Denuncian desplazamiento de 2.192 personas en Córdoba, Antioquia y Bajo Cauca

La Defensoría del Pueblo explicó que las causas han sido los combates de los grupos denominados pos-desmovilización, el fortalecimiento del Eln y la presencia de una disidencia del frente 36 de las Farc.

Redacción Judicial
21 de marzo de 2018 - 05:08 p. m.
La Defensoría también encontró dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. / Tomada de www.javeriana.edu.co
La Defensoría también encontró dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. / Tomada de www.javeriana.edu.co

La Defensoría del Pueblo alertó, este miércoles, la situación en la que se encuentran 2.192 habitantes de los municipios de San José de Uré, sur de Córdoba; Ituango, en el norte de Antioquia; y Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia, en el Bajo Cauca, por los enfrentamientos de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios. (Le podría interesar: Colombia, el país con más desplazados en el mundo)

La causa, explicó la defensoría, han sido los combates que libran los grupos denominados pos-desmovilización de las autodefensas en dichos municipios, el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (Eln) especialmente en Cáceres y Tarazá, y la presencia de una disidencia del frente 36 de las Farc en Ituango que ha librado enfrentamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En medio de esta situación, las regionales de Antioquia y Córdoba, las defensorías delegadas para los derechos de la población desplazada y el sistema de alertas tempranas reportaron diez desplazamientos masivos, el incremento de índices de homicidios y la restricción de la movilidad de los habitantes, campesinos e indígenas, que se encuentran “en situación de confinamiento”. La Defensoría también reportó intimidaciones con la aparición de panfletos amenazantes. (Lea también: Amnistía Internacional exige al Gobierno compromiso frente al desplazamiento forzado)

 “Lo anterior ha configurado un contexto de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la dignidad humana de las comunidades campesinas, indígenas y la población urbana”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.

En las verificaciones realizadas entidad se ha hecho evidente que, ante la magnitud de la emergencia humanitaria, se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los derechos humanos y las garantías para el retorno a las zonas.

Para la Defensoría del Pueblo es importante que “se refuerce la intervención del Gobierno Nacional en apoyo a los entes territoriales, de manera que se garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital para la población desplazada forzadamente y confinada, así como acciones efectivas de prevención al desplazamiento forzado y de protección de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal”. (Le sugerimos: Desplazamiento forzado en otro municipio de Antioquia)

Por Redacción Judicial

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