:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/FNmQ4HAoy96qdnNyx4YKVK621Ig=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/EVZJ5IUS3VHKXA7U4DBNXEENXQ.jpeg)
Al menos 400.000 habitantes aledaños al rio Atrato, uno de los más importantes para el país, se encuentran en una grave situación por varias causas, entre ellas el vertimiento de químicos producto de la minería ilegal, el mal manejo de residuos sólidos, la deforestación y las actividades que desarrollan grupos armados.
El reporte, entregado por la Defensoría del Pueblo, indica que uno de los temas más difíciles es que la fuente hídrica está contaminada desde su nacimiento, en el municipio de Carmen del Atrato, hasta su desembocadura, por el vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas, así como combustibles y lubricantes. Estos materiales son utilizados en la minería ilegal. (Le podría interesar: Afrocolombianos del Año 2018: primeros nueve nominados)
La entidad a través de su informe también dice que medio Atrato cuenta disposición técnica de residuos sólidos, mientras que en otras partes se hace prácticamente en el rio. Aunque las autoridades aseguran que cuentan con celdas transitorias para su manejo, la Defensoría asegura que son no es más que botaderos a rio abierto. Y asegura que ninguna de esas celdas cumple con las normas técnicas para su operación.
Según la entidad, poblaciones como las del corregimiento de Bocas del Atrato, en el municipio de Turbo, donde desemboca el río, reciben toda la contaminación de los municipios que se encuentran río arriba. A esto se le une la deforestación, que, según el reporte, complica la situación de comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas. El crítico panorama aumenta con la los actores armados ilegales que realizan extracción de minerales, narcotráfico, tala ilegal de bosques, entre otras actividades ilícitas. (Lea también: El plan de acción para descontaminar el río Atrato)
A pesar de que el río Atrato fue reconocido por la Corte Constitucional como sujeto de derechos, en diciembre de 2016, hay omisión de las autoridades municipales para garantizar el derecho al agua. La Defensoría entregó el reporte luego de recorrer durante diez días los municipios de Medio Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Turbo.