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Un reciente informe del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia le hace seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, hace dos años, ordenó al Estado colombiano proteger la Amazonia. En el documento de 85 páginas esta organización hace duros reparos al gobierno de Iván Duque porque hay “serios retrasos, desarticulación, arbitrariedades y falta de presupuesto” para cumplir con el principal mandato de ese pronunciamiento del alto tribunal: frenar la deforestación en esta zona con el fin de detener el cambio climático.
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Dejusticia señala que el fallo de la Corte, que nace una tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes de 17 ciudades del país junto a la propia organización, lleva 30 meses desde que fue emitido. Pero que, según su informe, ninguna de las cinco órdenes de la sentencia tiene grandes avances y que, por el contrario, la deforestación va en aumento en el último año. La deforestación en la Amazonia colombiana se redujo entre 2018 y 2019, esta tendencia no se mantuvo en el último año. Entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020, la región pasó de concentrar el 57,75% de la deforestación nacional al 68,39%”, reza el documento.
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Además, agregaron que entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, esta zona fundamental para el planeta pasó de concentrar el 11,39% de la deforestación nacional al 40,75%, lo que representa un 29% de aumento en la representación de la deforestación nacional entre 2019 y 2020. El pormenorizado estudio fue presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el año pasado citó a más de 90 entidades del Gobierno nacional y regional para que rindan cuentas sobre qué han hecho para ponerle el freno a la deforestación en la Amazonia.
“Nuestro seguimiento nos lleva a recomendarle al Tribunal Superior de Bogotá que declare que no existen avances significativos en el cumplimiento de la sentencia y que, en general, las autoridades responsables han incumplido las órdenes de la misma. En esa medida, exhortamos al Gobierno Nacional y demás autoridades encargadas, para que, tras claros retrasos en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia, actualicen sus cronogramas y asignen con claridad un presupuesto a cada actividad”, apuntó Dejusticia.
El seguimiento a las órdenes de la Corte
Uno de los hechos más graves que denuncia Dejusticia es que el Gobierno de Iván Duque no tiene a la fecha un plan de acción para contrarrestar la deforestación en la Amazonia. En abril de 2019, cuando se cumplió un año de la sentencia, la organización encontró que apenas se habían designado a algunas entidades para crear esa hoja de ruta. A su vez, dice el informe, no se estaba garantizando la participación de las comunidades afectadas por la deforestación para construir el plan de acción. A la fecha, diciembre de 2020, el centro de estudios asegura que el escenario no es muy distinto.
“El plan de acción sigue siendo un borrador con pocos avances en la formulación de pilares estratégicos que lo orienten, pero ni siquiera tiene consenso entre distintas entidades del Gobierno con competencia en el tema. Después del informe del 5 de abril de 2019 no se han generado espacios que garanticen la participación diferenciada que exige la orden: accionantes de la tutela, comunidades afectadas y población interesada en general”, dice Dejusticia. Por su parte, el gobierno argumenta que las demoras se deben a la pandemia por el COVID-19.
Otro de los aspectos que analiza la organización es que tanto corporaciones autónomas de la Macarena y la Amazonia, primeras autoridades ambientales a nivel regional, aún no tienen sus planes de acción para frenar la deforestación. Ambas, según Dejusticia presentan un cumplimiento bajo de la orden de la Corte Suprema de Justicia. La única que tuvo un avance sustancial fue la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico: “aunque solo porque esta última entregó un plan de acción dentro del plazo establecido, pero sin haber garantizado espacios de participación para su construcción y sin acreditarse el cumplimiento del objetivo”, menciona el seguimiento.
Un asunto que preocupa a los firmantes del informe (Mauricio Albarracín, subdirector de Dejusticia; Paula Villa, directora de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Julián Salamanca, abogado de la CCJ y Mauricio Madrigal de la Universidad de los Andes) es que las acciones que ha tomado el gobierno para contrarrestar la deforestación “tienen el potencial de afectar derechos humanos de la población campesina intervenida mediante acciones coercitivas y no se tiene certeza sobre su impacto en la mitigación de la deforestación”.