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En ausencia de uno de los demandantes, el senador Ernesto Macías, y del demandado, lván Márquez, el Consejo de Estado estudia este martes una demanda de pérdida de investidura presentada por la mesa directiva del Senado en contra del líder de la extinta guerrilla de las Farc. Luciano Marín, el verdadero nombre de Márquez, tenía garantizada su curul de senador gracias a las curules que le otorgó el Acuerdo de Paz a la exguerrilla, pero nunca se posesionó como congresista.
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En abril del año pasado, tras la captura de Jesús Santrich, por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos, Márquez, junto con alias El Paisa, decidieron irse de la zona veredal de Miravalle, en San Vicente del Caguán. El 20 de julio de 2018, día de la posesión del Congreso que irá hasta 2022, se supo que Márquez no se posesionaría. A los pocos días, el presidente del Senador, Ernesto Macías Tovar, demandó la investidura de Márquez, por no posesionarse y su demanda se acumuló con la presentada por el abogado Daniel Silva.
Según dijeron la Procuraduría y el demandante en la audiencia de este martes, la única excusa admisible para que un congresista no se posesione es que se haya constituido una causal de fuerza mayor, como dispone la Constitución. Su defensa, un abogado de oficio, aseguró que se atendrá a lo decidido por el alto tribunal y manifestó que no presentaría recurso alguno por salvaguardar la investidura de Márquez.
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Para determinar si habría existido alguna razón de fuerza mayor, el magistrado ponente pidió a diferentes autoridades pronunciarse si tenían registro de alguna amenaza en contra de Márquez. A este requerimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la secretaría de la Presidencia de la República y la presidencia del Senado aseguraron que no han tenido conocimiento de hechos de inseguridad. Por su parte, la misión de verificación de Naciones Unidas fue renuente a contestar aludiendo a la inmunidad diplomática.
La Procuraduría intervino en la diligencia y aseguró que Iván Márquez “deliberadamente decidió” no posesionarse. Para sustentar esto, el ministerio Público, a través de su delegada, hizo alusión a la carta enviada por Márquez y El Paisa a la Comisión de Paz del Senado en la que denuncian que el Acuerdo no tendría garantías con el gobierno de Iván Duque. Los argumentos de la misiva, según la delegada, no hacen referencia a las supuestas amenazas sino a elementos políticos.
::"Iván Márquez" reitera que fue “un grave error” haber entregado las armas::.
Por otro lado, la Unidad Nacional de Protección informó que desde el 17 de marzo de 2017 le asignaron a Márquez 12 escoltas con arma de fuego, cinco vehículos y dos motos para garantizar su integridad. Sin embargo, según se conoció en la audiencia, el líder de la Farc renunció voluntariamente al esquema de seguridad.
En la audiencia también se conoció que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) no tiene registro de que Márquez esté en ningún Espacio Territorial de Capacitación (ETCR) y que, además, desconocen de su paradero. Tanto es así que, para notificarle de la demanda de pérdida de investidura que cursa en su contra en el alto tribunal, se tuvo que notificar directamente al partido Farc y a la abogada de Márquez ante la JEP, pero no hubo respuesta alguna.
Márquez reapareció el pasado 20 de mayo, fecha en la que publicó en su cuenta de Twitter una nueva misiva en la que arremete contra el gobierno y le dice a los excombatientes que se encuentran concentrados en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR): “Fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las palabras sabias de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo”.
Justo la semana pasada, cuando se fijó la fecha de esta audiencia pública en el Consejo de Estado, la JEP anunció que le abriría un “incidente de incumplimiento” al jefe negociador de las Farc en La Habana. Según los magistrados de la justicia especial, las reiteradas inasistencias de Márquez a sus llamados y asegurar —como dijo en un comunicado— que “fue un error haber entregado las armas”, les permite “inferir que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final y con el proceso de reincorporación y transición de las armas a la vida ciudadana”.