 16 de agosto de 2007. Confiesan que, por miedo, no han querido seguir el proceso judicial. La prensa registró el suceso sin muchos detalles. Los medios dijeron que, en Aguachica, donde Yaver era candidato para la Alcaldía, habían asesinado a un líder político del Partido Liberal. Que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había prometido las garantías de seguridad para que se pudieran realizar las elecciones ofreciendo una recompensa de $30 millones para dar con el paradero de los responsables, dinero que, supuestamente, terminó robándose la Policía —tres agentes fueron arrestados en 2009 por estos hechos—. Pero no explicaron que Yaver era un líder que había dedicado su vida a llevar los servicios básicos a los municipios más apartados del Cesar.

Tampoco contaron que Yaver fue uno de los impulsores para crear la Cámara de Comercio en la región. “Estuvo detrás de la construcción de la terminal de transportes, en la estructuración del proyecto para hacer un acueducto y alcantarillado, en la llegada del primer carro de bomberos, y fue él quien impulsó la idea de llevar la Universidad Popular del Cesar al municipio”, recuerda su hijo, Anuar Jalil Yaver. Sonia Escobar lo acompaña en la tarea de rememorar el trabajo social al que, dice, siempre se dedicó su esposo: “Lo caracterizaba la nobleza y desde el comienzo de su carrera siempre se dedicó a trabajar por los demás. Llegaba a la casa tardísimo y madrugaba sin problema. Y nunca lo escuché quejarse. Era un conciliador”.

¿Por qué si sus calidades humanas eran tan pulcras lo mataron? Esa es la pregunta que en silencio tratan de responder Sonia Escobar, Catalina y Anuar Jalil Yaver. Y es él, el mayor de la familia, quien toma la vocería para contestar: “Él no quiso ni ser de los guerrilleros ni de los paramilitares. Y eso, en una zona como el Cesar, se paga muy caro”. A Anuar Jalil Yaver las amenazas lo obligaron a salir de la región. Fueron tan tenebrosas que la Unidad Nacional de Protección le asignó, por un tiempo, un esquema de seguridad.

La arremetida contra la política en el César

Uno de los departamentos del país más golpeados por la presencia paramilitar fue el Cesar. Y a su vez, uno de los municipios más afectados por esa dinámica fue Aguachica. Fue allí en donde las autodefensas instalaron bases estratégicas. De acuerdo con las cifras que ha recopilado la Fiscalía, solamente en esta zona del sur del departamento se registraron 5.826 víctimas de los hombres de uno de los más temidos jefes paramilitares, Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada. Él mismo ha confesado que participó en tres masacres en fincas y veredas de Aguachica en donde asesinaron por lo menos a 14 personas.

En diciembre de 2014, el Tribunal de Bogotá recopiló las acciones violentas del exjefe paramilitar, que recobró su libertad en 2015, y dio cuenta de que Prada participó en el desplazamiento y el asesinato de seis funcionarios públicos de Aguachica, entre los que estaban Luis Fernando Rincón, exalcalde del municipio, y el concejal José Mario Saldaña Flórez. El crimen se dio antes del asesinato de Anuar Yaver. Fue este tribunal el que explicó que, en esa zona del país, los paramilitares utilizaron una estrategia de exterminio político de quienes no estaban de acuerdo con su presencia.

La idea de que alguno de los miembros sobrevivientes de la familia Yaver pudiera correr la misma mala suerte de su padre y esposo hizo que se refugiaran en Bogotá y dejaran en manos de la justicia la responsabilidad de encontrar a los responsables del crimen. Aún en la capital, los temores persisten. Hay procesos judiciales abiertos y varios involucrados están prófugos. “Lo que sabemos de la investigación es lo que sale en prensa. Pero lo que sabemos es que ha sido una investigación desviada y que no se ha logrado sancionar a los autores intelectuales del asesinato porque siguen en libertad”, comenta Catalina Yaver.

El rastreo del proceso judicial confirma su versión. En total, hay cuatro personas condenadas y tres de ellas están en la cárcel por haber planeado el crimen: Sandra Patricia Orejanegra, alias la Mona; Elmo José Mármol Torregroso, alias el Poli, y Norberto Plaza Vega, alias Amigazo. Los dos primeros llevaron su caso hasta la Corte Suprema de Justicia para probar que eran inocentes y que habían terminado involucrados en el caso por testigos falsos. En octubre de 2012, el alto tribunal negó el recurso y confirmó la condena. El Amigazo dijo ante las autoridades que la Mona y el Poli no tenían nada que ver en el asunto. Sin embargo, la jueza de primera instancia que los condenó dijo que había encontrado varias inconsistencias en la versión de Plaza Vega y no lo tuvo en cuenta en su decisión de enviarlos a la cárcel durante 35 años.

Las incoherencias del testimonio del Amigazo quedaron consignadas en su condena, que, al igual que la de la pareja, fue emitida por la jueza Luisa Pinto, del Juzgado Único Penal de Valledupar, en 2009. En su primer relato, Plaza Vega dijo que el asesinato de Anuar Yaver había sido un accidente porque el objetivo del atentado era Carlos Fernando Pérez, quien acompañaba al líder político el 16 de agosto de 2007. Explicó además que el crimen lo había ordenado alias Douglas, miembro de la banda las Águilas Negras, porque Pérez se rehusaba a pagar una vacuna. Sin dar una explicación concreta, en su siguiente interrogatorio le dijo a la jueza que sabía de primera mano que Douglas, en compañía de otro compañero de la banda, alias Hitler, había recibido de un reconocido político de la región $250 millones para matar a Yaver.

El Amigazo terminó su interrogatorio diciendo que mientras no le dieran algún beneficio no iba a decir el nombre del político. Sin embargo, el cuarto condenado dentro de este expediente es el exalcalde de Aguachica Gustavo Maldonado Estupiñán, quien para la época del crimen era uno de los contrincantes de Anuar Yaver en las elecciones para la Alcaldía. La jueza de Valledupar lo condenó en junio de 2016 y dijo que el asesinato había tenido motivos políticos y que Maldonado era el determinador. Para la época de la condena, el exalcalde ya tenía una sanción disciplinaria de la Procuraduría, que lo encontró culpable en 2014 de haber celebrado contratos en el municipio sin los requisitos adecuados. Maldonado fue capturado en 2012 por estos hechos, pero, según la familia de Yaver, está prófugo.

Su caso está en revisión, en segunda instancia, en el Tribunal Superior de Valledupar. Por este mismo juzgado pasó también el caso de otro implicado en este caso, pero de quien, a diferencia de las cuatro personas condenadas, la justicia todavía no ha establecido su responsabilidad. Se trata de Wilson Estupiñán, alias el Chamo, un personaje de Aguachica que es conocido como el primo del exalcalde Maldonado Estupiñán y porque, además, varios paramilitares han dicho que era un financiador de los frentes Héctor Julio Peinado, bajo el mando de Juancho Prada, Resistencia Motilona de las Auc y las Águilas Negras. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia, pues la Fiscalía presentó la casación después de que, en primera y segunda instancia, los jueces de Valledupar los absolvieran. El caso está en el despacho del magistrado Eugenio Fernández Carlier.

“Los testigos que se han retractado, los que han cambiado de versiones sin razón y las absoluciones con pruebas claras nos permiten afirmar que ha sido una investigación manipulada”, denuncia Catalina Yaver, quien le pide al Estado, a nombre propio, que proteja a su familia, que haga todo lo posible para capturar a los responsables y que el caso de su padre no quede en la impunidad. Fue ella quien hace 10 años le advirtió a su padre, en vano, del peligro que corría. “Le pedí que dejara la política porque de héroes están llenos los cementerios”.