Demandarán Código de Policía para evitar abusos y defender la protesta social

En la acción judicial se manifiesta que se violan los derechos a la manifestación pública y pacífica consagrados en la Constitución Política.

Un grupo de congresistas y abogados presentarán este jueves una demanda en contra de varios artículos de la ley 1801 de 2016 por medio de la cual se conformó el Nuevo Código de Policía. En la acción judicial se la ley pone límites al derecho a la protesta consagrado en los artículos 29 y 37 de la Constitución Política de Colombia.

Para los demandantes el Código va en contravía de los derechos manifestación pública y pacífica y el principio de legalidad que establece la carta política y protegidos además por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su concepto se limita la participación ciudadana en estos actos.

Uno de los argumentos plantean los demandantes es que están en contra del argumento de que la alteración de la convivencia sea motivo para que las autoridades disuelvan las protestas, el argumento es que “la alteración de la convivencia” no está definido en ningún código o ley, por lo cual la policía tendría a juicio personal la posibilidad de intervenir por la fuerza las protestas lo que podría generar abusos.

Igualmente consideran que se le otorgan facultades a la Policía para trasladar o conducir a los ciudadanos afectando su libertad personal. En este sentido consideran que representa una violación directa a los derechos fundamentales de los ciudadanos que participen o hagan parte de movimientos sociales.

Además, critican que, por el contrario, el Código de Policía que fue aprobado por el Congreso no contempla ningún tipo de sanción contra funcionarios que hagan señalamientos contra protestantes sin fundamento. Situación que, aseguran en la demanda, se da habitualmente en las manifestaciones, generan capturas y finalmente no tienen un soporte más allá de la estigmatización.

También demandaron la posibilidad de trasladar a los ciudadanos como “medida de protección” para quien deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando estén involucrados en una riña o presente comportamientos agresivos o cuando se presenten comportamientos agresivos contra la autoridad.

Los argumentos para pedir que la Corte anule estos artículos son que se detiene a la persona sin que se haya cometido ningún tipo de delito y que la decisión de trasladarlo o no depende del agente de policía, abriendo nuevamente espacio para abusos de autoridad.

De igual forma sucede con la autorización para trasladar niños, niñas y adolescentes a centros de detención. La primera crítica es que pretenden detenerlos sin que haya un proceso jurídico previo. Además, en lugar de ser una medida que beneficie los menores, se puede prestar para abusos. Es decir, el niño, que bien podría ser una víctima, puede presentarse como contraventor.
 

La acción será presentada por los senadores del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda, Alexander López y Víctor Correa, así como la representante a la Cámara por Bogotá, Ángel María Robledo (Partido Verde).

Así como la Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa de Estados Unidos.

Temas relacionados