Después de ocho meses, Fiscalía acusa formalmente a implicados en descalabro del Fondo Premium de InterBolsa

El ente investigador considera que se realizaron inversiones ilegales de manera fraccionada. Los 1.028 inversionistas no tenía conocimiento de las actividades que se estaban adelantando.

Ante una jueza de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General presentó formalmente el escrito de acusación contra los empresarios Víctor Maldonado Rodríguez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo y otras cinco personas por su presunta participación en los hechos irregulares que llevaron al descalabro del Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A., intervenida por el Gobierno en el año 2012.

La fiscal Alexandra Ladino aseguró que el ente investigador cuenta con elementos materiales suficientes para demostrar la participación de los procesados en el manejo irregular del dinero de 1.028 inversionistas en actividades alejadas del marco legal. Para darle una apariencia de legalidad el Fondo Premium firmó un contrato de corresponsalía con InterBolsa con el fin de promocionar la inversión de dineros con empresas en el extranjero”. 

“No estaba autorizada para realizar contratos de corresponsalía”, precisó la  Fiscalía General. El contrato tenía como fin las actividades de promoción y publicidad con una entidad en el extranjero para que colombianos pudieran realizar sus inversiones. Considera que se presentó un engaño puesto que las actividades realizadas estaban muy alejadas de lo prometido acá.

La delegada del ente investigador manifestó que la figura del contrato de corresponsalía fija unos límites frente a la promoción y publicidad de las inversiones en el extranjero. Estos límites fueron superados por el Fondo Premium que omitió sus labores de asesoría a los potenciales inversionistas, incurriendo en una representación de la empresa en el extranjero en Colombia y así realizar actividades de fondo.

“La labor del corresponsal nacional se debe actividades de promoción y publicidad para que las personas hagan contratos con personas en el extranjero”, una clase de Asesoría Comercial. Sin embargo, los directivos del Fondo Premium asumieron la representación de los inversionistas, comprando acciones y manejando su capital. Los inversores poco o nada conocían de las acciones que se estaban adelantando con su dinero en el extranjero.

El ente investigador presentará en el juicio las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera y los lineamientos establecidos para este tipo de actividades bursátiles. Para la fiscal del caso los directivos del Fondo Premium utilizaron como fachada a la empresa Premium Capital Apreciation Found con sede en Las Bahamas para hacer la triangulación de los recursos invertidos en Colombia.

“El flujo de dinero fue motivo de múltiples desviaciones”, precisó la fiscal. En este sentido asegura que las directivas y deudores del Fondo Premium incurrieron en actividades ilícitas con el fin de buscar beneficios propios. Incurriendo en múltiples conductas delictivas y engañando a los inversionistas que no tuvieron un conocimiento claro y preciso sobre el destino de sus dineros.

“La Fiscalía probará en el juicio oral que se utilizaron diferentes mecanismos para recepcionar el dinero del público sin que fueran autorizados para ello”, precisó. En este sentido considera que los procesados adelantaron una serie de actividades dirigidas a captar dinero de manera ilegal, afectando así el interés público y general que consagra la Constitución.

El ente acusará formalmente a Juan Carlos Ortiz (socio de inversión), Tomás Jaramillo (socio de inversión), Rachid Maluf (gerente del Fondo Premium), Claudia Aristizábal (representante legal Rentafolio Bursátil), Natalia Zuñiga (representante legal valores incorporados), Víctor Maldonado (deudor del fondo Premium) y Ricardo Martínez (representante legal valores incorporados) por los delitos de concierto para delinquir, estafa masiva, manipulación fraudulenta de especies, captación masiva de dinero y no reintegro de dineros. 

De todos los procesados, únicamente Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo se encuentran privados de su libertad esperando su condena por tres delitos que aceptaron en la audiencia de imputación de cargos.