Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la Red de Veedurías Ciudadanas radicó una denuncia en contra del fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet y los magistrados de la Corte Constitucional, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y Gloria Stella Ortiz. La base de la acción judicial tiene como base las declaraciones entregadas el pasado viernes por el expresidente del alto tribunal, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub a La W Radio.
En la denuncia, se le pide a la célula legislativa establecer si el jefe del ente investigador y los cuatro togados incurrieron en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricato, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Esto al considerar que se debe determinar la veracidad de las declaraciones de Pretelt Cjahub que indican la presión para el nombramiento de funcionarios y la influencia de “cuotas políticas” incluso para el nombramiento de Gloria Stella Ortiz como magistrada.
Así como las presiones que habría ejercido el Fiscal General en diferentes visitas al apartamento del magistrado Pretelt frente a varios puntos de su ponencia en la demanda presentada contra el marco jurídico para la paz “con lo que deja entrever que el mismo ejerció una presión e intromisión indebida e ilegítima para la aprobación constitucional, o constiucionalización jurisdiccional de la ley referente al marco jurídico para la paz en función de lograr la incondicional aprobación de la misma, en los términos impuestos por aquel, y conforme a su visión, punto de vista ideológico, y posición frente al conflicto armado interno, y en el marco constitucional y legal para la terminación del conflicto armado interno”.
Además se manifestó que las declaraciones del magistrado revisten una gravedad debido a que no existían razón alguna para que el Fiscal General le hiciera mención a los temas de la ponencia, entre los cuales se encontraban permitir penas alternativas a los guerrilleros que se acogieran a los beneficios de dicho marco. En las reuniones, según Pretelt, el Fiscal General le había manifestado su interés para que no pagaran un solo día de prisión.
“Con dicha conducta se habría pretendido quebrantar la autonomía, la independencia y la imparcialidad propias de la justicia y jurisdicción constitucional, al tiempo que romper la separación de los poderes, competencias y funciones propias de cada espacio institucional”, precisa uno de los apartes de la denuncia en la que se citan varias de las frases del togado en la entrevista. La Red de Veedurías señaló la necesidad de establecer la veracidad de las acusaciones hechas por el magistrado en contra del jefe del ente acusador.
Igualmente se manifiesta que los cuatro magistrados denunciados tienen en diferentes cargos judiciales a familiares, lo cual se habría logrado gracias a su posición en la sociedad e influencias política. En este punto cita que un hermano del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo fue nombrado como magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.
Mientras que el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva tiene una hermana trabajando en la Fiscalía General, su esposa es funcionaria de la Procuraduría General y tiene una hija laborando en la Contraloría General de la República. Sobre el magistrado Jorge Iván Palacio se indica que un hermano fue vinculado a la Fiscalía de Antioquia. “Ninguna de estas cuotas ha sido desmentidas por los magistrados”.
En la denuncia se asegura que el mismo Pretelt fue el gestor del nombramiento de Gilma Rubiela Londoño como fiscal seccional de Córdoba. La misma que hace unas semanas fue declarada insubsistente por directriz del Fiscal General al considerar que había incurrido en irregularidades en el nombramiento de funcionarios por presiones del expresidente de la Corte Constitucional.
Finalmente se denunció al secretario general de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Juan Pablo Duque Escobar al considerar que es amigo del Fiscal General y existe una cercanía profesional y política, hecho por el cual pide que se aleje del conocimiento de todo el trámite de esta acción judicial.