Demandan Nuevo Código de Policía por afectación a los vendedores informales

En la acción se manifiesta que se vulnera el derecho al debido trabajo, al mínimo vital y al debido proceso.

Ante la Corte Constitucional se radicó una demanda en contra del artículo 140 de la ley 1801 de 2016 por medio de la cual se expidió el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. En la acción judicial se manifiesta que la normatividad da unas herramientas para atacar la integridad de los vendedores ambulantes en todo el país.

El representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla aseguró que es una “declaración de guerra a todos los vendedores informales del país” puesto que los policías podrán decomisar y destruir los bienes de los vendedores. Además podrán imponer multas superiores a los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

“Se les está condenando a la miseria. En un Estado que no es capaz de garantizar el pleno empleo a los colombianos y que no tiene subsidios para asegurar el mínimo vital de las personas que no pueden ingresar al mercado laboral, la única opción que tienen los vendedores es salir a las calles a buscar su sustento”, indicó el Representante.

En la demanda radicada este lunes en la Secretaría del alto tribunal se manifiesta que el artículo referente al espacio público viola, entre otros, los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso. Se desconocen además las obligaciones del Estado para propiciar la ubicación laboral de estas personas.

En su concepto se están vulnerando los fines del Estado Social de Derecho al no tener en cuenta la realidad económica y social de los vendedores informales. “Automáticamente convierte a los vendedores informales en contraventores del Código de Policía y genera una inmediata confrontación con las autoridades administrativas”.

En la tutela se señala que en el debate en el Congreso de la República se eliminó el parágrafo que buscaba garantizar el debido y los derechos de los vendedores, creando así una represión por parte de las autoridades en su contra.

“Si bien imponía sanciones, también establecía que el Ministerio de Trabajo tenía que emitir una reglamentación para garantizar los derechos de los vendedores. El senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, representando los intereses del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hizo que fuera borrado, por eso hoy tenemos un Código de Policía represivo y que condena al hambre”, indicó.