De juzgadores a juzgados

Fuentes de la Fiscalía aseguran que algunos casos en los que participaron dos jueces de garantías de Bogotá, detenidos por cargos de corrupción, podrían ser anulados.

El pasado jueves, la Policía realizó un operativo masivo en los juzgados de Paloquemao: once funcionarios judiciales fueron arrestados. / Óscar Pérez - El Espectador

Mientras avanzan las investigaciones contra 11 funcionarios de los juzgados de Paloquemao en Bogotá que, supuestamente, crearon una organización dedicada a cobrar altas sumas de dinero por ‘amañar’ procesos judiciales, el interés crece principalmente sobre las consecuencias que podrían verse con respecto a los casos en los que dos jueces de garantías —detenidos también hace dos días— participaron. Se trata de los jueces 26 y 38 de garantías, Ricardo Rodríguez y Francisco Javier Barbón, respectivamente, investigados hoy por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato, cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias.

Fuentes de la Fiscalía manifestaron que se está estudiando la posibilidad de presentar nulidades en los procesos en que los jueces 26 y 38 de garantías tuvieron alguna injerencia. De ser así, decisiones con respecto a los presuntos falsos testigos del caso del joven Luis Andrés Colmenares, libertades otorgadas a funcionarios de la DIAN y medidas de aseguramiento dictadas contra servidores públicos y narcotraficantes de la talla de alias el Negro Orlando, quedarían en cero. El juez Rodríguez, por ejemplo, fue quien determinó recluir en La Picota a Jesús Martínez Durán, enredado testigo del caso Colmenares, el pasado 17 de enero.

Sin embargo, la determinación más polémica del juez Rodríguez Vilar fue cuando éste ordenó la libertad de nueve personas vinculadas a la Aeronáutica Civil, que estaban siendo investigadas por pertenecer a una red de narcotráfico. En esa decisión, del 26 de marzo pasado, el funcionario argumentó que se habían vencido los términos de la medida de aseguramiento, ya que no se había iniciado la etapa de juicio. La Fiscalía apeló argumentando que el juez se había basado en una ley que ya no tenía validez. Finalmente, un juez de conocimiento le dio la razón al ente investigador y reordenó las capturas.

Asimismo, otro caso que generó malestar en la Fiscalía fue cuando Rodríguez le otorgó la libertad a Raúl Vargas, un funcionario de la DIAN sindicado de participar en el cartel del IVA que había sido recapturado el 26 de abril de este año. Tras su determinación, el pasado 12 de julio el imputado señaló que demandaría al Estado por la suma de $100 millones. La última decisión que se registró del juez de garantías, Ricardo Rodríguez, fue la detención preventiva de Carlos Andrés Moreno, un hincha de Millonarios que al parecer asesinó a un sargento (r) del Ejército que intentaba defender a su hijo, hincha de Santa Fe, de una golpiza.

Mientras tanto, el juez 38 de garantías, Francisco Javier Barbón, es recordado por haber detenido la audiencia en el caso del abogado del carrusel de la contratación, Álvaro Dávila, quien el 21 de diciembre pasado alegó por octava vez que estaba enfermo. En esa ocasión el juez Barbón señaló que ninguna persona estaba exenta de enfermarse.

El diario El Tiempo, en su edición de ayer, aseguró que uno de los procesos que había manejado el juez 38 de garantías, Francisco Barbón, está entre las pruebas de la Fiscalía: al parecer, un hombre procesado por enriquecimiento ilícito le pagó $5 millones para que, en vez de detención domiciliaria, recibiera libertad condicional. Sin embargo, la Fiscalía trabaja para esclarecer del todo quiénes realmente participaron en esta red de corrupción, que cobraba entre $500.000 y $100 millones para direccionar expedientes. Al cierre de esta edición el juez 52 de garantías adelantaba la audiencia de imputación de cargos después de haber declarado que los allanamientos y las capturas hechas por la Fiscalía eran legales.

 

 

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@santsmartinez

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