Debate sobre el aborto vuelve a la Corte Constitucional y llega a la CIDH

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El alto tribunal estudia una petición que presentó la abogada Natalia Bernal Cano para anular una sentencia que en marzo de 2020 dejó intactas las reglas para abortar en Colombia legalmente. Ministerio de Justicia y DNP piden rechazarla. La jurista, que busca prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, también acudió a la CIDH.

La reglas de juego para abortar legalmente en Colombia son claras: se puede hacer cuando representa peligro para la vida o para la salud -física y/o mental- de la mujer; cuando hay una grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando sea producto de una violación, incesto o inseminación no consentida. Así lo dijo la Corte Constitucional en 2006 y así lo ratificó en marzo de 2020 al estudiar una demanda que presentó la abogada Natalia Bernal Cano, quien busca que en el país el aborto quede totalmente prohibido. Ahora, el alto tribunal aceptó estudiar un recurso que busca anular ese último fallo.

En esa decisión judicial, la C-089 de 2020, la Corte consideró que las demandas que había presentado la abogada Bernal no eran suficientes para reabrir esta discusión y se inhibió de hacer un pronunciamiento de fondo. En ese sentido, el alto tribunal dejó las tres causales para abortar legalmente intactas. Pero la abogada Bernal insiste en que sí hay múltiples evidencias y documentación que permiten hacer un nuevo pronunciamiento, levantar la cosa juzgada, echar para atrás el aborto legal y prohibirlo por completo. En su criterio, con la decisión de marzo, la Corte Constitucional vulneró su derecho al debido proceso, la trató de manera inequitativa y no se tuvo en cuenta las pruebas que ella aportó.

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“La Corte ocultó en todas mis actuaciones judiciales que he llevado a cabo hasta ahora 363 investigaciones internacionales que yo misma aporté, estadísticas de entidades públicas y legislación comparada, explicando daños de prematurez, discapacidad de bebés por abortos previos de las madres y demostrando capacidad de supervivencia de bebés agredidos por procedimientos abortivos. También denuncie fallas en la administración de justicia por cuánto la Corte Constitucional no leyó mis demandas y estás fueron utilizadas de firma indebida con el ánimo de reemplazar mis pretensiones”, dijo Bernal.

Aunque sobre el aborto hay cosa juzgada y la Corte Constitucional no puede echar para atrás el reconocimiento como derecho de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la abogada Bernal insiste en que sí es posible “porque no hay cosa juzgada absoluta respecto al análisis de los tratados internacionales”. El incidente de nulidad quedó en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien fue el ponente de la decisión de marzo pasado y quién había propuesto en esa ocasión que la Corte ampliara la posibilidad de abortar libremente, sin causales, a las 12 primeras semanas de gestación. Esa propuesta no fue aprobada por la Sala Plena quien tendrá que fallar en conjunto esta nulidad.

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En este caso ya el Ministerio de Justicia y el Departamento de Planeación Nacional se pronunciaron y pidieron a la Corte Constitucional que mantenga la sentencia C-089 de 2020 y desestime las pretensiones de la abogada Bernal. La cartera de Justicia, por ejemplo, aseguró que el incidente de nulidad no cumple los requisitos legales: “Su solicitud se basa sobre su respetable opinión en relación a qué debió hacer y qué debió decidir la Corte Constitucional, a partir de sus convicciones jurídicas personales sobre una normativa del Código Civil cuya constitucionalidad ha sido validada de forma reiterada y estable por la jurisprudencia constitucional y cuya derogación o modificación es competencia del Congreso de la República”.

El Ministerio agregó que, en todo caso, no se ha presentado “una violación del debido proceso por desconocimiento de las reglas procesales que determinan la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse de fondo sobre disposiciones que previa y reiteradamente han sido declaradas exequibles”. Y aseguró que Bernal no logró demostrar en su demanda las reglas para poder levantar la cosa juzgada. Por su parte, el DNP dijo que “la Sentencia C-089 de 2020 no viola el debido proceso, ni el derecho de defensa de la solicitante por la no valoración de las pruebas allegadas por esta, toda vez que la decisión que se tomó se realizó de manera fundamentada al revisar cada uno de los cargos propuestos en la demanda y definir que estos no cumplían con los presupuestos necesarios para que se efectuara un pronunciamiento de fondo”.

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Desde que salió la decisión de marzo, la abogada Bernal presentó otras dos demandas, con idénticas pretensiones, que la Corte Constitucional no admitió para su estudio. La posición de la abogada consiste en que la vida y la existencia legal de personas inicia en la concepción y no al nacer como dice el Código Civil y asegura que el aborto debe estar penalizado por ser un método inseguro, que genera múltiples riesgos para la salud del que está por nacer y de la mujer, entre otros. Con esas mismas posiciones, Bernal presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que insiste que en la Corte Constitucional se le vulneraron sus derechos.

“Las fotografías y videos que aporté probando existencia de personas humanas en el vientre materno demuestran de forma inequívoca que las políticas abortivas reflejadas en los artículos 90,091 y 93 del Codigo Civil que demandé, si violan los artículos 42, 44, 47, 49,50, porque sí hay rasgos físicos de bebés desde la semana 22, sí existen personas discapacitadas por métodos abortivos, sí se niegan cuidados médicos a los bebés por nacer, sí hay niños menores de un año desatendidos en su vida y en su salud desprovistos de seguridad social. La Corte Constitucional tampoco debió inhibirse por esta razón”, aseguró Bernal en su petición al organismo internacional.

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