La defensa del Estado para evitar pagar $3 mil billones y no quedar en quiebra

La Agencia de Defensa pelea contra una demanda que busca la reparación de seis millones de víctimas. De resultar en condena, se tendría que invertir todo el presupuesto hasta 2040 para pagarla.

 La cifra que maneja la Unidad de Víctimas es que en Colombia hay 6’103.274 desplazados.  / Luis Benavides
La cifra que maneja la Unidad de Víctimas es que en Colombia hay 6’103.274 desplazados. / Luis Benavides

El dinero que el Estado colombiano tendría que pagarles a los más de cinco millones de víctimas de desplazamiento forzado en el país, según una demanda que hoy estudia la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es estrambótica. El monto sería de $3.018.316.611.942.000; la cantidad de cifras hace difícil su lectura. Para hablar de un estimado más concreto, la reparación necesita más de $3 mil billones. Para pagarla, el país tendría que destinar todo su presupuesto durante los próximos 24 años para lograrlo.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado se está defendiendo con toda vehemencia para evitar esta condena. En un escrito de 85 páginas, que presentó Juanita López Patrón, directora del Departamento de Defensa Jurídica de la Agencia, ante el tribunal que lleva esta multimillonaria demanda, se detallaron las razones y los argumentos para pedirle que niegue las pretensiones del grupo que presentó la acción judicial. Se trata, explica el documento conocido por El Espectador, de una demanda que interpuso Jorge de Jesús Morales Rodríguez en contra de la Policía, el Ejército, el Departamento para la Prosperidad Social y los ministerios de Defensa y Hacienda.

Según el escrito que hoy estudia la magistrada de la Sección Primera del Tribunal, Claudia Lozzi, Jorge de Jesús Morales fue desplazado por la violencia el 27 de abril de 2006 de la vereda El Danubio, ubicada en el municipio de Mapiripán (Meta), junto a otros cinco miembros de su familia. Después de reubicarse en Granada (Meta), la cabeza de la familia Morales se registró como víctima de desplazamiento forzado para recibir la ayuda humanitaria. De acuerdo con la demanda, como el caso de Jorge de Jesús Morales y su familia en Colombia existen otros seis millones de personas en la misma condición y el Estado debe indemnizarlas de igual manera.

En lugar de pedir la reparación de su familia, la petición de Morales acoge a ese grupo de millones de víctimas que se han registrado en el país. “Se busca hacer justicia con las víctimas”, precisó el abogado que lleva este proceso, Marco Tulio Daza, en diálogo con Noticias Caracol en mayo pasado. La demanda, por buscar la reparación de más de 20 personas, se convirtió en una acción de grupo y por eso, explica la Agencia de Defensa Jurídica, requiere otro tipo de camino en los despachos judiciales. Este punto sería el primer error que se habría cometido en lo que va de este proceso, pues, asegura la Agencia, la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca, y no la Primera como se acostumbra en acciones individuales de reparación, ha debido revisar el expediente.

Otro de los probables vicios en la demanda que resulta más evidente, y que explica la Agencia de Defensa en su escrito, es que en la petición de Jorge de Jesús Morales se incluyeron más de cinco millones de personas en un grupo de afectados que, por ningún motivo, se puede entender como víctimas de los mismos hechos. Para decir que son más de cinco millones los desplazados en el país, la defensa de Morales se basa en la cifra que existe en el Registro Único de Víctimas (RUV). Según sus datos, entre 1984 y 2015 se han inscrito un total de 6’103.274 colombianos víctimas de este delito. Pero, dice la Agencia, en ningún momento se presentan datos extras ni fechas que permitan establecer quién fue el actor armado que provocó el desplazamiento ni qué hizo el Estado para prevenirlo.

“Sin embargo, al momento de tasar los perjuicios, el actor solicita indiscriminadamente para todos los posibles desplazados de Colombia la misma indemnización por concepto de daños patrimoniales y extrapatrimoniales, sin tener en cuenta las condiciones particulares que afectan a cada víctima de desplazamiento forzado”, dice el documento, en el que agrega que la petición del demandante se basa en un cálculo errado, pues dice que a los más de seis millones de víctimas se les debe reparar los daños ocasionados desde 1985, fecha en la que se basa el RUV para registrar a los afectados.

Resultaría absurdo, sostiene la Agencia Jurídica, considerar en un mismo grupo de víctimas los hechos que se produjeron por el desplazamiento impuesto por la guerrilla en los años 80, y aquellos causados por los paramilitares durante los 90. “No todos fueron desplazados por las mismas causas y cada circunstancia requiere pruebas distintas que harían inmanejable el proceso en general y el expediente en particular”, añade el documento. Además, para Juanita López y la Agencia, el certificado de pertenecer al Registro de Víctimas no debería ser la única prueba para acceder a un proceso de reparación.

“Quien alega la condición de desplazado y pretende obtener una reparación debe también acreditar suficientemente que el lugar de expulsión era su sitio de residencia, o que allí ejercía su actividad económica habitual”, explica la Agencia de Defensa, para que así se compruebe que el desplazamiento es una consecuencia del conflicto armado interno y no una opción voluntaria de las personas. “La demanda, al no contar con una sola prueba de que el señor Jorge de Jesús Morales o las otras seis millones fueron desplazadas por la guerra, debe terminar su proceso en el Tribunal con la negación de las peticiones”, agregó la entidad.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado califica este escenario como “caótico y kafkiano”. No es para menos. De ser condenada la nación por este monto, el Gobierno tendría que detallar los seis millones de hechos de violencia, determinar los años y los actores que produjeron el desplazamiento, investigar cuál fue la participación del Ejército y la Policía y, de nuevo, tasar una cifra que esté acorde con cada una de las historias de las personas desplazadas. Eso, sin contar con que el dinero presupuestado para reparar a todas las víctimas del conflicto no da abasto.