En la madrugada de este miércoles, seis personas que no han sido identificadas sujetos desconocidos atacaron con bombas incendiarias la sede del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) ubicada en el barrio San Nicolás en el centro de Cali, Valle del Cauca.
Según las primeras informaciones, en el hecho resultó afectada la edificación, “la fachada quedó ahumada y la tubería del agua se reventó, lo que contribuyó a controlar el incendio”. Basándose en la declaración del vigilante de la sede se busca recaudar la información que permita identificar a los atacantes.
“Los autores de estos hechos fueron cuatro (4) individuos, dos de los cuales se desplazaban en una motocicleta y otros dos (2) a pie, quienes posteriormente abordaron un taxi en el cual abandonaron el lugar”, precisa uno de los apartes de cinco páginas que fue presentada a las autoridades judiciales.
En la acción se indica que este hecho se presenta cinco días después de que la jueza 29 penal municipal de Bogotá le ordenara al presidente de la República, Juan Manuel Santos y el vicepresidente, Angelino Garzón realizar dos actos de perdón público a los integrantes de los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintratelefonos después de que fueran acusados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de tener nexos con grupos guerrilleros y haber firmado un pacto de “cofradía al terrorismo”.
En la denuncia se indica que esto hace parte de una campaña emprendida desde 2004 en contra de la organización sindical, citando despidos injustificados, persecución por parte de los organismos del Estado, atentados en contra de la vida e integridad personal de los dirigentes en el desarrollo de la denominada “Operación Dragón”. Por estos hechos es investigado un coronel en retiro.
“Entre el 19 y 27 de julio de 2007, Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, adelantaron una campaña pública nacional e internacional tendiente a presentar a los integrantes de SINTRAEMCALI, SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS, como testaferros del terrorismo y aliados de la subversión. Para tal fin adelantaron ruedas de prensa, publicaron columnas en diversos medios de comunicación y adelantaron actos públicos de agravio en el país y en el exterior”, precisa la denuncia.
A los pocos días los dirigentes recibieron una serie de comunicados firmados por el grupo paramilitar autodenominado “Las Águilas Negras” en los cuales fueron declarados como objetivo militar y les dieron un plazo de 30 días para abandonar el país. Esto generó la apertura de un proceso penal en contra de Francisco Santos y José Obdulio Gaviria, quienes presentaron retractación pública y pidieron perdón por las declaraciones hechas al aire y por la columna de opinión que generó todos estos señalamientos.
Para las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos que firman la denuncia, este último hecho genera preocupación y ponen en manifiesto el riesgo que sufren los sindicalistas en Colombia. Por esto le pidieron al Gobierno que adopte medidas urgentes y extraordinarias “para proteger la vida e integridad personal los integrantes de dicha organización sindical, sus directivos y los abogados que han llevado la representación judicial en estos casos, las que fueran en el pasado suspendidas en el contexto de persecución y ataque”.
Además que se “inicien las investigaciones que permitan individualizar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos, haciéndoles comparecer ante la Justicia para que respondan por sus actos”.