Demandan a cuatro empresas por usar asbesto

Víctimas de cáncer de pulmón emprenden una lucha jurídica para exigir que Colombia prohiba el material cancerígeno, que ya han vetado 54 países. Empresarios se defienden.

Ana (izq) y Adriana Bravo, hijas del exempleado de Eternit Julio Bravo, junto a Nelly Daza, viuda de William Bravo. Esta familia vivió 10 años en la fábrica de tejas. / Pamela Aristizábal

Cada vez que se revive el debate en Colombia frente a los efectos nocivos del asbesto, cada vez que aparece un ciudadano diciendo que desarrolló cáncer de pulmón por haber estado expuesto a fibras de este material, el argumento de los empresarios que lo fabrican y comercializan en Colombia se repite: “No existen estudios científicos realizados en el país que revelen una relación directa entre los enfermos y el asbesto. Las autoridades de salud no han encontrado un solo caso de alguien que se haya enfermado de cáncer después de haber estado expuesta a esta fibra. El manejo que se le da en Colombia al crisotilo (tipo de asbesto que se utiliza en el país) está controlado por sistemas de calidad”.

Las frases pertenecen a Jorge Hernán Estrada, presidente de Ascolfibras (gremio de los fabricantes de fibrocemento). Estrada fue consultado por El Espectador hace menos de un mes, cuando se anunció que Eternit Colombiana S.A., constructor de tejas y paredes, sería demandada por la familia de un exoperario que murió de cáncer, al parecer por haberse expuesto al crisotilo, catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial para la Salud y prohibido en 54 países.

Pero lo que comenzó con esa primera demanda a Eternit se ha convertido en una acción de grupo con la que 17 personas, que se declaran víctimas directas o indirectas del asbesto, acaban de demandar a tres compañías más (Incolbest S.A., Toptec S.A. y Manufacturas de Cemento S.A.) por haber utilizado un material que, según ellos, los enfermó o provocó la muerte de algunos de sus familiares.

Entre los demandantes se encuentra la familia de Julio Horacio Bravo, quien trabajó como jefe de personal de Eternit en la década del 70 y murió en 2012, a los 75 años, de cáncer de pulmón.

Durante más de 10 años la familia Bravo convivió con 20 familias en un condominio que se construyó dentro de las instalaciones de Eternit en Sibaté, exponiendo durante ese tiempo a todos sus miembros a los residuos de asbesto que dejaban los procesos de producción.

“De chiquitos, mis hermanos se la pasaban jugando con las tejas que sobraban y los tubos grandes de asbesto que dejaban cerca de las casas. Uno podía entrar a la fabrica y ver a los papás trabajando, y luego los veía llegando con sus overoles para que sus mujeres los lavaran. Primero murió mi papá de cáncer. Luego, el 8 de junio de 2003, murió mi hermano Jaime por mesotelioma, y diez años después, el 4 de octubre de 2013, se murió William, mi otro hermano, de lo mismo”, dice Ana Gabriela Bravo.

Guillermo Cáez, abogado que representa a las víctimas, dice contar con todos los argumentos probatorios para revelar cómo la exposición de estas familias al asbesto provocó que varios exempleados —la mayoría de la planta de Eternit en (Sibaté Cundinamarca)— desarrollaran distintas afecciones pulmonares, como asbestosis, mesoteliomas pulmonares y cáncer.

La demanda también está dirigida al Congreso de la República pues, según Cáez, los congresistas han hecho caso omiso a los tratados internacionales firmados por Colombia donde se compromete a reemplazar el asbesto por otras fibras.

“La acción de grupo permitirá que otras personas que se declaren víctimas se sumen a la demanda que fue presentada el 29 de enero ante un juzgado administrativo de Bogotá. Sabemos que sólo en Sibaté, existen al menos 50 afectados identificados”, dice el abogado.

Frente a la primera demanda a Eternit, el presidente de Ascolfibras le dijo a El Espectador que las empresas que emplean el material estarán dispuestas a entregar toda la información que las autoridades requieran, “para que este debate se realice sobre argumentos técnicos y no sobre especulaciones”.

 

 

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