Defensa de Prieto niega que se busque impunidad al invocar inmunidad diplomática

El abogado del exgerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos aseguró que su apoderado no ha invocado inmunidad respecto de las demás investigaciones referidas a épocas distintas a su período en el BID.

Archivo El Espectador

La defensa del exgerente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, reaccionó este miércoles al comunicado emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que advirtió que la inmunidad diplomática no lo protege de delitos comunes. Lo anterior, tras la solicitud que Prieto elevó ante la Procuraduría para que le sea cerrada una investigación en su contra dado que, según él, tiene inmunidad como exdirectivo de ese organismo y nunca ha sido funcionario público.

Según el abogado del exgerente de la campaña reeleccionista, Bladimir Cuadro Crespo, es el mismo BID el que ratifica que los directores ejecutivos –cargo por el que el ente disciplinario investiga a Prieto– “sí gozan de inmunidad diplomática durante el período y en el ejercicio legítimo de las funciones”. (Lea: La inmunidad diplomática no protege a Prieto de delitos comunes: BID)

“Prieto Uribe no ha invocado inmunidad respecto de las demás investigaciones referidas a épocas distintas a su período en el BID; no ha desconocido la competencia de los entes investigativos, y ha estado presto a atender los requerimientos de las autoridades, y colaborando para que las actuaciones se lleven a cabo con apego a la ley”, manifiesta la defensa en el comunicado.

La investigación de la Procuraduría advierte que Prieto habría favorecido a terceros para la asignación de contratos con el Estado que contaban con recursos del BID, específicamente a la empresa de su familia, Marketmedios. Hace unos días, Prieto envió al BID un mensaje en el cual aseguró: “Sería pertinente y de obligatorio cumplimiento que mi juez natural haga claridad sobre los hechos, a fin de preservar tanto la reputación del banco como la de su director ejecutivo”. Según él, ese juez natural era la Comisión de Ética del BID.

Al respecto, el abogado Bladimir Cuadro Crespo insiste en que las actuaciones de José Roberto Prieto mientras se desempeñó como director ejecutivo del BID, “fueron transparentes y ajustadas estrictamente al código de ética”, precisando que su apoderado no ha tenido ninguna investigación por parte del Comité de Ética del Directorio Ejecutivo.

En su texto, el Banco había señalado: “La inmunidad diplomática que, en efecto, cubre a los directores ejecutivos de los países miembros, solo opera durante su período y en el ejercicio legítimo de sus funciones”. Dicha inmunidad, según el banco, tampoco lo protege “por violaciones al código de ética cometidos antes, durante o después de su paso por el banco”.

En ese sentido, el abogado de Prieto sostiene que la investigación que cursa en la Procuraduría no se refiere a delitos comunes o a violaciones al código de ética que rige para quienes hacen parte del Directorio Ejecutivo del BID, “eventos que, efectivamente, no están cubiertos por inmunidad, pero que tampoco se han invocado para efectos de la investigación”.

Y agrega: “El argumento de la inmunidad es uno de los varios argumentos de la defensa ante la Procuraduría para solicitar el cierre de la investigación; no se está invocando el argumento de la inmunidad para buscar impunidad”.

El exfuncionario del BID también ha sido señalado en relación con la feria de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, puesto que su nombre aparece en diferentes frentes de investigación: los sobornos en el proyecto Ruta del Sol 2 y los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, en las que Prieto fue el hombre clave. Él, por su parte, ha negado haber cometido cualquier irregularidad.

“Del comunicado del BID se puede concluir que José Roberto Prieto Uribe no tuvo acceso a la preparación de los proyectos durante el período que se desempeñó como director ejecutivo por Colombia y Perú, por los cuales la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria”, sostiene la defensa, que insiste en que su apoderado no hizo uso indebido de información privilegiada e instó a los interesados a consultar los proyectos aprobados, “públicos y disponibles para cualquier persona”.