La decisión alrededor del fiscal

El tiempo que la Fiscalía ha permanecido en interinidad es un elemento clave en la discusión que ha sostenido el Consejo de Estado.

Caos: esa es la palabra que, según quienes trabajan hoy con Eduardo Montealegre, describiría a la Fiscalía en caso de que el Consejo de Estado determinara que él debe culminar su período el próximo 31 de julio y no en 2016, como el propio Montealegre ha manifestado es su deseo. Caos porque él lidera una ambiciosa reforma en el ente investigativo para que por fin empiece a producir los resultados esperados; caos porque, entre 2009 y 2013, la Fiscalía habrá visto pasar por su despacho principal a cuatro funcionarios sin que ninguno de ellos hubiera tenido el tiempo suficiente para construir alguna especie de legado.

Al cierre de esta edición, el Consejo de Estado no se había pronunciado aún sobre cuánto tiempo permanecerá Montealegre en su cargo, pero las apuestas en general apuntaban a que se quedaría hasta 2016. Se trata de un cálculo matemático con tintes judiciales y políticos: desde julio de 2009, una serie de condiciones llevaron a que el cargo dejado por Mario Iguarán estuviera desierto año y medio, y lo que ahora debe definir el alto tribunal es si Montealegre estará hasta julio de 2013, que es cuando se cumplen cuatro años en los que habría ejercido el sucesor de Iguarán (período institucional), o si se queda hasta el 29 de marzo de 2016, cuando Montealegre cumpliría cuatro años como jefe de la entidad (período personal).

Se habla de tintes judiciales y políticos por varias razones. En el primer caso, la interinidad que se ha vivido en la Fiscalía en los últimos años ha afectado seriamente los procesos que allí se llevan. Como era de esperarse, cada persona que llegó a la cabeza del organismo lo hizo con un enfoque individual respecto a qué temas merecían prioridad, y no siempre eran los mismos. Por otro lado, la reforma de la Fiscalía que hoy discute el Congreso se quedaría estancada con la salida de Montealegre, o eso creen sus asesores, pues es él quien está impulsando la reestructuración del ente a partir de nuevos modelos de gestión, reorganización de las unidades y fortalecimiento de la meritocracia, principalmente.

En el campo político la decisión del Consejo de Estado también es importante porque, por una parte, el gobierno nacional ha mostrado su inconformismo ante la idea de que, nuevamente, haya interinidad en la Fiscalía. Y, por otra, porque Eduardo Montealegre se ha convertido en una figura clave para que la administración Santos fortalezca un “final feliz” de los diálogos con la guerrilla de las Farc. En entrevista con este diario el pasado domingo 14 de abril, Montealegre se definió como un funcionario que se la jugaba por la paz, defendió el Marco Legal para la Paz y reiteró que las Farc estaban en un proceso de negociación, no de sometimiento, razón por la cual había que pensar en espacios democráticos para los desmovilizados.

Posiciones así de fuertes —y también polémicas— son de extrema utilidad para un gobierno que insiste en culminar las negociaciones con la guerrilla. Por esa razón, en el tablero de la paz, Montealegre se ha establecido como una ficha fundamental. Este alto funcionario, además, ha impulsado la Unidad de Análisis y Contexto (Unac), que se creó a fines del año pasado con el fin de comprender lo que él mismo ha llamado “patrones de macrocriminalidad”. Con esa unidad, Montealegre espera abordar los graves crímenes que han sacudido a Colombia, de una manera más esquemática y completa que permita a los funcionarios judiciales tener herramientas para determinar responsabilidades más fácilmente.

Para entender por qué se está discutiendo el período del fiscal hay que remontarse al 31 de julio de 2009: ese día, Mario Iguarán hizo presencia en la Fiscalía por última vez como fiscal general de la Nación. Para ese entonces, la Corte Suprema ya tenía en sus manos una terna enviada por el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, en la que estaban incluidos Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina. La primera había sido abogada personal de Uribe en Antioquia, el segundo era consejero de Estado y Ospina Bernal había sido ministro de Defensa de Uribe. La Corte declinó la lista, señalando que ninguno de los tres conocía tanto de derecho penal como para ocupar uno de los cargos más importantes en materia de justicia.

El rechazo de la lista no cayó nada bien en el gobierno Uribe, sobre todo si se tiene en cuenta que ya en esa época habían tenido lugar varios encontronazos entre estos dos poderes públicos: por cuenta de la parapolítica —en especial en lo relacionado con Mario Uribe—, de las chuzadas y seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte, y de la relación que algunos de éstos tenían con el cuestionado empresario Ascencio Reyes. Entonces vino una segunda lista de Uribe, que también fue rechazada. Mientras tanto, Guillermo Mendoza Diago ejercía como fiscal encargado.

En 2010, ya con Juan Manuel Santos en la Presidencia, la Corte Suprema eligió una candidata de su lista: Viviane Morales, la primera mujer fiscal. Pero su elección fue demandada ante el Consejo de Estado y en marzo de 2012 ella renunció, luego de que el alto tribunal ordenara su salida de la entidad. Mientras tanto, Martha Lucía Zamora quedó como fiscal general encargada. Por esas fechas la Sala de Consulta de esta corporación dijo que los períodos de los fiscales eran institucionales. Ese concepto, sin embargo, no es vinculante: en otras palabras, el Consejo de Estado puede ignorar lo que la Sala de Consulta manifestó y permitir que Montealegre permanezca en el cargo hasta 2016.