En defensa del exministro Sabas Pretelt

"Humildemente pregunto si habrá congresista en Colombia o en el mundo que jamás haya tramitado recomendaciones a ministros y directores de institutos", dice el abogado Dionisio Araújo.

Archivo - El EspectadorSabas Pretelt de la Vega.
Sería tonto desconocer su impecable trayectoria pública y su vocación de servicio siempre actuando con el propósito de influir positivamente en el mejor estar de los colombianos. Desde su paso por la presidencia del Seguro Social en donde introdujo reformas que le dieron mayor vida a un instituto que fue groseramente saqueado por años; su permanente lucha desde la Presidencia de Fenalco para la defensa de los intereses del gremio que mayor incidencia tiene en la oferta de empleo en el país; la movilización de empresarios que desde allí logró para que se humanizara y desescalara el conflicto armado, y su insistencia para que el ELN oyera las voces que desde la sociedad civil llevan mas de veinte años implorando el cese de su trasegar criminal; su paso por el Ministerio del Interior y de Justicia que en su momento le valió el reconocimiento público de miembro estrella del gabinete y desde donde logró el mas grande proceso de paz de la historia colombiana: la desarticulación de las autodefensas unidas de Colombia, la monetización de ingentes cantidades de bienes incautados a las mafias para financiar más de diez nuevos centros carcelarios, la aprobación del código de procedimiento penal que sentó las bases del vuelco hacia la oralidad en nuestros procedimientos, etc.
 
Por ello le debo creer cuando dice que no compró el voto de Yidis Medina para que se aprobara en un tercer de ocho debates el proyecto de reelección presidencial en el año 2004, que luego fue abrumadoramente acogido cuando en primera vuelta se eligió a Alvaro Uribe como Presidente en el año 2006. 
 
Si el nuestro es un estado de derecho democrático, fundado en el poder soberano que reside en el Pueblo de Colombia como señala el preámbulo de la Constitución, la magnitud del mandato concedido por el pueblo en elecciones libres y participativas en 2006 debe interpretarse como ratificación inapelable del querer soberano para permitir la reelección presidencial. Tal mandato se opone a la consideración absurda de que fue el sólo el voto de Yidis Medina, pronunciado en una noche agonizante de junio de 2004 la razón del cambio constitucional.
 
La Corte ha dicho en el comunicado de prensa con que se comunicó la condena a Sabas Pretelt del cargo de cohecho por dar u ofrecer, que la entrega de algunos puestos a recomendados de Yidis Medina es prueba del ofrecimiento ilícito en que consistió su delito. Es la razón de la condena y el oprobio el haber dado puestos públicos a recomendados de senadores y representantes.
 
Humildemente pregunto si habrá congresista en Colombia o en el mundo que jamás haya tramitado recomendaciones a ministros y directores de institutos? 
 
Desde cuando Fabio Villegas era escudero del Presidente Gaviria se habla del computador de palacio, aquel desde el cual se administran las cuotas burocráticas con que el gobierno de turno corteja a las huestes parlamentarias, que encuentran en el trámite de los proyectos de ley el mecanismo de presión para acomodar su clientela en los miles de puestos con que el ejecutivo los enmermela.
 
Todos los días de todos los años de todos los gobiernos y desde tiempos inmemoriales ello ha funcionado así. Quien haya transitado por los pasillos del Capitolio (o de los concejos y asambleas) son testigos de que los funcionarios del gobierno son asediados con cientos de hojas de vida, tanto que los Ministros deben andar acompañados de secretarios y escuderos que les ayudan a cargarlas y a recordar quién y para qué se las ha entregado.
 
En ocasiones acompañé a Sabas en sus encuentros con senadores y representantes y magistrados y empresarios y fui testigo de la entrega que le hacían de cientos de recomendaciones. A veces se le entregaban con simpatía y otras como exigencia o velado chantaje. Las reglas de ese intercambio no están escritas pero son por todos bien conocidas en el mundo de la política.
 
Si ello constituye un delito como lo ha señalado la Corte Suprema, debe iniciarse con prontitud una investigación que castigue a todos quienes han tenido y tienen capacidad para nombrar funcionaros en cargos de la administración nacional, departamental y municipal, pues ese intercambio de puestos por el trámite de proyectos es de todos bien sabida.
 
Si tal investigación no se conduce con Sabas se está cometiendo una enorme injusticia y se le está ofreciendo un trato desigual: se condena al fruto pero se deja incólume al árbol.
 
 
*Exdirector de Defensa Judicial de la Nación
 
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