Denunciarán manipulación de pruebas en la masacre de Santo Domingo

Según la denuncia el ataque donde murieron 17 civiles fue provocado por un mortero lanzado por la guerrilla y no por la Fuerza Aérea Colombiana.

En el curso de la presente semana, los abogados defensores de dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana presentarán una solicitud para que se revise la condena emitida contra sus clientes de 30 años de prisión por su participación en la llamada masacre de Santo Domingo ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en el departamento de Arauca.

Según la denuncia, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía incurrió en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y manipulación de pruebas, en la presentación de los informes periciales llevaron a que se emitiera la condena contra los tenientes de la Fuerza Aérea César Romero Padilla y Johan Jiménez Valencia.

En la acción se menciona que las pruebas presentadas al Laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en el que se señalaba que las muestras son restos detonados que concuerdan con una bomba de fragmentación, diseñada en Estados Unidos y entregada a la Fuerza Pública de Colombia son “falsas y manipuladas” puesto que se trató de un mortero lanzado por la guerrilla lo que causó las muertes de los civiles.

Vale recordar que en la condena emitida por el juzgado 12 penal del circuito de conocimiento de Bogotá el 26 de septiembre de 2009 se explica que en medio de una operación contraguerrilla los pilotos que se desplazaban en un helicóptero artillado, lanzaron una bomba Closter, tipo racimo pese a las advertencias que se habían hecho sobre la presencia de civiles en el lugar.

“La verdad es que estás evidencias fueron recolectadas en el interior del camión, fueron recogidas en algún lugar desconocido y aportadas por desconocidos 18 días después de los hechos y no corresponden con las recogidas a las recogidas en diciembre de 1998 por el CTI”, señalan los abogados precisando que esta condena le ha costado 5.700 millones de pesos al Estado por motivos de indemnización a las que llaman "falsas víctimas".

Ante esto se explica que el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, para la época de los hechos, envió además al FBI muestras de las esquirlas recuperadas en los cuerpos de las víctimas que no corresponden a la verdad pues estas muestras como lo indicarían los informes del CTI señalarían que hay rastros de metralla, utilizada en bombas de “fabricación casera de la guerrilla”.

Señala además que existen serias contradicciones frente a los testimonios y las imágenes usadas para demostrar el sitio exacto de la explosión. “Lo sorprendente es que el dispositivo clúster fue lanzada a las 10 de la mañana, y en el video (de la Fiscalía) aparecen los mismos supuesto impactos a las 7 de la mañana, cuatro horas antes. Es decir este impacto ya existía antes del lanzamiento del dispositivo, además según la dictámenes técnicos corresponde al impacto de una granada de mortero o de fusil”.

Ante esto se explica que pese a las pruebas presentadas por la FAC sobre los impactos, estas ni fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía en el momento de la acusación. “Todos los dictámenes científicos emitidos por Medicina Legal y el CTI, es que las huellas de violencia halladas en el caserío cerca al camión corresponden a granadas de mortero y de fusil”.

Por estos hechos el 26 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Fuerza Aérea colombiana al pago de mil 600 millones de pesos a cuatro de las 23 familias afectadas por un bombardeo.

El proceso por la llamada masacre de Santo Domingo se encuentra en estos momentos en estudio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

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