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hace 3 horas

Defensa de grafitero presentará demanda contra la Nación ante el Tribunal Administrativo

Esto después de que fracasara la audiencia de conciliación celebrada en la Procuraduría General.

Este martes fracasó por segunda oportunidad la audiencia de conciliación celebrada en la Procuraduría General en el marco de la demanda administrativa interpuesta por la defensa de la familia del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo y la Nación (Ministerio de Defensa y Policía Nacional).

Ante esto, será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca será el ente encargado de resolver la acción judicial en la cual se pide una indemnización por los perjuicios morales y patrimoniales causados a la familia del joven de 16 años quien murió después de recibir un disparo por la espalda por parte del patrullero de la Policía Metropolitana, Wilmer Antonio Alarcón, quien es procesado por cuatro delitos y se encuentra con medida de aseguramiento.

Y es que para los accionantes, con su actuar la Policía Nacional afectó además el buen nombre, honra y dignidad de Becerra Lizarazo quien fue señalado de pertenecer a una banda que había asaltado un bus de servicio público en la noche del 19 de agosto de 2011.

Al final de la diligencia judicial, la abogada Myriam Pachón quien defiende los intereses de la familia de Diego Felipe Becerra indicó que pese a que la Policía quería conciliar, el defensor del patrullero Wilmer Antonio Alarcón presentó varias objeciones que afectaron el desarrollo de la audiencia.

"Nosotros estábamos esperando una conciliación, desafortunadamente la propuesta que ellos hacen no concuerda con las actuales posturas de la jurisprudencia y la norma, por ese motivo no conciliamos. Estamos abiertos a una posible conciliación pero vemos que existe un entorpecimiento por parte del abogado de Alarcón que también ha dilatado la acción penal", aseguró la jurista.

La abogada señaló además que “estamos dispuestos a llegar una conciliación con la finalidad de evitar que el erario del Estado sea perjudicado en un futuro”. Sin embargo, según la abogada, la defensa del exuniformado (procesado por homicidio y la manipulación de la escena del crimen) buscará torpedear esta acción de reparación directa.

La profesional del Derecho explicó que el Tribunal Administrativo tendrá que verificar si la acción judicial cumple con todos los requisitos exigidos. Después de esto se realizará la solicitud y práctica de la práctica de pruebas. “Este es un acervo probatorio que podría durar entre cuatro o cinco años”.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que la procuradora delegada para esta conciliación calificó como “desproporcionada” la solicitud de la medalla para los miembros de la policía que defiendan los derechos humanos y el monumento en memoria de estos hechos.

Igualmente en la audiencia el representante de la Policía señaló que están buscando una conciliación por 90 salarios mínimos por la muerte y 90 por daños y perjuicios y no 1.000 como estableció el Consejo de Estado.