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hace 9 horas

Dejan en firme la investidura de Gustavo Petro

El alto tribunal no halló pruebas de que el hoy alcalde de Bogotá estuviera inhabilitado para ser elegido senador por cuenta de una condena proferida por un juez militar.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. / Archivo - El Espectador

El Consejo de Estado dejó en firme la investidura del hoy alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al no encontrar pruebas de una supuesta inhabilidad que le habría impedido ser senador y, de contera, le impediría ser alcalde de la capital de la República. La investidura de Petro fue demandada el 7 de octubre de 2011 por el concejal Orlando Parada.

De acuerdo con Parada, el burgomaestre estaba inhabilitado para postularse a cualquier cargo de elección popular por cuenta de una condena que en 1985 le impuso un juzgado de instrucción militar por el delito de porte ilegal de armas. El argumento de Parada era que ningún ciudadano podía ser elegido para cargos de elección popular si había sido condenado por conductas no relacionadas con el delito político.

Mientras Parada aseguraba que el porte ilegal de armas es un delito común, los abogados del burgomaestre señalaron que este delito y la condena contra Petro estaban relacionados con su pertenencia al movimiento guerrillero M-19 y que, por ende, la inhabilidad no se daba. Con una particularidad: la sentencia contra Petro nunca ha sido encontrada, y si acaso se tienen constancias de la existencia del fallo y algunos folios del proceso que fueron revelados por El Espectador y dan cuenta de los pormenores de su captura, realizada el 24 de octubre de 1985 en Zipaquirá (Cundinamarca).

La Sala Plena del Consejo de Estado decidió por unanimidad dejar en firme la investidura del mandatario local y rechazar la demanda de Parada por falta de argumentos. Este fallo le significa un dolor de cabeza menos al alcalde Petro, quien enfrenta un proceso en la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo de Bogotá y, además, un proceso para una posible revocatoria de su mandato.