Defensa de Piedad Zuccardi denuncia falta de garantías en proceso por 'parapolítica'

Por eso le solicitó a un grupo de conjueces que avalen el escrito de recusación presentado en contra de siete magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema para que se alejen de conocimiento de proceso.

El abogado William Adán Rodríguez Castillo, quien defiende los intereses de la senadora Piedad Zuccardi, le solicitó a los conjueces de que avalen la recusación presentada en contra de siete magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se distancien del conocimiento del proceso que se adelanta en contra de la congresista por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

En el extenso documento se pide que se respete el derecho proceso, a la defensa y a la práctica de pruebas a la congresista del partido de la U quien habría sido prejuzgada por los magistrados recusados en el escrito de acusación con el que se formalizó su llamado a juicio por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir agravado por sus supuestos nexos políticos con el Bloque Norte de las AUC que delinquía en el departamento de Bolívar.

En este punto se indica que con sus señalamientos “anticiparon su criterio en forma categórica en la resolución de acusación y en la confirmación de la misma, piezas procesales en las cuales se hicieron apreciaciones subjetivas y valoraciones jurídicas que anticipan un fallo de condena en contra de mi mandatante”. Por lo que se pide que los togados mencionados en el recurso se alejen del conocimiento en el juicio.

Para el abogado defensor los siete magistrados recusados fueron los que iniciaron la investigación previa contra Zuccardi, abrieron la instrucción, ordenaron su captura, definieron su situación jurídica, impusieron medida de aseguramiento, decretaron y valoraron las pruebas, cerraron la instrucción, emitieron resolución de acusación y resolvieron todos los recursos interpuestos vulnerando así el numeral 11 del artículo 99 de la ley 600 de 2000.

“La pregunta que surge es que si estos funcionarios que en últimas son seres humanos, son capaces de desprenderse de su obra, de su esencia y de su valoración jurídica y probatorio por ministerio de una asignación de competencia. La respuesta desde el criterio de defensa es que no es posible ir contra la naturaleza humana, pretendiendo que un funcionario judicial por más probidad que tenga, sea capaz de desprenderse de lo ya expresado , recogido, valorado, estudiado y conceptuado durante largos meses de investigación; para poder abordar una fase de juzgamiento desprovisto de cualquier tipo de inclinación positiva o negativa del asunto como es su deber supremo”, señala uno de oos apartes.

En resumidas palabras se considera que si fueron estos los magistrados lo que elaboraron y aprobaron la acusación contra Zuccardi ya se estaría vulnerando el principio de imparcialidad puesto que un fallo condenatorio por los hechos materia de investigación ya estaría casi que preparado. En este punto se hace referencia al hecho de que el escrito de acusación tiene como base varios procesos anteriores en los cuales los congresistas fueron sentenciados.

“Es un hecho notorio que la honorable magistrada María del Rosario González desempeñó un rol de ponente en el caso del excongresista Álvaro García Romero, persona con la cual los recusados no han ocultado el interés de relacionar a la doctora Zuccardi sólo por el vínculo que existe entre ellos, olvidando que la responsabilidad penal es individual”, precisa el escrito recordando la condena emitida por el delito de homicidio y concierto para delinquir agravado.

Para la defensa los magistrados recusados “están convencidos” que Zuccardi es responsable del punible de promoción de grupos paramilitares y “no han aceptado que ella jamás se reunió con algún miembro o grupo paramilitar; es tan palmaria su inclinación acusadora, que llegaron al extremo de concluir que lo que hubo fue una masiva retractación de los testigos de cargo, cuando analizados serenamente en cada una de sus salidas procesales, se advierte que tal retractación jamás ha existido”.

La congresista del partido de la U es procesada por presuntamente haber hecho parte de la comisión que asistió a una reunión en Caucasia en el año 2001 en la que se reunieron con los comandantes paramilitares Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’ para supuestamente lograr beneficios políticos y electorales en la región.

Sin embargo para la defensa no se tuvieron en cuenta ni las declaraciones ni los testimonios aportados por la investigada para desmentir las acusaciones hechas en su contra y su presencia en ese lugar. Igualmente llama la atención sobre el hecho de que no se le permitió ejercer su derecho de réplica y contradicción de los paramilitares que la señalaron, en vez de eso se ordenó su detención mientras se le resolvía su situación jurídica.