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El coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo logró estar 11 años en fuga, luego de haber sido condenado a 40 años de prisión por el secuestro del industrial israelí Benjamín Khoudari. Pero desde que fue capturado nuevamente en julio de 2014, tras volarse en 2003 de la Escuela de Artillería de Bogotá, sus deudas con la justicia sólo crecen. En agosto de 2015 fue llamado a juicio por el crimen de Jaime Garzón y, en mayo pasado, por la masacre de Mapiripán.
La acusación por Mapiripán se había conocido a finales de mayo pasado. Ahora se empiezan a conocer los detalles de la decisión, un documento de 47 páginas que firmó un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y DIH. Tanto en este caso como en el de Garzón, los testimonios de exparamilitares fueron fundamentales para que la Fiscalía llegara a la conclusión de que Plazas Acevedo, quien según el documento de la Fiscalía era llamado Don Diego por los paramilitares, tuvo que ver con ese crimen.
El testigo principal de la Fiscalía para elaborar su escrito de acusación fue Raúl Hasbún, un hombre que entre las autodefensas del Urabá fue reconocido bajo el alias de Pedro Bonito. Hasbún, quien se acogió al proceso de desmovilización que pactaron las AUC con el gobierno Uribe, declaró en versiones libres y ante el despacho que lleva este expediente que Plazas Acevedo, alias Don Diego, había logrado que los más de 80 paramilitares que iban a viajar desde Necoclí hacia Mapiripán en julio de 1997, se desplazaran desde Apartadó.
La razón del cambio de aeropuerto, señaló Raúl Hasbún –el excomandante paramilitar que le contó al país que las bananeras urabeñas pagaban a las AUC 3 centavos de dólar por caja exportada-, fue que en el aeropuerto de Necoclí no podía aterrizar el avión Antonov en el que iban a volar decenas de paramilitares a cometer uno de los peores crímenes de los que fueron escenario los Llanos Orientales.
“La salida de los aviones estaba programada para salir del aeropuerto de Necoclí, donde no estaba Ejército ni Policía, pero nos dimos cuenta que en la pista de Necoclí el avión Antonov no era capaz de aterrizar porque la pista era corta. Fue entonces que se decidió que el Antonov aterrizara en Apartadó”. Según el relato de Hasbún, se compraron costales en los cuales fueron empacados las armas de los “paras”.
Hasbún siguió contando que su segundo, alias Maicol, “comunicó que la coordinación del Antonov se hizo con el coronel, no me acuerdo su nombre, era alias Don Diego, que era el encargado del B2 de la Brigada XVII para la época”. Quien estaba en ese cargo era Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Y el comandante de la brigada era el general (r) Rito Alejo del Río, quien hoy tiene una condena de 25 años por su responsabilidad en el asesinato de un campesino durante una incursión paramilitar en la cuenca del río Cacarica (Chocó), luego de haber liderado una operación militar en esa zona.
Plazas Acevedo negó tener cualquier relación con el crimen. Aseguró que en esas fechas estaba en Santa Marta, “en un seminario en la Brigada de Inteligencia de la Primera División”. Hasbún dijo, por último que a Plazas Acevedo le pagó $3 millones por dejar que los paramilitares usaran el aeropuerto de Apartadó y no fueran importunados antes de abordar. Plazas Acevedo reitera que Hasbún es un "mentiroso".
Eliécer Herrera, un exparamilitar que se identificaba como la Moña, contó que ese 12 de julio de 1997 también llegó el Alemán (Freddy Rendón Herrera), y que la instrucción para los paramilitares que fueron embarcados en el Antonov, que era propiedad de la empresa privada Selva Ltda., fue que hicieran bulla en el bus que los llevaba de Necoclí a Apartadó, como si fueran “en un paseo”.
Los hombres que simularon estar de paseo viajaron a Mapiripán y aterrizaron en otro aeropuerto custodiado por militares. Entre el 15 y el 20 de julio, cometieron una masacre en la que murieron más de 20 personas; el número tampoco es exacto porque Mapiripán, además de cruel, resultó siendo un engaño por parte de algunas personas que se registraron como víctimas sin serlo, o que habían vivido los estragos de la violencia en esa región pero que no perdieron a nadie en ese crimen colectivo.
Las víctimas que en realidad no lo eran, sin embargo, no opaca lo fundamental: en Mapiripán, entre el 15 y el 20 de julio, murieron más de 20 civiles por cuenta de la violencia y, peor aun, fue un crimen en el que además de paramilitares hubo responsabilidades por parte integrantes de las Fuerzas Militares. Por esa razón el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005.