Denuncian cartel de los uniformes en el Ejército

Al parecer, habría oficiales involucrados en el tráfico de prendas y telas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, que se elaboran en el Batallón 1 Las Juanas, en Bogotá.

En el Batallón Las Juanas se fabrican anualmente 475.000 uniformes para el Ejército, 16.000 para la Armada y 4.000 para la Fuerza Aérea. / Foto: Archivo

El portal web de la revista Semana publicó un informe en el que denuncia la existencia de un supuesto Cartel de uniformes de las Fuerzas Militares, que estaría vendiendo de manera ilegal prendas, telas y accesorios de uso privativo de las fuerzas militares del Estado.

Según la información difundida por Semana, las pesquisas sobre posibles movimiento irregulares en el Batallón Las Juanas, ubicado en Puente Aranda, en la capital del país, se iniciaron por una denuncia anónima de una fuente humana. Los primeros indicios mostraron una supuesta relación de un sargento retirado con el tráfico del material.

Las primeras indagaciones mostraron que los supuestos integrantes del cartel usaron un camión militar para extraer las telas del Batallón, y las llevaban a un local en el barrio Centenarios, de Bogotá, en donde se almacenaban los rollos de telas y los sobrantes. Ese taller, que los investigadores descubrieron el 13 de agosto pasado, pertenecía al sargento retirado.

En el operativo capturaron al militar y a otras tres personas, reveló Semana.com. Los policías a cargo de la investigación descubrieron que el hombre ya tenía antecedentes penales por este mismo delito. “El negocio es tan lucrativo que se le señala de ingresar a unidades militares para persuadir a soldados con el propósito de que les vendan los uniformes nuevos y luego revenderlos en el mercado negro”, señaló la revista en su edición web.

Así sacaban las telas

Las investigaciones policiales han permitido establecer el posible modus operandi de la banda para extraer las telas del Batallón Las Juanas, en donde trabajan cerca 1.000 operarios entre civiles y militares. La tarea no sería nada sencilla, pues el control que tienen las Fuerzas Militares sobre las telas es estricto.

Coltejer, su proveedor, debe remarcar las telas con número de serie al entregarlas. Por otra parte, los uniformes viejos son incinerados y los sobrantes de tela son entregados a una empresa para ser pulverizados. Sería en este punto en el que los implicados cometerían el delito. En lugar de registrar la verdadera cantidad de tela sobrante en los libros, escribirían una cantidad menor y el resto lo sacarían ilegalmente del Batallón.

Según Semana, las pesquisas aún no han logrado establecer con claridad a quiénes estarían vendiendo las telas y prendas, pero hay varias hipótesis. Una de ellas indica que podrían venderse militares que por diversos motivos están “descuadrados” en su dotación.

Otra, basada en los lugares a donde se enviaban telas (Meta, Guaviare y Guainía) apunta a que los vendían a grupos al margen de la ley, como las Farc. Pero la verdad sobre cómo y quién sacaba las telas, y quién las recibía, solo podrá establecerse en una segunda fase de la investigación que adelantan la Fiscalía y la Policía. 

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