Detalles de la acusación a Aníbal Gaviria y su lío con contratos de la Troncal de La Paz

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La Fiscalía asegura que el gobernador de Antioquia actuó como “determinador” de delitos que pudieron haber cometido subalternos suyos. Su defensa asegura que le están endilgando responsabilidades que no le corresponden. Detalles de la acusación.

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros: estos son los cargos que, desde el banquillo de los acusados, tendrá que afrontar el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Este miércoles 3 de marzo la Fiscalía anunció el llamado a juicio del reconocido político antioqueño, quien desde el inicio del proceso en su contra ha asegurado que no cometió ningún delito. Pero, para el organismo investigativo, hay ciertos aspectos en los anticipos de los contratos para la Troncal de la Paz durante su gobernación, entre 2004 y 2007, que pintan a irregularidad y por eso, en su concepto, debe ser un juez de la República quien dirima esta controversia.

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Esta decisión, que de nuevo sacude a la clase dirigente y los corrillos políticos antioqueños, tiene su origen en 2018, durante la administración de Néstor Humberto Martínez, cuando la Fiscalía abrió indagación preliminar por un tema que se remitía a 13 años atrás. En 2005, la Gobernación de Antioquia -bajo la batuta de Gaviria- abrió la licitación para buscar quién se hiciera cargo del “Mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao”, y el proceso quedó en manos de la Secretaría de Infraestructura. El proyecto se pactó finalmente por $41.663 millones.

La construcción y el mantenimiento de ese importante tramo quedó, el 19 de diciembre de 2005, en manos del Consorcio Troncal de la Paz, del que era parte un viejo conocido del Estado en asuntos de vías: Carlos Solarte -quien, a través de CSS Constructores, se alió como socio minoritario con Odebrecht y Episol para hacer la Ruta del Sol 2-. Los términos del contrato indicaban que la Gobernación podía entregar el 25 % del valor total como anticipo, pero, según la Fiscalía, lo que se otorgó fue el 29 % sin que el contratista hubiera entregado el soporte de la constitución de la garantía o de la contratación de un interventor, requisitos indispensables para recibir recursos del Estado.

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La obra comenzó en febrero de 2006. La Fiscalía reprocha hoy que, “a escasos dos meses de haber iniciado”, el Consorcio pidiera otro anticipo de $10.500 millones para compra de equipos, con el cual se llegaba ya al 50 % del contrato entregado de esa forma. La Gobernación firmó un otrosí que autorizaba no el desembolso que pidió el contratista, pero sí una suma que representaba, junto con el primer adelanto, el 35 % del total del contrato. En 2007 vino un otrosí más, con el que se adicionaron más de $3.000 millones al contrato. En cuestión de meses se firmó un tercer otrosí, con el que el valor del proyecto aumentó un 47 % (unos $22.000 millones) sobre el valor del contrato.

Por último, la Gobernación de Antioquia, sostiene la Fiscalía en el documento con que llamó a juicio a Gaviria -conocido por El Espectador-, firmó un contrato adicional por más de $16.000 millones y aceptó entregar un anticipo del 50 %. Lo que la Fiscalía le reclama hoy a Gaviria es que, por ejemplo, con el primer anticipo que recibió el Consorcio Troncal de la Paz, este haya comprado maquinarias para realizar la iniciativa vial; que el contrato adicional es cuestionable. Así las cosas fue que resolvió llamar a juicio al reconocido político, quien, desde el día en que rindió indagatoria en abril de 2020, manifestó su extrañeza por este expediente que se abría en su contra.

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Ayer, agentes del CTI llegaron al despacho del gobernador Gaviria para notificarlo de que, por segunda vez a raíz de este proceso, quedaba privado de la libertad y acusado. Esta última decisión la tomó la Fiscalía en dirección opuesta no solo a lo que pidió la defensa de Gaviria, sino también la Procuraduría, la cual advirtió que “dentro del acopio probatorio no hay prueba de la calidad de determinador del gobernador Aníbal Gaviria Correa”. La Fiscalía mantiene que Gaviria “determinó a Margarita María Ángel Bernal (su secretaria de Infraestructura) o a cualesquiera otros funcionarios de la Secretaría de Infraestructura para que realizaran las conductas constitutivas de los delitos imputados”.

La tesis de la defensa es otra. Gaviria, en calidad de gobernador, delegó múltiples tareas a sus subordinados para sacar adelante las iniciativas de su administración. Gaviria le explicó a la Fiscalía en su indagatoria que, ante la estructura tan robusta de la Gobernación de Antioquia, la cual manejaba un presupuesto de unos $8 billones, la delegación no era “ni siquiera una opción (…) es una obligación para que el departamento funcione y funcione bien”. Su abogado manifestó también que a Gaviria le estaban atribuyendo las responsabilidades que sus subalternos, lo que excedía “los deberes de precaución exigibles al señor Gaviria Correa”.

La defensa del gobernador de Antioquia le dijo a la Fiscalía: “La Troncal de la Paz fue un proyecto que no se puede criticar sin afectar la lógica de la administración pública, con todo lo que significó para la región del Bajo Cauca antioqueño. Esa obra y la construcción del puente sobre el río Nechí fueron las respuestas al clamoroso pedido de la comunidad”. Aseguró que adicionar contratos con obras complementarias a la original “sí es posible”, y remató: “Con la Troncal de la Paz se pensó en conectividad (…) lograr tal conectividad solo era posible con la realización de las obras complementarias, porque si no la Troncal no iba a satisfacer el fin último de beneficiar a la comunidad”.

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Ahora es tarea de la Fiscalía demostrar que sí se cometieron delitos con las determinaciones que se tomaron alrededor de los contratos de la Troncal de la Paz y que Aníbal Gaviria, como afirmó en el escrito de acusación, se convirtió en el “cerebro” de esos delitos. Y este debate incluye la postura de Gaviria de que “la robustez de sus equipos de gobierno le proporcionaba confianza para eximirse de participar o intervenir en los procesos” relacionados con contratos. Serán los jueces de la República los que determinen quién en esta historia tiene la razón.

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