La defensa pública en Colombia está corta de recursos

Existe una brecha considerable entre la normativa que rige la defensa pública en Colombia y su estado real.

 La normativa que rige el sistema de defensa pública en Colombia es, pese a algunos vacíos, satisfactoria. Sin embargo, en la práctica, la situación no es la misma: hay falencias agudas, en especial en lo relativo a recursos y en situaciones que la defensa tiene que ser ejercida sobre poblaciones vulnerables como las indígenas.

Esta es una de las conclusiones extraíbles del libro “Defensa penal efectiva en América Latina”, que analiza la defensa penal en varios países de esta región que desde hace un par de décadas, como factor común, está transitando de sistemas penales inquisitivos a acusatorios, lo que ha generado cambios sustanciales en la justicia, generalmente positivos, según dice el informe.

Las garantías para una defensa eficiente se hacen más relevantes ante el contexto que rodea la justicia en el país: la tasa de criminalidad, potenciada por el conflicto armado y el narcotráfico, es una de las más altas del mundo, ocupó el puesto 150 entre 162 naciones en el Índice de Paz Global; además, el hacinamiento en las cárceles es preocupante: la población carcelaria pasó de 29.000 personas en 1991 a 118.000 en 2014.

En términos generales, la asistencia legal pública es percibida como un servicio de calidad al menos aceptable y los defensores públicos gozan de relativa reputación ante otros participantes del proceso judicial. Con la puesta en marcha del Sistema Acusatorio, se amplió el trabajo y protagonismo de las contrapartes del juicio, fiscal y defensa, ante lo que hubo preocupación real por capacitar a los defensores públicos, que, subraya el estudio, tienen recursos investigativos limitados frente a los que tiene la Fiscalía, a lo que se le suma que el presupuesto del Sistema Nacional de Defensoría Pública es insuficiente para la carga que tiene asignada.

Lo anterior hace que los defensores lleguen débiles a audiencias avanzadas del proceso, cuando tienen que enfrentar, pruebas en mano, a los fiscales; en ocasiones “la defensa termina reducida a tratar de encontrarle defectos a la actuación de la Fiscalía, en vez de desarrollar activamente estrategias defensivas basadas en evidencia”, subraya el análisis.

La labor de los defensores públicos está condicionada por situaciones adversas como condiciones laborales inestables, excesiva carga de trabajo y salarios bajos en comparación con los de fiscales y jueces, según se explica en el capítulo dedicado al caso colombiano, elaborado por Carolina Bernal. Todo esto se complica ante la ausencia de estudios que evalúen las necesidades del servicio defensa penal, situación que dificulta la definición de políticas públicas para mejorar la situación.

En conclusión, el panorama de los sistemas de defensa pública en la región es similar al de Colombia: hay avances positivos en la normativa y en el reconocimiento de derechos que aún no se han afianzado adecuadamente en la práctica. El libro fue presentado este jueves con la participación de Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, organización que participó en su elaboración, y Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo.