La defensa de Piedad Zuccardi

William Adán Rodríguez, abogado de la exsenadora, aseguró que no hay ninguna prueba contundente en el caso y desmintió que existiera un complot para favorecerla. Solicitó que se disponga la preclusión del proceso.

Piedad Zuccardi. / Archivo

En un documento de 57 páginas conocido por El Espectador, el abogado William Adán Rodríguez, defensor de la exsenadora Piedad Zuccardi, investigada por supuestos vínculos con el paramilitarismo, manifestó que contra su defendida no hay ninguna prueba y que, contrario a lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia, no ha habido ni retractaciones ni montajes para favorecerla.

Con ese argumento, Rodríguez le solicitó a la Corte que disponga la preclusión del proceso y, además, que precise que no ha habido ningún complot contra los investigadores que adelantan el mismo, como dio a entender la Corte en su acusación.

Rodríguez llega incluso a cuestionar las razones que llevaron al alto tribunal a interceptar los teléfonos de Zuccardi y sus abogados. Señala al respecto que “nunca existió el llamado complot a las investigadoras. Siempre advertí que no pretendía que se cambiara el grupo de investigación sino que se redireccionara su proceder. Ello no es delito y no puede justificar la interceptación a las conversaciones de la defensa, porque ello es deleznable, cuestionable y un muy mal precedente para los demás operadores de justicia, máxime que tales interceptaciones se hicieron después de más de cinco años de haberse supuestamente consumado la conducta y sin ningún objetivo distinto al de conocer la actividad de la defensa, hecho gravísimo que atentó contra la dialéctica jurídica, la presunción de inocencia y el respeto al derecho de defensa”.

Pero el reproche de Rodríguez no se queda allí. El abogado rechaza los señalamientos hechos por la Corte Suprema de Justicia sobre un supuesto montaje –presuntamente urdido por los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Úber Bánquez, alias Juancho Dique– para ayudar a Zuccardi y su esposo, el excongresista Juan José García. Dice que no hay pruebas contra la exsenadora y que “la responsabilidad penal no puede surgir del pálpito, de lo que el operador judicial crea o conjeture. La responsabilidad penal debe surgir de la prueba, de lo que ella evidencie. No se puede suponer bajo ningún supuesto que como ningún testigo incriminó a la (ex)senadora Zuccardi entonces todos mienten y bajo el supuesto de un contexto genérico edificar un juicio de ribetes penales”.

Rodríguez agrega que lo que ha habido no son retractaciones sino confirmaciones de que ni García ni Zuccardi se reunieron con los paramilitares para conseguir apoyos a su movimiento y a la candidatura a la Gobernación de Bolívar de su aliado, Alfonso López Cossio. El abogado también se refiere a un audio en el que, al parecer, se escucha al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso hablar con los condenados parapolíticos, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, sobre unos $500 millones que, supuestamente, le dio Zuccardi y su movimiento al exjefe ‘para’ Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, para que apoyara la candidatura de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar. Al respecto, Rodríguez señala que “no comparte que se traiga a colación” esa grabación y que el mismo Báez ya ha dicho que nunca recibió ese dinero. Agrega, además, que este audio fue incluido en el proceso de forma irregular.

Finalmente, Rodríguez se sostiene en la inocencia de Zuccardi, presa por cuenta de este proceso. Ahora la Corte debe definir si acepta o no la solicitud de Rodríguez.

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