Cartel de la odontología y convenios con la CUN: los nuevos líos de Alejandro Lyons

La Procuraduría le abrió investigación formal al exgobernador de Córdoba por presuntas irregularidades en pagos por servicios odontológicos y lo llamó a juicio disciplinario por un posible "interés indebido" en convenios de ciencia y tecnología.

El exgobernador Alejandro Lyons tendría que regresar a Colombia tras su colaboración con EE. UU.Archivo

La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por presuntas irregularidades en pagos por el servicio de odontología en el departamento. Según el Ministerio Público, la gobernación habría pagado tratamientos odontológicos a entidades con las que no tenía relación contractual. Además, Lyons fue llamado a juicio disciplinario por irregularidades en los convenios que suscribió para el desarrollo de ciencia y tecnología en el departamento. 

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"Cartel de la odontología"

Por lo que ha podido determinar la Procuraduría, la Secretaría de Salud de Córdoba habría aprobado varios pagos  a entidades con las que no tendrían contrato alguno, mediante la figura de "acto administrativo". Los más de $2.000 millones que salieron de la gobernación se justificaron como servicios de odontología especializada “a la población pobre y vulnerable del Departamento de Córdoba” y el dinero habría terminado, así, en manos de la IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S; Mauricio Javier Bermúdez Ramos; la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta y Odontológica I.P.S S.A.S.

Según las pruebas recolectadas por el Ministerio Público, los supuestos tratamientos habrían tenido lugar entre 2014 y 2017 consignados en siete convenios de pago que suman $2.719.730.680,00. Sin embargo, “no se observa la existencia de una relación contractual entre la gobernación de Córdoba con IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S; Mauricio Javier Bermúdez Ramos; la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta y Odontológica I.P.S S.A.S., que soporten los pagos realizados”. 

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Por estos hechos, la Procuraduría también vinculó a la investigación a Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lourdy, exsecretarios de Salud de Córdoba. Además se ordenó practicar una serie de pruebas más con base en las cuales el Ministerio Público decidirá si hay mérito para llamar a juicio disciplinario a los funcionarios.

El dinero de ciencia y tecnología

La Procuraduría también llamó a juicio disciplinario a Lyons Muskus por presuntas irregularidades en convenios que el exgobernador de Córdoba suscribió con universidades para fomentar el desarrollo de ciencia y tecnología en el departamento. Según el Ministerio Público, el exgobernador tendría un "interés indebido" para contratar con determinadas instituciones, acusación que Lyons niega. 

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Los convenios se financiaron con dineros de regalías que le entraron al departamento y se suscribieron la Corporación Unificada Nacional (CUN) y contaron con el visto bueno de Colciencias. Las irregularidades se habrían presentado desde esta aprobación de Colciencias, pues las funcionarias que firmaron que el proyecto contaba con los requisitos de ley, habrían sido las mismas que formularon uno de los documentos para la gobernación. 

La institución universitaria contratada no habría tenido conocimiento, según el Ministerio Público, de la formulación de los proyectos ya que solo participó de la ejecución. Y, además, nunca se justificó, de fondo, por qué la gobernación habría escogido a la CUN a dedo, pues su supuesto "liderazgo y experiencia" en temas de innovación en ciencia y tecnología. 

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Por último, el Ministerio Público encontró que, en el desarrollo de estos convenios, al parecer, se firmaron adiciones a los contratos para adquirir equipos tecnológicos como computadores y teclados. Ahora, la Procuraduría aclara que, "si bien es cierto que el convenio incluye el rubro de adquisición de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las competencias de gestión de información y conocimiento, lo cual podría estar asociado a los elementos configuradores de ciencia y tecnología se incluyen para formación del talento humano", algo que no está incluido en el convenio. 

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Según la Procuraduría: "Existen pruebas de que en la contratación cuestionada aparece un interés indebido no solo en la aprobación de los proyectos, sino en la adjudicación de los convenios, en provecho propio y de terceros, así como el direccionamiento de dicho proceso, conjugándose todos los elementos que requiere el tipo penal de indebida celebración de contratos".