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Por medio de una queja disciplinaria ante el Consejo de Estado fue denunciado el exprocurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, por presuntamente incurrir en un conflicto de interés. Según el denunciante, Edgar Ricardo Díaz Acero, el entonces procurador se habría beneficiado al modificar el reglamento de protección y seguridad personal para los servidores y exservidores de la Procuraduría y sus familias.
En el documento enviado al alto tribunal se explica cómo en abril de 2009 Ordóñez Maldonado estableció, mediante la resolución 109, un nuevo reglamento de protección y seguridad personal para funcionarios vigentes y antiguos del Ministerio Público y de sus familiares. Asimismo, en agosto de 2013, fue adicionada otra resolución, la número 327, en el cual se estableció beneficios de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General.
Para Díaz Acero, el denunciante, existió un interés particular por parte del exprocurador, consistente en conservar para su familia y para él mismo los privilegios de seguridad de los que gozaban cuando Ordóñez era procurador. Gracias a esa resolución, Ordóñez, su esposa y sus tres hijas pasaron de contar con 14 vehículos y 73 escoltas al nada despreciable número de 9 carros y 19 escoltas. El esquema, en su mayoría, lo provee la Procuraduría.
El esquema, según la resolución, podía ser mantenido hasta cuatro años después de que el procurador -es decir, Ordóñez, hubiera salido del cargo siempre y cuando se considerara necesario. El pasado 31 de octubre fue entrevistado en la W Radio el presidente del sindicato de la Procuraduría, William Millán, quien afirmó que el estudio de riesgo de seguridad del procurador Ordoñez no presentaba garantías, puesto que lo realizaba el Coronel Cruz ,un subalterno de Ordoñez.
De igual forma, Millán afirmó durante dicha entrevista que un vehículo asignado a una de las hijas del entonces procurador lo usaban para transportar a su esposo y para traer costuras y vestidos. “Cuando la señora estuvo en embarazo también lo usó para diligencias, emergencias, cuando para eso hay ambulancias. No nos parece que ese debe ser el uso de un vehículo de seguridad, de un bien público”, puntualizó Millán ante los micrófonos de la dicha emisora.
El denunciante ante el Consejo de Estado también afirmó que Ordóñez se benefició económicamente debido a que los vehículos, su mantenimiento, el combustible, la escolta, los viáticos y todo los gastos adicionales que conlleva un esquema de seguridad, “configuran por sí mismos una cuantificación monetaria costosísima. Es decir, que de la expedición de la resolución 327 de 2013 se originó un beneficio de carácter real para el servidor público y para sus familiares”.
Es evidente, reseña la queja disciplinaria, que con la expedición de la resolución 327 de 2013, el procurador de entonces observó de manera evidente que al terminar su periodo él y su familia se beneficiarían en el tiempo de forma particular con los esquemas de seguridad que implican altos gastos para el erario.
Las soluciones que plantea el denunciante es que Ordóñez Maldonado hubiese nombrado un procurador “ad hoc” o encargar al viceprocurador en todos los casos de impedimento. “Es claro que esta falta disciplinaria se hubiera podido evitar con el solo hecho de haberse declarado impedido. El exprocurador no demostró porque su familia en su momento requerirían de una protección descomunal como si fueran altas funcionarias del Estado”.