Demandas le cuestan a la Nación $1 billón al año

Adriana Guillén señala que el monto de las demandas es de $190 billones pese a que este se ha reducido en un 90%

Adriana Guillén, directora de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado. / Archivo

A casi un mes de que Colombia presente su defensa dentro del proceso que se lleva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el holocausto del Palacio de Justicia, la directora de la Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, habló con El Espectador sobre la forma en que esa entidad enfrentará este y otros procesos.

¿Cuál ha sido el desempeño de la Agencia de Defensa del Estado?
Creo que ha sido importante, porque se empezó con un volumen de pretensiones del orden de $1.215 billones. Hoy en día podemos decir que gracias a un trabajo de depuración de información estamos en $190 billones. Estamos hablando de aproximadamente 266 mil demandas.

¿Cuáles son las principales razones por las que demandan al Estado?
La mayoría de demandas son por prestaciones sociales. Es el incumplimiento del Estado con el pago de pensiones y seguridad social. También, los contratos de prestación de servicios por los cuales se vincula a las personas al Estado. Si bien es el número más recurrente de demandas, por cuantía no es lo más importante. Por cantidad puede estar por el orden de $10 billones.

Es muy alto el número de demandas por privación injusta de la libertad...
Consideramos que hoy en día esas demandas pueden ser de cerca de $19 billones. Son demandas que tienen que afrontar la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia.

¿Qué volumen de demandas se manejan contra la Fuerza Pública?
Entre las entidades más demandadas está el Ministerio de Defensa, por causas como el uso indebido de armas de fuego o de vehículos por parte de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa tiene una política de conciliación muy alta. Sin embargo, la Agencia está trabajando en una política con el Ministerio para reducir o prevenir el daño antijurídico.

¿Qué novedades hay respecto al tema del Palacio de Justicia?
Nos asesoramos con un comité de expertos, buscando que cada uno ellos revisara el expediente internacional, los procesos penales que cursan en Colombia y los procesos contenciosos que se fallaron para indemnizar a las víctimas. Se trabajó de una manera muy juiciosa y ya los expertos emitieron su concepto, que llevamos hace 20 días al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, que lo adoptó como estrategia de defensa. La estrategia se dará a conocer el 11 y 12 de noviembre en Brasilia. La novedad en este caso es el cambio de agente, que será el doctor Julio Sampedro, quien se está encargando de compilar el material probatorio que se llevará a Brasil.

¿Cómo está el Estado respecto a demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ?
En este momento ante la Comisión tenemos 300 procesos en curso, 174 de ellos están en estudio de la Comisión y 50 ya están en estudio de fondo. La política de la agencia es evitar que estos casos se lleven ante la Corte Interamericana. Estamos empeñados en soluciones amistosas, sobre todo cuando somos conscientes de que el Estado incurrió en alguna violación a derechos humanos.

¿Cómo va el tema de la Unión Patriótica en la Comisión?
Nosotros no queremos hacer algo que sea político. Sí tenemos muy claro que debemos separar lo que pasa en La Habana y nuestros arreglos con la Unión Patriótica. La principal dificultad está en la definición de las víctimas, porque a lo largo de estos años han aparecido muchas. El Estado quiere ser claro en que la persona que reclame tenga la condición de víctima.

¿Cuáles son los 25 procesos más costosos y qué estrategias se están usando para resolverlos?
De los 25 procesos más costosos, hay uno en el que ya estamos actuando con estrategias claras y tiene que ver con la captación ilegal de recursos del público, el fenómeno que se presentó a raíz de estas captadoras, como DMG. Este proceso es importante porque son alrededor de 800 acciones de grupo y esta andanada judicial puede costarle al Estado $44 billones. Queremos centralizar todo en un solo juez para no tener varias decisiones. Estamos logrando que al recibir la primera acción de grupo demostramos que las víctimas tienen que ser conscientes de a quién le entregaron sus recursos.

¿Y los otros casos?
Otro proceso grande tiene que ver con el rompimiento del Canal del Dique. Este puede llegar a costar $60 billones. Ya tenemos una estrategia. También trabajamos en el tema del Upac con el Banco de la República, que podría costar $400 billones, porque algunas personas consideran que se les dejó de pagar un porcentaje de indemnización. Eso gracias al concepto de un perito que tiene una tarjeta de presentación extraña porque dice que es gallero de profesión y comunista de afición.

¿La directriz es fortalecer la conciliación antes que la judicialización?
Para la Agencia, lo más importante en este momento es la prevención del daño antijurídico. Es conocer las causas por las que más nos demandan y atacarlas de raíz. Si nos demandan por prestaciones sociales, el Estado tiene que cumplir la ley adecuadamente. En este caso estamos, por ejemplo, ayudando a Colpensiones a cumplir con el plazo que le dio la Corte Constitucional para solucionar el problema pensional. La conciliación debe ir acompañada de política pública.

¿Cuánto le cuesta al año al Estado pagar condenas?
Este año le puede costar al Estado $1 billón tal como vamos. Esos pagos fueron los que llevaron a considerar la creación de la Agencia. Nosotros no vamos a empezar a mostrar resultados importantes frente al contingente por lo menos hasta dentro de tres o cuatro años, cuando ya se vea el impacto de las políticas que estamos creando.

Cuando hay un caso de un uniformado que cometió un crimen, ¿en qué momento el Estado decide respaldarlo?
Por lo general el Ministerio de Defensa no deja solos a sus funcionarios. Normalmente los defiende. Cuando hay culpa de la víctima, la defensa del Estado tiene que variar o, por ejemplo, cuando a un procesado se le dio toda la instrucción del manejo de armas y entrenamiento, y de pronto el señor salió con un arma de dotación y la usó inadecuadamente, la culpa es suya y no del Estado. En ese caso la Nación se tiene que defender acusándolo.

 

 

 

 

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