De cómo las mafias se benefician de una noticia que parece insignificante

El exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega defiende a dos funcionarias a quienes la Procuraduría les abrió pliego de cargos y explica el poder que ese artículo, que a nadie le importa, tiene para “revivir la rentable criminalidad que tienen bien enraizada” en esa entidad.

Blanca Jazmín Becerra Segura, detenida cabeza del cartel de las devoluciones del IVA. El resto de la red ha quedado en la impunidad, mientras se investiga a quienes se le opusieron.

Estimados lectores de El Espectador.

El día de ayer algunos de ustedes pueden haber visto un artículo sobre la Procuraduría abriendo pliegos a dos funcionarias de la DIAN. Probablemente no lo leyeron, y su memoria guardará, como mucho, la idea de algún nuevo escándalo, o la repetitiva corrupción en la DIAN: nada nuevo.

Pero que ese artículo se hubiese publicado en un periódico tan importante como este, sí importa; y habla a gritos. Sin embargo, lo relevante no es lo que escribieron: el mensaje que trasmite ese artículo solo lo comprenden en la DIAN; pero lo que les comunicaron a ustedes, es de su mayor interés.

Permítanme traducirles. Regálenme diez minutos de su tiempo para decirles que lo que pasa es grave y los puede afectar.

¿Por qué a la Procuraduría se le filtra una investigación —nada trascendental— sobre unas funcionarias de la DIAN, por pocos conocidas? ¿Será que estamos hablando de los capos de las mafias internas? ¿Qué será lo que habrán hecho para salir en letra de molde? ¿Qué es lo noticioso de unas funcionarias que no se gastaron toda la plata que tenían para contratar?

En un país donde se roba a través de contratos, y el que más contrata es el poderoso, ¿por qué estas dos mujeres no gastaron todo lo que podían?

En Colombia las cosas ni se filtran ni se publican por azar; esto a alguien le interesa. Y esto no debería ser así: María Elena y Claudia deberían haber tenido el derecho de conocer el pliego antes de que saliera en medios; deberían haber tenido la oportunidad de demostrar que las razones por las que no se gastó el dinero fue por defender lo público y como consecuencia de la aterradora corrupción que encontramos. Se devolvió el presupuesto al Ministerio de Hacienda por decisión responsable de la cúpula ejecutiva de la entidad.

La comunidad internacional ve con muy malos que a la gente se le viole de esta manera su privacidad a través de filtraciones oportunistas como esta. Las naciones prósperas exigen estas mínimas reglas de juego; por esto todos los acuerdos internacionales exigen estricta protección de la reserva tributaria y de la información de la ciudadanía. Esto es tan crítico que una de las más importantes exigencias para acceder a la OECD, o para el intercambio de información con Estados Unidos, es garantizar la reserva tributaria. El comité de asuntos fiscales de la OECD, a donde la DIAN rendía cuentas, ya nos aceptó.

Cuando me nombraron como director de la DIAN, el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, me dio un mandato: la DIAN se despolitiza y queda por fuera del juego clientelista. Teníamos que subir los estándares para garantizar la seguridad de la información y así irnos ganando la confianza de la ciudadanía y la credibilidad de la comunidad internacional.

La evidencia de que ha sido así es incuestionable, no sólo porque lo diga la OECD. Inclusive, a pesar de insinuaciones mentirosas, nadie puede mostrar una sola filtración de una auditoría, declaración o juego político con la DIAN. Más aún, el mismo presidente Santos, para defender estos principios, creó la ITRC (Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales). Una entidad de primer nivel dedicada a vigilar, investigar y sancionar a cualquier funcionario de la DIAN que abuse, se enriquezca ilícitamente, presione indebidamente al contribuyente o viole la reserva tributaria: van más de 100 funcionarios sancionados por faltas graves, pero falta mucho aún.

Irónicamente, la entidad que debería velar por nosotros no informó a ninguna de las dos indagadas. Funcionarias ejemplares, que llegaron a sus puestos por competentes, por meritorias, por tener carácter y valores. Yo a ninguna de las dos las conocía. Todo lo que escribo es resultado de haber trabajado con ellas. Y aunque no se los dije lo suficiente, yo les guardo una enorme gratitud y reconocimiento, por su capacidad de defender lo que era bueno para la DIAN o para el país; no me dejaban cometer errores, ni actuar como resultado de caprichos. Jamás le dieron gusto a nadie, nunca cometieron arbitrariedad alguna, y siempre velaron por defender sus valores, a la DIAN, a los contribuyentes, a usuarios aduaneros y al país.

María Elena Botero y Claudia Rincón serían las perfectas candidatas para un reconocimiento público por la calidad de su gestión, por su servicio al país y como integrantes idóneas de la carrera administrativa. Personas que no dicen que sí, que cuestionan órdenes que ellas genuinamente creen lesionan la entidad, que trabajan por lo que creen y no por quedar bien, que les importan más los usuarios que sus jefes, lo que necesita Colombia y lo que los protege a todos ustedes de abusos de poder.

Ahora son ellas las manchadas. Mujeres que, de ser sancionadas, tendrían que pagar multas de $30 millones. Aterrador monto que para los corruptos es una cifra irrisoria, pero para ellas sería un muy duro e injusto golpe: son honestas. Y hablo de la plata, por no hablar de las lágrimas que han derramado como consecuencia de la afrenta que hoy sufren.

Pero esta carta no busca defenderlas; ellas son impecables, no lo necesitan. Lo que busca este escrito es traducirle a usted, lector del común, el poderoso mensaje que han enviado, por este medio, al interior de la DIAN. Entremos entonces a detallar qué es lo que tan singular artículo narra por medio de tan vacía acusación. ¿Qué es aquello de lo que todos no vemos nada y unos pocos, diez mil funcionarios de la DIAN, entienden a la perfección?

Usted , lector, no tiene por qué conocer y unir estos hechos que le voy a narrar, pero como estamos hablando de sus impuestos, de su servicio de salud, de la educación de sus hijos o nietos, de la seguridad de su información, permítame poner la diligente investigación del procurador delegado en contexto.

Para esto es importante que recuerden que en la DIAN se enquistaron mafias corruptas que les han robado miles de millones de pesos a todos ustedes. Hay tres que son relevantes para entender en qué contexto nos tocaba tratar de gastar bien escasos recursos del presupuesto público.

El primero, y muy mentado por estos días en medios, es el esquema de lavado de activos y defraudación al fisco por medio de devoluciones ficticias de IVA y su espejo de exportaciones de chatarra por elevados e irreales valores y volúmenes. Solo imaginen toneladas de cobre, que Colombia no produce, exportadas por Turbo, donde no hay muelles ni grúas de verdad. Esto lo han hecho organizaciones criminales que, con funcionarios de la DIAN y personas cercanas a la mafia, desarrollaron esta línea de negocios ilícitos. Su operación data del 2003 y buscaba justificarles a bancos reintegros de cientos de millones de dólares como supuestos pagos de exportaciones de chatarra. Dólares del narcotráfico disfrazados de exportaciones a China, entre otros.

Además, para hacer más rentable la operación, con complicidad de gente en la DIAN y con cómplices en Cámaras de Comercio, crearon empresas de papel en Cúcuta, Pereira, Santa Marta, Cartago, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Neiva. Todo un andamiaje para simular compras de insumos a lo largo y ancho del país, con base en las cuales ejércitos de contadores corruptos prepararon y soportaron solicitudes de devoluciones de IVA por productos exentos o por exportaciones (muchas de ellas ficticias).

Para ilustrarles los numeritos de los hampones, las devoluciones crecieron de 2003 a 2010 de $300 mil millones a más de $2,5 billones al año. Devoluciones que por otras razones extrañas que no entro a detallar se devolvían en efectivo.

Es en este contexto donde los mensajes subliminales que, por coincidencia o propósito, llegan de la Procuraduría son relevantes.

Cuando en 2011 logramos, con ayuda de inteligencia de la Policía y la Fiscalía, enjuiciar a un eslabón de esta mafia, muchos funcionarios de impuestos en Bogotá terminaron investigados por lo que fueron muy graves faltas a sus obligaciones. Los indicios de enriquecimiento ilícito, evidenciados con posterioridad a una auditoría a la empresa de Blanca Jazmín Becerra, eran abrumadores. Recuerden que la fábrica de solicitudes de devoluciones ficticias de IVA en Bogotá era manejada por ella (vean el video con Vicky Dávila donde ella cuenta como exdirectores de la DIAN eran parte de la estructura criminal).

El asunto era tan absurdo que la visita de control que hicieron informó que todo estaba perfecto, cuando habían llevado como 15 funcionarios para poder investigar a fondo. Gracias a la Fiscalía esto se hizo público. La gravedad de los hechos, imagino, justificó que la Procuraduria, en su saber y entender, hiciera uso de su derecho preferente y exigiera el traslado de todas las investigaciones. ¿La autoridad máxima de la Nación para defender la moral de lo público iba a llegar al fondo de todo esto? ¿Podíamos dormir tranquilos, semejantes abusos iban a ser sancionados de manera ejemplar, finalmente se defendía el interés de la ciudadanía? Bobo yo...

Pero antes de terminar esta parte de la historia, permítanme desviarme a otro capítulo de terror. Lo del IVA no es nada comparado con las otras muchas mafias que existen en la entidad. Aduanas es probablemente la más capturada, por razones obvias y a pesar de los muy buenos y valiosos funcionarios que se tienen. Pocos con el control de lo clave pueden hacer todo el daño que quieran. Por ejemplo, el famoso MUISCA, o sus interfaces con la otra veintena de aplicaciones que son el sistema nervioso de la DIAN y del país, permite, por medios que no logramos diagnosticar totalmente , que le roben la identidad a gente decente. Esto todo se hace en los sistemas con el fin de burlar la capacidad de análisis y así, por $25.000 el kilo, hay la certeza de que las importaciones de los contrabandistas no serán inspeccionadas.

Esto está documentado a cabalidad, y se denunció ante todos los entes de control. Las cifras del fraude, se estima, superan los 300 millones de dólares al año; 63mil declaraciones de importación con las que se defraudó al fisco y se introdujeron miles de toneladas de contrabando. Todo esto a través de los sistemas de la DIAN, robando el buen nombre de empresarios honorables como los Carvajal o General Motors. Y las cosas son peores aún. Cuando, con los capitanes de la Armada, empezamos a parar esos contenedores a la salida de los puertos, la captura de los sistemas les permitió hacernos el quite.

Esto es relevante para entender los retos que Claudia y los funcionarios de recursos humanos enfrentaban. La DIAN no tenía sistematizada su nómina, muchas de las clientelas que acababan de contratar no cumplían los requisitos de ley, fueron muchos los insultos que se recibieron por parte de los contratistas que ni siquiera tenían tarjeta profesional. El desgreño era indescriptible. Y el margen de maniobra limitado por una normativa interna indescifrable.

Es este desorden parte de lo que les permitió a las mafias reaccionar creando inspectores fantasmas en los sistemas de la entidad. Cuando nos pusimos a entender por qué el contrabando no caía, vimos que los contenedores de muy alto riesgo aparecían como inspeccionados, pero nunca se encontraba nada. Como el ITRC brillantemente demostró, la realidad es que nunca se hizo la inspección. Todo lo arreglaban adentro y los contrabandistas partían tal cual. Si no me falla la memoria, los casos de inspectores fantasmas iban en casi 4.000 inspecciones.

Como se podrán imaginar, la doctora Claudia Rincón y la doctora María Elena Botero fueron instrumentales para entender y luchar contra esas mafias.

Si alguien cree esto es inverosímil, que lo es, vean la prensa guatemalteca. Allá en Guatemala, Iván Velásquez ha desenmascarado la corrupción de la aduana y sus vínculos con la política. Las similitudes de lo que tenían armado en Guatemala con lo que pasa en la aduana de Colombia son escalofriantes. Aquí hay prácticas que los carteles implantan de país a país.

Esa es la DIAN que encontramos. Ahora hagan el esfuerzo de imaginar cómo cambiaba día a día la persecución de nuestro entorno, los eventos que obligaban a cambiar las prioridades, ese administrar la bestia para que el país no sufriera y, además, gastar recursos públicos como Dios manda.

En particular, gastar en las dos áreas críticas: recurso humano y sistemas. Para que perciban la dimensión de lo que pasa, soliciten por derecho de petición el número de caídas de los sistemas desde cuando lograron mi partida. ¿Cuántas han ocurrido desde entonces? Ellos saben que todo nuevo administrador, independiente de lo honesto y competente que sea, es un borrón y cuenta nueva para estas poderosas mafias. Ellas llevan ahí 30 años; uno es si mucho una golondrina.

Por todo esto, gastar en unos sistemas sobre los que teníamos enorme incertidumbre y dudas de su confiabilidad era impresentable. Mejor ser honestos, devolver la plata al Ministerio de Hacienda y planear algo serio de fondo.

Igualmente, trate usted de seleccionar y contratar personal idóneo en este entorno. De más de 500 polígrafos que se hicieron no pasaron más de 50 funcionarios. En Colombia —a diferencia de Alemania, México, Estados Unidos, etc.— uno no puede hacer nada con esta información. Un muy equivocado juicio sobre el debido proceso de gente que ostenta tal poder, y puede causar tal daño, que la falta de confianza debería ser suficiente para no exponer a toda una sociedad a riesgos tan destructivos. Solamente escuchen a los empresarios ahorcados por el contrabando y el lavado de dinero.

Entonces, ¿con quién se podía contar? ¿Quién decía la verdad?

A María Elena le tocaba la brutal tarea de defender todo lo bueno que los buenos funcionarios de la DIAN, que son la mayoría, hacían. A ella le tocaba lidiar con mi desconfianza y luchar porque las cosas no se paralizaran del todo. Todo esto a pesar de la gravedad de lo que la justicia ya le ha develado, parcialmente, al país.

Como ya les conté, ante la enorme incertidumbre que vivimos, y que con el paso del tiempo pudimos documentar, tomamos la decisión ejecutiva de no seguir programando sobre algo en lo que no se podía confiar. Siendo responsables, se inició la ardua tarea de rehacer el Estatuto Aduanero, tratando de mejorar el servicio al cliente a la vez que se cerraban huecos en la norma. Con ayuda del Congreso se expidió una nueva ley marco que exigía estos cambios y arrancó el trabajo para llevar luego al Congreso, gracias al apoyo del Ministerio de Comercio, la Ley Anticontrabando.

Como es obvio, todo esto frenó muchas cosas; no existe salida fácil a años de corrupción. Pero tanto el Estatuto Aduanero como la Ley Anticontrabando ya se aprobaron y la actual administración tienen el trascendental reto de su sistematización. Dios quiera que esta vaya a ser realizada en el exterior con todos los controles que una aplicación de esta naturaleza requiere.

El cáncer está tal cual y las metástasis son muchas y van más allá de la DIAN.

Podría seguir aburriéndolos con los lavadores de dinero, como Goldex, con los importadores de textiles subfacturados o con las empresas que venden gastos y costos para que mucha gente evada renta, o con las contabilidades con muertos gracias a que la registradora no permite acceso oportuno a la información, o con los robos masivos de RUT e identidades de personas de bajos recursos para llenar nóminas con contratistas inexistentes... Pero esto no es un escrito sobre fraudes.

Les recuerdo que lo que nos importa es lo que el artículo sobre la apertura de pliegos a las personas honestas que lucharon contra mafias poderosas comunica a la única audiencia que entiende todo lo que les estoy contando: la DIAN.

Ya casi termino; solo falta una pieza de este monstruo. Así que retomo mi felicidad porque la Procuraduría iba a defender la moral pública saneando la DIAN.

Hace unos meses, con enorme dolor de patria, lágrimas de hecho, me enteré de las eufóricas celebraciones de todos, sí, todos los funcionarios de la DIAN que estaban investigados por posibles sobornos por parte de la estructura criminal de James Arias y sus aliados. Sí, los que no encontraron nada de nada, cuando fueron a auditar a Blanca Jazmín, la multimillonaria contadora de lujosos apartamentos, chefs (que dicen que aún la atienden en el Buen Pastor), Porsche Cayenne, etc. A toditos les prescribieron las investigaciones por vencimiento de términos, igualito como pasó en diciembre con las de Gilberto Toro por las defraudaciones a la Tesorería de Bogotá. Colombia tiene una grave enfermedad: prescriptitis aguda, agravada con corruptitis masiva.

Recordemos. La Procuraduría nos quitó todos los expedientes, con base en su derecho preferente. El día que prescribieron, toda la DIAN supo que el silencio y la lealtad criminal siempre se honran en Colombia, y se agradece con impunidad. A pesar de haber ido a la Procuraduría con los dos ministros a solicitar diligencia en la evacuación de estas y muchas otras investigaciones, todas prescribieron por vencimiento de términos. Los leales fueron premiados. La promesa de los capos se cumplió a cabalidad: ¡qué poder! ¡Qué patrimonios! ¡Qué red de favores, putas, caballos, fincas, deudas, puestos tienen!

Y así termina la historia. Ya se demostró la impunidad. Ahora se complementa con el castigo, con la amenaza, con la intimidación. Las funcionarias que con valor y diligencia tomaron decisiones difíciles e hicieron las tareas son las que van al paredón. “¡Ojo! Hermano, cuidado y se le ocurre hacer lo que es debido”, dice la nueva Biblia. “Hijo, no olvides: toda buena acción será ejemplarmente castigada”.

Como me dijo alguien en la DIAN burlonamente antes de mi ida: “doctor, en Colombia es mejor un funcionario corrupto obediente que uno honesto independiente”.

He aquí la trascendencia de ese artículo, que a nadie le importa y que nadie entiende, pero que en la DIAN ya ha pavimentado el susto de los honestos y la lealtad y orden de los pillos. Ya están todos felices trabajando para revivir la rentable criminalidad que tienen bien enraizada. Los claves están adentro y ya se están ubicando en los lugares claves: vean Guatemala, cómo mueven la gente, cómo castigan y premian. Lean sobre cómo opera “La Línea”. En vivo están transmitiendo el juicio. Allá han logrado que la gente hable. Allá verán cómo hay sindicatos claves jugando el juego: ¡viva Sintradian! Vamos, adelante, marchando por todos esos miles de millones que hay que robarse y que deberían educar y alimentar a todos esos hermosos niños que se nos mueren de hambre.

Por supuesto, la investigación insólita por no malgastar el presupuesto público y devolverlo oportunamente al Ministerio de Hacienda para que se lo diera a otras entidades debe continuar. Esto es un mensaje importante en un país donde se roba con contratos. Semejante anomalía claro que justifica la diligente gestión de la Procuraduría. No vaya a ser que venga más gente que quiera hacer la tarea.

Esta es mi historia del pliego de cargos a dos funcionarias honestas y competentes de la DIAN. Su grave falta, haberle devuelto , oportunamente, plata al Ministerio de Hacienda.

¡Me les quitó el sombrero! Douglas North, el premio Nobel de Economía, está estudiando estos fenómenos: la cultura de la organización se crea con base en lo que la gente ve en el día a día que funciona; la práctica, los hechos, moldean al individuo. Y el grupo se nivela a la actuación más baja que el liderazgo tolere. ¡Yo ya entendí! Ahí va la toalla blanca al cuadrilátero; ellas no se merecen esto.

Juan Ricardo Ortega

Exdirector de la Dian