Una decisión en contra de los intereses de Odebrecht y Corficolombiana

Declaran nulidad absoluta del contrato de la Ruta del Sol 2

Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró nulo el contrato y sus adiciones por los hechos de corrupción que rodearon su adjudicación. Además, el Estado deberá pagar tan solo $24.217 millones, una suma muy inferior a los cerca de $3,8 billones que pretendían obtener los socios de la Concesionaria Ruta del Sol.

La Ruta del Sol 2 se adjudicó en 2009 con un contrato por más de $2 billones.Bloomberg News

Este martes 6 de agosto, luego de casi cuatro años de una disputa jurídica, un tribunal de arbitramento de la Cámara de Bogotá declaró la nulidad absoluta del contrato de la Ruta del Sol 2 por los hechos de corrupción que rodearon su adjudicación. Es decir, que la nulidad se da por causa ilícita, pues se pagaron sobornos para quedarse con el contrato y la ley dice que, en consecuencia, este nunca existió. Además, los tres árbitros ordenaron al Estado pagar $211.273 millones a la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual son socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana, y CSS Constructores. Este dinero se deberá destinar, según la Ley 1882 de 2018, al pago de las de las deudas con los terceros de buena fe, entre los que están empleados, proveedores y bancos.

Según el laudo, el monto a pagar debe salir del fidecomiso -la cuenta en la que se manejaban los recursos para la construcción de las obras y reposaban los dineros de los créditos y aportes de los socios- de la Concesionaria Ruta del Sol, en el cual hay $187.056 millones. Es decir, que lo que realmente debe pagar el Estado, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), son $24.217 millones. Una cifra muy inferior a la suma billonaria que se manejó en los peritajes presentados ante el tribunal de arbitramento, las pretensiones de la concesionaria y el acuerdo que adelantaba el Ministerio de Transporte con los siete bancos que le prestaron dinero al proyecto: Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas. Cuatro de ellos, pertenecientes al Grupo Aval, al que también pertenecen Corficolombiana y Episol. 

(En contexto: Tres claves para entender por qué es importante lo que se decidirá sobre la Ruta del Sol 2)

No solo el contrato de la Ruta del Sol 2 quedó sin piso. Lo mismo ocurrió con el otrosí No. 6, firmado en 2014, con el cual se adjudicó directamente a la Concesionaria el tramo adicional de Ocaña-Gamarra, una obra avaluada inicialmente en $1,2 billones. 

La historia del tribunal

La historia del tribunal de arbitramento comenzó el 6 de agosto de 2015, cuando la Concesionaria y su máximo accionista, Odebrecht, dieron a conocer a la Cámara de Comercio de Bogotá su intención de demandar al Estado por más de $780.000 millones por supuestos sobrecostos en las obras de la Ruta del Sol 2. Para ese entonces, la multinacional brasileña tenía la reputación de ser una de las mejores constructoras del mundo. Sin embargo, la ANI, en esa época bajo la dirección de Luis Fernando Andrade, siempre rechazó esas pretensiones y argumentó que la Nación no debía entregar más dinero del ya pactado.

Al no llegar a un acuerdo, la Concesionaria Ruta de Sol decidió ir a un tribunal de arbitramento, el cual se instaló en diciembre de 2016, días antes de que estallara el escándalo de corrupción de Odebrecht a nivel mundial. Todo cambió cuando, el 21 de diciembre de ese año, se conoció el acuerdo de aceptación de culpabilidad de parte de los más altos directivos de Odebrecht en Estados Unidos, país que bautizó este como "el caso de sobornos más grande de la historia". Odebrecht aceptó pagar una multa de US$2.600 millones de dólares -algo más de $7.8 billones- y, de paso, entregar información sobre su entramado de coimas en 12 países de tres continentes, entre ellos Colombia.

Tres semanas después de las revelaciones desde Estados Unidos, en Colombia se hicieron las primeras capturas por este caso: fueron detenidos el excongresista Otto Bula y el exviceministro Gabriel García Morales, quien manejaba el Inco (Instituto de Concesiones, hoy ANI) para la época en que la Concesionaria obtuvo el contrato de la Ruta del Sol 2, en 2009. García Morales aceptó de inmediato haber recibido un soborno de US$6,5 millones de dólares para direccionar la adjudicación.

La respuesta del Estado en el pleito no se hizo esperar: la ANI contrademandó solicitando que, por haber sido un contrato adjudicado a través de sobornos, debía declararse ilícito. En pocas palabras, su argumento era que el Gobierno no debía responder a las exigencias de la Concesionaria Ruta del Sol por los supuestos sobrecostos en el contrato, ya que, según la ley, este nunca existió por tener un origen ilícito. En ese momento se escogieron por primera vez los árbitros para dirimir el conflicto: Stella Villegas, William Namén y Ariel Hernández. 

El procurador Fernando Carrillo se unió a la posición del Estado colombiano desde otra orilla y presentó una acción popular contra Odebrecht en enero de 2017, que ganaría. Pasó un buen tiempo en el que el tribunal de arbitramento recibió todo tipo de pruebas y documentación para ir estructurando el caso. Al tiempo, el país conocía cada vez más detalles de lo que sucedió al interior de la Ruta del Sol 2 y otros contratos de Odebrecht. Empezaron a salir a la luz supuestos aportes a campañas políticas, congresistas salpicados, lobistas que enviaban razones de un lado a otro para beneficiar los intereses de la concesionaria y hasta contratistas que ofrecieron sus empresas como fachadas para recibir pagos y lavar dinero producto de la corrupción.

La siguiente autoridad que intervino fue la Superintendencia de Industria y Comercio, que el 16 de febrero de 2017 ordenó la cancelación -y por ende la liquidación- del contrato, por violación a la libre competencia. La decisión fue debatida: en su momento se dijo que la Superintendencia debió ordenar la caducidad del contrato, para así imponer una sanción que inhabilitara a Odebrecht y sus socios seguir contratando y evitar pagos con dineros del Estado. Sin embargo, personas que conocían las condiciones en las que estaba la Ruta del Sol 2 en aquel entonces explicaron que la caducidad no era procedente, pues no se cumplían los requisitos legales para ello. Algunos tramos de la obra estaban parados, pero por factores que no podían endilgársele al contratista.

Corría 2017 en medio de las pesquisas judiciales de la Fiscalía, que avanzaban lentamente, y en septiembre de ese año el tribunal de arbitramento tuvo otro retroceso que lo hizo iniciar el proceso casi desde ceros: los tres árbitros con los que se inició el pleito renunciaron, al considerar que las circunstancias en las que habían recibido el caso eran completamente diferentes a las conocidas después de diciembre de 2016. Sus reemplazos llegaron con prontitud: Jorge Arango, nombrado presidente del tribunal, Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González. Con ellos reinició nuevamente el litigio y se volvieron a revisar las pruebas, testigos y peritajes presentados para establecer qué sucedió al interior de la Ruta del Sol, cómo se debía liquidar el contrato y si el Estado debía o no pagar por el 52% de las obras, que fue lo que alcanzó la Concesionaria a construir.

El 6 de febrero de 2018, llegó al tribunal de arbitramento un testimonio que dio a conocer detalles inéditos de lo que sucedió en la Ruta del Sol 2: el de Jorge Enrique Pizano, el excontroller -una especie de auditor- de la Concesionaria que entregó pruebas de supuestos contratos irregulares que se pagaron sin que se hubiese construido un solo kilómetro de carretera o prestado una asesoría real. Pero, nuevamente, el tribunal quedó frenado. Cuatro meses después de recibir el testimonio de Pizano, el árbitro Jorge Arango falleció repentinamente. Su reemplazo fue Jorge Enrique Ibáñez, quien llegó en junio de 2018.

(Le puede interesar: Las evidencias de la SIC que comprometen a Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Aval)

El caso Odebrecht se volvió una hecatombe para esa época. El 18 de septiembre de 2018, días antes de salir de su cargo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, formuló pliego de cargos a directivos del Grupo Aval y Odebrecht por violar la libre competencia. Además, el 8 de noviembre de ese mismo año, uno de los testigos estrella de Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, falleció por un infarto. Un mes más tarde, el Tribunal de Cundinamarca tomó una decisión frente a la acción popular de la Procuraduría y condenó a Odebrecht y a sus socios a pagar $800.000 millones. Y para terminar, a comienzos de 2019 se conoció la condena contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien, según la justicia, supo de los pagos ilegales de la multinacional brasileña.

Así transcurrieron los cuatro años que ha durado este tribunal de arbitramento, que en cabeza de sus tres árbitros tomó una decisión trascendental para la historia de la contratación pública en el país y el futuro de los proyectos de infraestructura. Hoyos, González e Ibáñez conocieron como nadie los pormenores del caso Odebrecht y su decisión final fue declarar nulo el contrato.

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Redacción Judicial

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