Denunciarán a dos magistrados de la Corte Constitucional por fallo que dio luz verde a Vía a la Prosperidad

En la acción se indica que Gabriel Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio se habrían reunido con personas interesadas en dicho proyecto vial en el departamento del Magdalena.

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes será presentada en los próximos días una denuncia en contra de los magistrados de la Corte Constitucional, Gabriel Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio por el fallo que dio vía libre a la reanudación de la construcción de la Vía a la Prosperidad que comprende a los municipios de Palermo – Sitio Nuevo – Remolino – Guaimaro en el departamento del Magdalena.

En la acción judicial se indicará que los dos magistrados se habrían reunido en repetidas oportunidades con personas interesadas en dicho proyecto vial, cuya construcción estuvo suspendida desde el 12 de agosto de 2013 luego que la Corte Constitucional emitiera una medida provisional por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la adjudicación del consorcio beneficiado en la licitación pública.

El 19 de diciembre de 2014, la Sala conformada por los magistrados levantó dicha medida al dejar en firme el fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que rechazó las pretensiones de la acción de tutela presentada por el Consorcio Ribera Este, por lo que se dio vía libre para la construcción de la obra avaluada en 500 mil millones de pesos. (Ver Corte le solicitó a la Procuraduría realizar un seguimiento en procesos relacionados con la Vía de la Prosperidad)

Para el denunciante, existen registros de las reuniones entre los dos magistrados con un dirigente político en un encuentro convocado por Juan Luis Mendoza, hermano del magistrado Gabriel Mendoza. Así como encuentros con el abogado Víctor Pacheco Restrepo quien habría hecho “lobby” a favor del consorcio que resultó beneficiada con el multimillonario contrato vial.

El jurista se encuentra actualmente privado de la libertad en el proceso que se le adelanta por los delitos de tráfico de influencias de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares por presuntamente haber entregado 500 millones de pesos para que la tutela presentada por Fidupetrol S.A fuera seleccionada en la Corte.