Defensa de Bernardo Moreno pide revisar condena por "chuzadas del DAS"

Basa su petición en la denuncia presentada por tres exfuncionarios del organismo de inteligencia ante la CIDH en la que argumentaron presiones de la Fiscalía para declarar en procesos penales.

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La defensa del exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas presentó un recurso de revisión tras la condena de ocho de prisión emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon los seguimientos e interceptaciones ilegales a un grupo predeterminado de personas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La petición tiene como base la demanda presentada por tres exfuncionarios del organismo de seguridad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las presiones que habrían recibido de la Fiscalía General para continuar declarando en otros procesos penales por el denominado escándalo de las “chuzadas” a cambio de no revocarles la libertad.

En la acción presentada por la exdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal Llanos y los capitanes (r) Jorge Lagos y Fernando Tabares (exdirectores de inteligencia y contrainteligencia, respectivamente) se cita que a principios de este año recibieron una presión por parte de funcionarios de la Fiscalía General para que continuarán declarando. 

Los tres exfuncionarios, cita la demanda, fueron"coaccionados y presionados indebidamente para que estos se incriminaran y sirvieran como testigos en otros procesos judiciales, a cambio de no perder nuevamente su libertad, con ello la Fiscalía buscó violar el principio de non bis in ídem, tratando de condenar por los mismos hechos y delitos a, Martha Leal, Jorge Lagos y Fernando Tabares".

Debido a esto, el abogado Jaime Granados -quien defiende los intereses de Moreno Villegas- anunció que tomará las acciones judiciales necesarias “a obtener la revisión de la condena impuesta (...) De igual forma, se solicitará a la administración de la justicia que garantice que no medie ningún tipo de presión frente a cualquier testimonio”.

Señaló que durante los alegatos de conclusión en el juicio que se adelantó en la Corte Suprema hizo referencia a las contradicciones de los testimonios entregados por los capitanes Lagos y Tabares -testigos de cargo de la Fiscalía General- durante su declaración bajo juramento. Señala que con la demanda presentada ante el organismo internacional se hacen evidentes estas acciones.

“Siempre afirmaron haber actuado dentro del marco de sus funciones legales y los preacuerdos y principio de oportunidad que dichos funcionarios suscribieron con la Fiscalía, en donde aceptaban haber sido parte de ‘una empresa criminal’. Las denuncias que se dieron a conocer el día de hoy aclararían las razones de esa contradicción”, precisa.

En el fallo emitido en abril de 2015 la Corte Suprema compulsó copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exsecretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez -quien ya enfrenta un proceso penal- por su presunto conocimiento y responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantadas por agentes del DAS.

Granados, apoderado de Uribe y Velásquez, considera que es necesario velar para que los testigos de la Fiscalía General no sean presionados o coaccionados para que rindan sus testimonios. De lo contrario presentará denuncia penal y disciplinaria frente a lo que considera prácticas que “afectan la norma actuación de la administración de justicia”.

Bernardo Moreno Villegas fue condenado como autor del delito de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones y autor de un delito de abuso de función pública y autor de varios delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Actualmente paga su condena en su residencia.

La Corte Suprema lo halló responsable de haber tenido conocimiento directo y además de haber impartido instrucciones para la obtención de información privilegiada a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como contra Piedad Córdoba y Gustavo Petro -senadores de oposición del Gobierno de Uribe Vélez-, la exrepresentante a la Cámara  Yidis Medina; el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell. 

Las estrategias ilegales tenían como objetivo directo la creación de un plan de difamación mediática en contra de este grupo de personas y así restarle credibilidad a las denuncias que estaban haciendo en contra del presidente y varios altos funcionarios de su Gobierno.

 

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