Defensoría radicó tutela para garantizar el normal funcionamiento de la Contraloría

El próximo 1 de enero ese organismo de control se quedará sin sede principal en Bogotá.

Este viernes el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, radicó una acción de tutela con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la Contraloría General de la República, que el próximo 1 de enero quedará sin sede donde funcionar.

En su petición el funcionario no pide que se prorrogue el contrato, sino que “se permita una estadía por un término prudencial hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional ubique el sitio o las instalaciones adecuadas para que se pueda trasladas la Contraloría”.

Otálora le solicitó al juez de tutela tener en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y el desarrollo de la misión constitucional de la Contraloría respecto del control en el manejo de las finanzas públicas del Estado, máxime cuando los obstáculos en el ejercicio de las funciones de esa Entidad terminan afectando a la ciudadanía en general, pues traumatizan la administración pública.

Este recurso busca además preservar el derecho al trabajo de los funcionarios y defender el derecho al debido proceso de quienes son investigados por el ente de control fiscal.

Otálora aseguró que a diferencia del fallo del Consejo de Estado que negó la prórroga del contrato, esta tutela busca un término de tiempo prudencial de estadía en la actual sede durante el cual se pagaría el canon de arrendamiento.

El pasado miércoles el contralor Edgardo Maya se refirió a la polémica sede de la Contraloría en el centro comercial Gran Estación, la cual según el funcionario, deberá entregar para evitar posibles sanciones, pues por el caso de la excontralora Sandra Morelli, es una sede que está siendo investigada por la Fiscalía.

Maya aseguró que quedarse en la sede le sería imposible, ya que podría generarle procesos penales consecuencia de la prórroga de un contrato que la Fiscalía está investigando, por lo que solicita un mes y medio para entregar el lugar.

Que nos permitan 30 o 45 días, esto no es un apartamento (…) es una especie de sanción, lo que se convierte en un sobrepeso en el canon de arrendamiento”, explicó el funcionario, agregando que les acarrearía “el tema de cargar con los inmuebles, desmontar las paredes, los escritorios y los equipos que se encuentran instalados en el lugar”.

El contralor habría pedido una prórroga del contrato de arrendamiento para quedarse en la sede, pero los dueños del edificio no se la concedieron por lo que ‘no le quedó más remedio que demandar e irse’.