El alto tribunal no acogió la demanda instaurada por el abogado Rafael Guarín con la que intentaban evitar que los desmovilizados de la guerrilla de las Farc en un eventual acuerdo de paz con el Gobierno Nacional participaran en política.
En el artículo demandado, el 66 de la norma constitucional, se asegura que el Congreso de la República decidirá cuales son los delitos conexos al delito político, exceptuando los delitos de lesa humanidad y el genocidio, ya que quienes hayan cometido este tipo de delitos no podrán participar en política.
La votación en la corte constitucional quedó 6 a 3 a favor de la norma. Según se conoció pese a que la Corte no avaló ninguno de los argumentos del demandante algunos magistrados estuvieron a favor que todos los delitos cometidos en el marco del conflicto deben ser conexos al delito político, sin importar que sean de lesa humanidad o genocidio.
El pasado 30 de julio el abogado Rafael Guarín demandó la norma constitucional aprobada por el Congreso que busca entregar unos límites normativos a un eventual proceso de desmovilización y reinserción de los guerrilleros que se desmovilicen tras los acuerdos logrados entre Gobierno y Guerrilla.
Guarín argumentaba que no se deberían elijan para cargos públicos “exmiembros de grupos terroristas” y solicitó la “obligatoriedad de perseguir judicialmente delitos transnacionales, actos de terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos”.