A los pocos días de la masacre de Suárez (Cauca), en la que murió la candiata a esa Alcaldía, Karina García, las autoridades ya sabían quienes eran los presuntos responsables: las disidencias de las Farc comandadas por alias Mayimbú. Mes y medio después, la Policía Fiscal y Aduanera capturaron a varios miembros de la red que habría vendido parte del armamento con el que la comitiva de la aspirante. Las autoridades anunciaron la detención de 16 personas que pertenecerían a “Los Mercaderes de la Muerte”.
De acuerdo con las autoridades, esta organización tenía como actividad principal la venta de armas de fuego de corto y largo alcance, que eran traídas desde Estados Unidos e ingresadas en el país en encomiendas que venía catalogadas como “envío urgente”. Parte de este armamento es el que le habría sido entregado a la disidencia de las Farc, conocida como Jaime Martínez, que se ubica en el norte del Cauca y en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.
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Además del tráfico de armas, la organización tenía como actividad el envío de drogas a hacia Centroamérica y Estados Unidos, la falsificación de salvoconductos, servicios de gota a gota y el alquiler de armas de fuego para cometer crímenes como homicidios y robos. Esta actividad criminal le habría alcanzado a la organización delincuencial para obtener cerca de $3.000 millones, que habrían sido blanqueados a través de giros y consignaciones en el sistema financiero.
Según las autoridades, Luis Aristizábal Vargas, que sería el principal líder de Los Mercaderes de la Muerte, tenía como fachada el comercio de zapatos y era la cabeza de una empresa de seguridad llamada Buhó-Servicio. Esta empresa se hizo con varios de contratos de seguridad en Cali. Aristizábal también habría ganado millonarias sumas a través del envío de droga por encomienda y el alquiler de armas de fuego.
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Durante las capturas, las autoridades incautaron 12 armas de fuego, munición, silenciadores, proveedores, 26 radios de comunicación y 1,7 toneladas de marihuana. Según las pruebas recaudadas, esta red criminal habría movilizado 225 armas de fuego (180 armas cortas y 45 de uso privativo de fuerzas militares.
Los 16 capturados fueron puestos a disposición de la justicia para que le imputaran los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego; tráfico de accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fraude procesal; concusión; peculado por apropiación; y prevaricato por omisión.