Denuncian presunto cartel de principios de oportunidad en la Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que investigue cómo fue que en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) se formularon estos principios cuando Camilo Bula fue acusado e investigado por su participación en el desvió de dinero dentro de la dirección.

Bula tendrá que pagar una pena de 18 años de cárcel. Gustavo Torrijos

Este miércoles 8 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en el caso de Camilo Bula, quien como encargado de administrar bienes de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) cometió varios actos de corrupción y, al final, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía. La decisión fue no admitir el recurso de casación que tanto su defensa como la propia Fiscalía presentaron, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá determinara que Bula no podía recibir una pena de ocho años de prisión –como estableció el juez de primera instancia del caso- sino que debía afrontar, al menos, 18 años privado de la libertad. (En contexto: La última carta de Camilo Bula)

La determinación de la Corte, de la cual fue magistrada ponente Patricia Salazar, llama la atención por dos razones. La primera, porque de esta manera sepulta cualquier posibilidad de que Bula reciba beneficios reales por haberle ayudado a la Fiscalía a desentrañar la corrupción que se apoderó de la DNE bajo la dirección de Carlos Albornoz y Ómar Figueroa. La segunda, porque de manera muy resumida hace una acusación gravísima que, además, le habla directamente a la administración de Eduardo Montealegre: que allí se formó “un cartel de principios de oportunidad”. (Le puede interesar: ‘‘Lo que quieren es callarme, pero voy a hablar’’: Camilo Bula)

De acuerdo con la sentencia del alto tribunal, al despacho de la magistrada Salazar llegó una comunicación, mientras estudió el caso de Camilo Bula, en la que se denunció que el supuesto cartel está “integrado por funcionarios que han aplicado tal figura (el principio de oportunidad) a cambio de gruesas sumas de dinero, sin exigencias de reparación y devolución de bines como condición para renunciar a la percusión penal”. Tanto la denuncia como la demanda de casación del exfuncionario ya fue remitida por la Corte Suprema a la Fiscalía para que investigue el caso.

Esta denuncia, aunque es la primera vez que llega hasta el alto tribunal, no es nueva para quienes han investigado lo que pasó dentro de la DNE en manos de Bula, Albornoz y Figueroa. En abril de 2015, cuando el ente investigador presentó el principio de oportunidad de Figueroa, el juez del caso lo rechazó pues, dijo, no se cumplieron los requisitos legales. Los abogados de las víctimas y varios juristas denunciaron en su momento que esas figuras jurídicas que estaba aplicando la administración, tanto de Montealegre como posteriormente la de Jorge Perdomo, se estaban aplicando de manera errónea y sin tener en cuenta las obligaciones de la ley.  (Lea también: Camilo Bula, ¿la pieza clave?)

Otro de los principios que fueron cuestionados, y además anulado por la propia Fiscalía en noviembre del año pasado, es el que recibió Adolfo Castillo, gerente de la empresa Casamotor y unos de los depositarios de bienes incautados por la DNE. Las víctimas de este proceso denunciaron, en septiembre de 2016 cuando se avaló el principio, que con ese proceso solo generará impunidad pues nunca les consultaron sobre el tema y Castillo no actuó honestamente porque, mientras se comprometió a reparar a las víctimas con tan sólo $250 millones, él mismo demandó al Estado en 2014 por $27.000 millones por haber tenido que devolver los bienes que le había arrendado a la DNE. (En contexto: Controversía por beneficios otorgados a Adolfo Castillo en caso DNE)

La insistencia de las víctimas llegó hasta oídos de los nuevos funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez que, el 18 de noviembre de 2016, tumbó el principio por considerarlo ilegal. En el caso de Camilo Bula, su principio de oportunidad quedó en firme y fue condenado a 18 años de cárcel. A pesar de que su abogado intentó argumentar en su recurso de casación que su proceso había tenido faltas graves como la ausencia de la recusación del magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, quien fue subalterno de Bula en la Fiscalía y este lo declaró insubsistente, y varios errores en la manera en que se estableció que un juez de Bogotá iba a llevar el caso y no uno de Barranquilla, en donde sucedieron los hechos ilegales.

Ningún otro proceso sobre el escándalo de la DNE ha avanzado tanto como el de Bula. Tanto Figueroa como Albornoz quedaron libres en julio y agosto de este año por vencimiento de términos. A Bula todavía le queda un recurso judicial para esquivar su condena: la insistencia.