En defensa de Cáceres, Sánchez y Ramírez

Esa organización cuestionó los procesos contra los excongresistas Javier Cáceres, Ciro Ramírez Pinzón y Odín Sánchez Montesdeoca por el escándalo de la parapolítica.

Respectivamente, Ciro Ramírez Pinzón, Javier Cáceres Leal y Odín Sánchez Montes de Oca. / El Espectador
Respectivamente, Ciro Ramírez Pinzón, Javier Cáceres Leal y Odín Sánchez Montes de Oca. / El Espectador

A la espera de un salvavidas se encuentran los excongresistas Ciro Ramírez Pinzón, Javier Cáceres Leal y Odín Sánchez Montesdeoca, condenados por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo. A inicios de este año, los exparlamentarios le solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitiera medidas cautelares a su favor y que revisara los procesos al final de los cuales fueron sentenciados, porque, según ellos, durante la realización de los mismos se les violaron sus derechos.

La CIDH aún no se ha pronunciado al respecto. Los excongresistas siguen a la espera de una respuesta. Por ahora, los exsenadores y el exrepresentante a la Cámara se contentan con la voz de apoyo que recibieron del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, una organización que agrupa a las ramas legislativas de más de 150 países y que funge como observadora de las Naciones Unidas.

En un escueto comunicado conocido por El Espectador, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios “expresa su profunda preocupación por la falta de las debidas garantías procesales en el enjuiciamiento de los tres excongresistas, lo que menoscabó los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad, así como el derecho que les asistía a ser juzgados por un tribunal imparcial y tener la oportunidad de recurrir contra la sentencia”.

El Comité cuestionó que en Colombia los congresistas y excongresistas sean juzgados en única instancia, a diferencia de lo que sucede con los demás ciudadanos. Así mismo criticó la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema de Justicia desde 2009 y bajo la cual, a pesar de que un congresista renuncie a su fuero, seguirá siendo investigado por este tribunal si el delito por el que se lo acusa está o estuvo relacionado con su labor como parlamentario.

Recordó que estos tres excongresistas renunciaron a su fuero para que los investigara la Fiscalía y entonces la Corte Suprema cambió las reglas de juego, los proceso y juzgó, lo cual, según el Comité, sería una violación a sus derechos. De igual modo lamentó el fracaso de la reforma a la justicia, en la que se establecía la segunda instancia para parlamentarios, y puso en duda las declaraciones por las que la Corte condenó a Ramírez, Sánchez y Cáceres.

Con este marco, el Comité reafirmó “su opinión de que es indispensable que se brinde una protección adecuada a los miembros del Congreso a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y sin temor a sufrir represalias”, y por lo tanto instó “a las autoridades a la revisión del procedimiento aplicable a los miembros del Congreso para que éste sea plenamente compatible con las normas fundamentales de un juicio imparcial, incluido el derecho a apelar y a la no discriminación”.

Por último, confío “en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda proceder en breve a examinar las demandas presentadas por los tres exmiembros del Congreso, convencido de que ello será crucial para proporcionar reparación a los afectados”. Los conceptos del Comité no son vinculantes y será la CIDH quien defina si los escucha o no. Mientras tanto, Cáceres, Ramírez y Sánchez se aferran a su última carta.