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Ejecuciones arbitrarias, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento. Esas son las conductas que siete organizaciones defensoras de derechos humanos le atribuyen a la Fuerza Pública tras 10 días de paro nacional y, por ello, quieren que la ONU documente y, de ser posible, sancione en Colombia. A través de una acción urgente, conocida por El Espectador, el colectivo solicita la pronta visita de relatores internacionales, para que cese la barbarie en plena vía pública y se le ordenen medidas al presidente Iván Duque.
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“Es urgente y necesario que los relatores especiales de la ONU realicen un pronunciamiento conjunto y de acuerdo con sus mandatos, instando al presidente de la República como jefe se suspendan de forma inmediata todas las órdenes de ataque, contención, represión y disuasión de la protesta pacífica que se vienen realizando en el marco del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril”, explicó el colectivo en su acción. Su objetivo es claro: alarmar a la comunidad internacional por la masiva violación de derechos humanos durante las protestas, que surgieron como una movilización contra la fallida reforma tributaria del gobierno Duque.
De acuerdo con la Campaña Defender la Libertad, una de las organizaciones firmantes, en el marco de las protestas se han registrado 326 agresiones. Tienen un conteo de 72 muertes, de las cuales -según las denuncias recibidas- 37 serían responsabilidad del Esmad u otros cuerpos de la Policía. La organización denuncia 27 casos de lesiones oculares y un total de 2.854 detenciones, las cuales solo han sido conocidas por la justicia en un 12,99 %. Es decir, 2.483 manifestantes habrían sido detenidos, trasladados a URI o estaciones de Policía -donde habrían sido maltratados- y luego liberados sin la intervención de un juez de garantías.
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“Los relatores normalmente, frente a las solicitudes y dentro de su competencia, determinan la situación de derechos humanos y hablan con las organizaciones tanto gubernamentales como defensoras. A partir de esa visita emiten recomendaciones a los Estados para prevenir y eliminar la situación denunciada. Se realiza un informe y también llevan a cabo reuniones con los gobiernos, pero depende de la autonomía estatal. Muchas veces son de obligatorio cumplimiento, pero depende del país. Se trata de una presión internacional”, agregó Alejandra Garzón, abogada de dhColombia.
Las siete organizaciones piden a los relatores de la ONU, entre quienes están Morris Tidball-Binz -relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias-, que las investigaciones contra uniformados estén a cargo de la Fiscalía, pues desconfían de la justicia penal militar. Asimismo, piden aplicar protocolos internacionales como el de Minnesota, dado que se trata de una investigación “real” e “integral” que no se estaría implementando por el caos en las principales ciudades del país. Además, solicitan que el presidente Iván Duque haga pública la información sobre muertos, heridos y desaparecidos.
Mapeo de agresiones
Los defensores, en principio, entregaron a los relatores el contexto de las manifestaciones: una reforma tributaria presentada en marzo, la cual fue rechazada por cientos de miles de colombianos -o quizá millones- en las calles, quienes fueron convocadas a paro nacional el pasado 28 de abril. El 1° de mayo, Iván Duque reafirmó su posición, pero tras una nueva jornada anunció que reformaría la propuesta económica. El pasado domingo 2 de abril se anunció el retiro de la reforma y un día después se conoció la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Las movilizaciones continuaron los días 3, 4 y 5, 6 y 7 de mayo, con decenas de muertos y cientos de heridos en las cuentas de ONG.
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En Bogotá, el mismo 28 de abril, los ciudadanos Juan Carlos Robayo y Leidy Natalia Cadena habrían sido víctimas de impacto de arma de fuego por parte de la Policía, el primero en la pierna izquierda y la segunda en el rostro. En redes sociales ha rondado la denuncia pública de Cadena, quien aseguró haber sido atacada a mansalva en cercanías de la Estación Museo Nacional, cuando buscaba esquivar las protestas. Perdió su ojo derecho. Al siguiente día, según información de la Campaña Defender la Libertad, al ciudadano Juan Sebastián Vélez le dispararon dos veces en la pierna. “La familia ha sufrido intimidaciones y seguimientos por parte de policías”, reza el texto.
Luego, los defensores hacen un recuento por presuntos actos de represión y detenciones arbitrarias en distintos puntos de la capital. “El ciudadano Javier Esteban Cañón, a las 10:30 p.m (del 30 de abril) en el Parque Betania en Bosa cerca al Portal Américas lo encerraron motorizados y le pegaron bolillazos, lo subieron a la moto y le iban pegando mientras lo llevaban al CAI, le sacaron todo lo que tenía, le rompieron el celular, le hicieron quitar los zapatos, media y los botaron. Lo pusieron de pie y le caminaban encima de los pies, lo hicieron sentar y estirar las piernas y le caminaron encima”, agregan.
El 30 de abril, Defender la Libertad asegura haber recibido la denuncia de otro ciudadano, quien a las 8:00 p.m., en Rincón de las Villas, habría sido golpeado hasta que le tumbaron los dientes. Le habrían fracturado un hueso de la boca. La presunta víctima denunció que policías le robaron el celular, le quitaron $500.000 y hasta las llaves de la casa. Luego, en los siguientes días, documentaron ataques con piedras, arma de fuego, balas de goma y hasta proyectiles de truflay, el arma con la cual el estudiante Nicolás Neira fue asesinado en mayo de 2005, expediente por el cual hace unos días fue condenado a 17 años al exagente del Esmad Néstor Rodríguez Rúa.
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Cali, en alerta máxima
En Cali, de acuerdo con Defender la Libertad, la situación ha sido una pesadilla. “Se estima que 105 personas fueron heridas por arma de fuego, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y recalzadas utilizadas por agentes del Esmad, Goes y Policía Nacional. Los manifestantes han sido conducidos de manera arbitraria y violenta a estaciones de Policía en diferentes puntos de concentración, quienes han sido golpeados y torturados en el interior de dichas estaciones”, discriminaron en el texto. El pasado 28 de abril recibieron tres denuncias por la muerte de igual número de menores de edad en los barrios Mariano Ramos, Punto Rellena y Siloé.
También registraron la muerte del menor indígena Marcelo Agredo Ichima, quien habría sido impactado con arma de fuego oficial en el barrio Mariano Ramos. Ese día también habría sido asesinado otro niño de 13 años, quien ingresó sin signos vitales al hospital Carlos Holmes Trujillo. El 29 de abril, luego, uniformados le habrían roto dos costillas al defensor de DD. HH. Edwin Segura, en Yumbo. Ese día fueron detenidos 106 manifestantes, quienes fueron trasladados a las estaciones de Policía El Lido, Agua Blanca y Fray Damián. “A muchos de los y las manifestantes les obligaron a desbloquear sus teléfonos celulares y posteriormente fueron formateados para borrar todo tipo de evidencia de las agresiones que recibieron por parte de los agentes de la Policía Nacional”, relataron.
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El 30 de abril quedó registrada la denuncia de Diana Fernanda Díaz, quien aseguró públicamente haber sido violentada sexualmente por un agente del Esmad, a la vista de otros cuatro policías. Asimismo, Éiner Alexánder Chará habría sido asesinado en el barrio Diamante por un arma de fuego por parte del Goes. Era pensionado de la Policía y ni siquiera estaba en la manifestación, de acuerdo con un dato que se tomó del Comité de Solidaridad de Presos Políticos -que no firma esta petición-. La señora Jovita Osorio, por otro lado, murió de un infarto luego de que un proyectil de gas lacrimógeno irrumpiera su casa, en el barrio Paso del Comercio.
Por otro lado, según el documento, desde el pasado 2 de abril no aparece el joven Kevin Andrés Arboleda, quien habría sido agredido por agentes de la Policía dentro de la bodega del Éxito de Calipso. Durante esa tarde murió Nicolás Guerrero, familiar del mismísimo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Guerrero era hijo de uno de los primos del mandatario local y fue impactado en el puente del Comercio, en la vía Cali-Palmira. El pasado tres de mayo, Defender la Libertad registró 200 denuncias por personas lesionadas y la muerte de Kevin Antonio Agudelo, José Emilson Anbuila y Hárold Antonio Rodríguez.
::Conozca aquí una infografía con las denuncias en todo el territorio nacional::
El historial en otras regiones
Sobre Ibagué se alertó a la ONU por la muerte del joven de 19 años Santiago Andrés Murillo, quien fue impactado por un arma de fuego en la carrera 5ª con calle 60, el pasado 1° de mayo. El manifestante fue remitido a la Clínica Nuestra de Ibagué, donde le confirmaron el deceso a la madre, Sandra Milena Meneses, que desde entonces ha sido símbolo de las manifestaciones en la capital tolimense. En Madrid (Cundinamarca), ese 1° de mayo, testigos apuntaron el número 193261 de una tanqueta del Esmad, la cual habría arrollado directamente al joven Brayan Niño, quien, con 24 años, murió.
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En el Cauca, Defender la Libertad denuncia el ataque al periodista Francisco Calderón, quien el pasado 28 de abril habría resultado herido tras el lanzamiento de un explosivo por parte del Esmad. “El ciudadano Juan José Arango Maca fue golpeado, capturado y llevado a la URI sin asistencia médica efectiva, mientras tiene una válvula de Hakim”, agregan las organizaciones, sobre una presunta víctima quien portaba un medicamento para la hidrocefalia. El 29 de abril, cuatro defensores de derechos humanos denunciaron haber sido detenidos y trasladados al coliseo del barrio Obrero en Pasto.
“El día 28 de abril de 2021 el joven Brahiam Gabriel Rojas López se encontraba ejerciendo su derecho a la manifestación pública junto a otro grupo de personas en La Arenera de la Virginia, fueron atacados por agentes del Esmad, luego de ello Brahiam fue desaparecido. El 5 de mayo apareció el cuerpo sin vida en la ribera del río Cauca”, agregaron las organizaciones sobre Risaralda. Y así, con eventos similares en Santander, Boyacá, Valle del Cauca y Antioquia. El texto fue firmado, además, por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo y el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo.
¿Qué responden las instituciones?
Tras instalar una mesa de diálogo nacional ha crecido el rumor de que el presidente Iván Duque considera declarar un Estado de conmoción interior. Si tal fuera el caso, desde Presidencia se les restarían funciones a los alcaldes y se le prohibiría a la población en general moverse libremente, entre otras restricciones. Mientras tanto, Fiscalía y Defensoría del Pueblo hicieron equipo para contabilizar las muertes, desapariciones y heridos durante el paro nacional. Entre ambas instituciones, diferente a lo denunciado por las ONG, llegaron a un consenso de 26 muertes hasta el pasado jueves 6 de mayo.
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“La competencia de la Fiscalía en el caso de los desaparecidos es activar los mecanismos de búsqueda urgente con la finalidad de ubicar a las personas de manera inmediata de los casos reportados por las diferentes entidades”, explicó el fiscal general, Francisco Barbosa. De acuerdo con un informe de la Defensoría, del pasado 4 de mayo, había 87 personas desaparecidas en el marco del paro nacional. Sin embargo, la Sijín de la Policía aseguró que ya fueron ubicadas 47. Agregó la institución que cuatro de los manifestantes registrados por la Defensoría en realidad fueron capturados como presuntos responsables de vandalismo.
Además, la Fiscalía explicó en su reciente balance que 11 de las 26 muertes reconocidas se dieron en el marco de las manifestaciones, siete están en proceso de verificación y seis no tendrían relación alguna con las últimas jornadas. Por otro lado, el fiscal Barbosa reveló que tres miembros de la Policía Nacional serán investigados por el delito de homicidio. El general Jorge Ramírez, inspector de la Policía Nacional, exigió el pasado 5 de mayo que se respete el debido proceso: “Los 11 casos a los que hace referencia la Defensoría obedecen a que en esos lugares donde fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía. Pero eso no quiere decir que la Policía sea responsable de esas muertes”.