Del despojo al retorno imposible

Hoy, dos de esas comunidades, Las Pavas y El Garzal al sur del Bolívar, siguen sufriendo el atropello de las empresas palmicultoras y de los terratenientes que reclaman esa tierra como suya. A pesar de que en los últimos años los procesos jurídicos les han dado la razón a los campesinos, la realidad está muy lejos de parecer un ejemplo sobresaliente de retorno. Según Claudia Patricia Machuca representante de la comunidad de Las Pavas “allá se está aguantando física hambre”. La gente tiene derecho a la tierra pero no pueden cultivarla, son amenazados y están desprotegidos. 

 

Esta semana llegaron a Bogotá líderes de las Pavas, El Garzal y El Guayabo. Vinieron a clamarle al gobierno. No piden que se les adjudiquen títulos así nomás, necesitan sembrar para comer mientras se resuelven los líos de las tierras, además de que se les proteja de los empresarios y los terratenientes. Los casos de estas tres comunidades tienen en común que son víctimas de una idea de desarrollo que los excluye. Ellos quieren sus parcelas para sembrar comida. Los empresarios para sembrar palma de aceite. 

 

En Las Pavas, la comunidad se ha desplazado y retornado incontables veces. Primero por culpa de los paramilitares, luego de la Policía y ahora de las empresas palmicultoras. En el 2006, las 109 familias que hay allí solicitaron adjudicación de baldíos y la extinción de dominio de tierras adquiridas en los 90 por Jesús Emilio Escobar. El Incoder determinó que efectivamente podrían proceder con el trámite de extinción y adjudicación. Pero eso nunca ocurrió y Escobar vendió libremente sus predios a pesar de tener denuncios por nexos con paramilitares. Hoy estas tierras está en manos de la empresas de aceite de palma Aportes San Isidro.

 

La comunidad de Las Pavas huyó en el 2003 de los paramilitares. En el 2009 regresaron, pero al poco tiempo fueron desalojadas por la Policía que amparó supuestamente el derecho a la propiedad de las empresas palmicultoras. En el 2011 volvieron, esa vez, dicen el hambre los obligó. Un mes después de su invasión, una sentencia de la Corte Constitucional les reconoció el derecho de posesión de la tierra y contrarió la acción policial de desalojo de la que habían sido víctimas en 2009. En el fallo, el alto tribunal también instó al Incoder para que respondiera por el proceso de extinción de dominio que tenía pendiente. No obstante, hoy siguen sin los títulos, el proceso de extinción de dominio está parado, la tierra la tienen llena de palma, no tienen espacio para cultivar y además son constantemente perseguidos y amenazados. Claudica Patricia Machuca dice que nada de lo que ha pasado en los escenarios jurídicos se ha llevado al plano real. Y agrega que no sabe qué va a pasar el día que haya un muerto en Las Pavas, que cómo el Gobierno va a responder, cuando ellos que fueron reconocidos como un caso representativo, recibieron  un premio nacional de paz, tienen una sentencia de la Corte que los favorece y retornaron con acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales siguen enfrentándose a los mismos hechos violentos por los que se han tenido que abandonar su tierra tantas veces. 

 

El escenario del Garzal no es muy diferente, hay 374 familias que tienen condición de ocupantes. Llegaron a la zona como colonos y se ubicaron allí en terrenos baldíos hace más de 50 años. El Garzal es conocido por ser el lugar donde en 1999 el ELN aterrizó el Fokker de Avianca que secuestró cuando iba de Bucaramanga hacia Bogotá. En la zona había dos pistas clandestinas que usaban algunos narcotraficantes, incluido Pablo Escobar, para el desplazamiento de cargamentos de cocaína. Un hombre llamado Manuel Enrique Barreto se instaló en el Garzal en 1983. La comunidad dice que se dedicaba a la exportación de cocaína y que la guerrilla era la que le prestaba seguridad. En 1989 Barreto se fue pero volvió en 1998 como paramilitar –Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar” ha confesado su relación con Barreto en audiencias de Justicia y Paz-. 

 

Los campesinos habían interpuesto una solicitud de titulación de baldíos en 1996, pero el proceso nunca avanzó, hasta que en el 2012 el Incoder retomó el caso y comenzó a hacer la clarificación de los terrenos. En ese proceso el instituto encontró que el 60% del terreno son ciénagas y que el resto sí eran tierras de la nación que podían ser tituladas. Hoy la titulación no se ha hecho porque el Incoder dice que no tiene recursos para hacer las notificaciones de las ciénagas y los humedales a los colindantes. Adicionalmente estos campesinos encontraron con sorpresa que en el 2014 fueron interpuestas ante la Unidad de Tierras solicitudes de restitución por parte de terceras personas ajenas al proceso. Los habitantes del Garzal ahora no solo enfrentan las trabas del proceso que lleva casi 20 años sino también a terceros que valiéndose de la ley de víctimas quieren hacerse a sus tierras. 

 

En el Guayabo pasa algo similar. Allí, 100 familias han sido desalojadas y hasta acusadas de guerrilleras en la pelea por las tierras. El líder de la comunidad, Yesid Payares narra la historia de despojo del que han sido víctimas durante casi tres décadas. “Un señor Octavio López compró parte de las parcelas que habían aquí, sembró arroz, pero el invierno le dañó dos cosechas entonces se fue. En el 86 nosotros nos repartimos toda la tierra, cada familia se quedó con unas 10 hectáreas. Una parte eran baldíos otros eran parcelas donde había estado el señor López. Pero en el año 2002 llegó un señor Rodrigo López Henao, dijo que era hijo de Octavio López. El problema es que llegó con paramilitares y dijo que nosotros éramos guerrilleros. Nos pidieron vacunas, nos cobraban $10.000 por cada cabeza de ganado que teníamos y $20.000 por hectárea de tierra. Además en diciembre nos pedían una liquidación como de $500.000. Ellos se fueron en el 2006 cuando se desmovilizaron los paramilitares. Pero en el 2001 llegó otra vez Rodrigo López con dos procesos reivindicatorios y una querella policial”. 

 

El reclamo de López fue inicialmente sobre una parcela. El desalojo de la familia que vivía allí lo hizo el Esmad. También contrató una empresa de seguridad privada para que cuidara todo el terreno. Según Yesid Payares, los hombres de seguridad no solo cuidan una parte de la finca sino que intimidan a todas las familias del Guayabo. A él por ejemplo le quemaron la casa y lo han amenazado de muerte varias veces. López intentó registrares en la Unidad de Víctimas argumentando que su papá fue desplazado de la guerrilla y ha acusado a los campesinos de la zona de ser los responsables. Si la Unidad de Víctimas admite esa tesis, los habitantes del Guayabo serán otras víctimas de la ley de víctimas. El problema es que mientras se resuelve su situación, están siendo cercados e intimidados por los hombres de López.

 

Los representantes de estas tres comunidades, Claudia Machuca, Salvador Alcántara y Yesid Payares coinciden en que respetan los procesos jurídicos que hay en curso, pero solicitan que mientras se dan decisiones de fondo con respecto a la propiedad de la tierra se garanticen sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y el uso de la tierra. Además piden protección, dicen que se cansaron de vivir en la misma zozobra de hace 20 años, aun cuando supuestamente ya existen leyes que propenden por la paz territorial.