Detalles de la sanción a exdirectivos del Banco Agrario por préstamo a Navelena

La Procuraduría sancionó a 11 exmiembros de la junta directiva de esta entidad financiera porque le aprobaron un préstamo al consorcio, cuyo socio mayoritario era la brasileña Odebrecht.

El multimillonario préstamo se realizó en noviembre de 2015. El 85% de Navelena era propiedad de Odebrecht.Archivo El Espectador.

Luego de que esta semana la Procuraduría sancionara a 11 exmiembros de la junta directiva del Banco Agrario por un préstamo de $120.000 millones al consorcio Navelena (conformado por Odebrecht en un 85% y Valercon en un 13,3 %), El Espectador tuvo acceso al fallo completo. En la decisión, el Ministerio Público detalla, caso por caso, cómo fue que cada exfuncionario participó en esta cuestionada decisión que comprometió el 5% del patrimonio total del Banco. 

Por este multimillonario préstamo, realizado en noviembre de 2015 para realizar las obras que recuperarían la navegabilidad del río Magdalena, los sancionados recibieron multas entre los $20 y $250 millones. A continuanción, algunos apartes del fallo, de primera instancia de la Procuraduría, sobre los funcionarios de la entidad bancaria que habrían tenido un papel clave en esta operación.

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Gloria Marcela Ferrán Muñoz

Como vicepresidenta de Crédito y Cartera de la entidad bancaria y miembro de la junta directiva, según la Procuraduría, Ferrán Muñoz "analizó, estudió y recomendó" al comité de crédito de la junta directiva la solicitud de préstamo por parte de Navelena "desestimando el estudio de riesgo reputacional" que existía sobre esta operación, ya que Marcelo Odebrecht había sido capturado en junio de 2015 por hechos de corrupción (cinco meses antes de que se realizara el multimillonario desembolso). Esta acción por parte de la entonces vicepresidente de Crédito y Cartera, se hizo sin tener en cuenta "los manuales internos de la entidad bancaria y de la Superintendencia Financiera", en palabras de la institución al mando de Fernando Carrillo. 

La Procuraduría señaló que las acciones de Ferrán Muñoz, "afectaron la imagen pública del Banco Agrario", pues entre sus obligaciones estaba evaluar integralmente la operación del crédito, "lograr un verdadero conocimiento del cliente (...) revisar lo que estaba pasando con los accionistas del consorcio que buscaba el crédito; revisar su ética honestidad, responsabilidad, seriedad, profesionalismo, aspectos que el mismo manual (del banco agrario) lo señala son importantes a la hora de establecer relaciones comerciales con el cliente". Por estos hechos, el Ministerio Público le impuso una sanción de ocho meses de inhabilidad y el pago de una multa de $200 millones.

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Mónica Santamaría Salamanca

Como vicepresidenta de Banca Comercial del Banco Agrario, en pocas palabras, fue señalada por los mismos hechos y conductas por las que fue señalada Ferrán Muñoz por parte del Ministerio Público.  "Santamaría Salamanca debió haberle dado el alcance verdadero que tenían todos los análisis y estudios que sobre el tema reputacional se venían realizando desde el 28 de octubre de 2015 en el banco, más aún cuando su viceapresidente de riesgos puso de manifiesto las noticias que venían de Brasil, por cuenta de la corrupción en materia de contratación estatal por parte de Odebrecht, socio mayoritario del consorcio", agregó la Procuraduría.

El ente de control también indicó que el hecho de que la condena en contra de Marcelo Odebrecht solo se haya conocido hasta marzo de 2016, "no indica que el riesgo reputacional y crediticio se hayan materializado en ese momento". El expediente da cuenta de una declaración de Jorge Barragán, representante legal de Navelena, quien en su momento afirmó ante la Procuraduría que Corficolombiana, su banquero de inversión, decidió no participar del consorcio tras la captura del jefe máximo de la multinacional constructora. Incluso Barragán señaló que en 2015 varios bancos se negaron a otorgarles el crédito.

En este punto surge el nombre del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien a finales de abril de este año fue condenado a 11 años de prisión por lo sobornos que Odebrecht dio en la Ruta del Sol 2 y en la que participó esta filial del Grupo Aval como socio de la empresa brasileña. Melo le dijo a la Procuraduría que Corficolombiana prendió las alarmas el mismo día en que se supo la detención de Marcelo Odebrecht. Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de Corficolombiana, se habría pronunciado en el mismo sentido.

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En consideración del Ministerio Público, Santamaría Salamanca conocía el sector desde hace muchos años atrás y "no era posible que desconociera el riesgo que conllevaba esta operación y simplemente la recomendara", a sabiendas del peligro que implicaba llevar este desembolso de $120.000 millones. La Procraduría agregó que ella directamente era la responsable del otorgamiento del crédito y, por ende, el organismo le impuso una multa de 10 meses de inhabilidad que puede evadir si paga una multa de $250 millones.  

En el caso de Santamaría Salamanca, también salieron a relucir los nombres de cuatro bufetes de abogados conocidos por la opinión pública, quienes, según la Procuraduría, fueron contratados por Odebrecht para emitir un concepto en el que se señala que la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil no representaba un riesgo reputacional en Colombia, ya que los empresarios y representantes eran, supuestamente, otros. Entre las firmas se encuentran las de los abogados Jaime Lombana, Jaime Bernal Cuellar y Ricardo Hoyos Duque.

Por este episodio, la Procuraduría señaló que "no puede ser válido que (Santamaría Salamanca) hubiera tenido como válidas las posiciones de los abogados contratados por Odebrecht, desestimando las apreciaciones del vicepresidente de riesgos del Banco Agrario y del gerente de Asesoría del Negocio. "Además, en los conceptos de los abogados no se habla del tema reputacional, sino de la posibilidad (o no) de que Navelena fuera contratista del Estado" aseguró la Procuraduría.   

Francisco Solano Mendoza

Como presidente del banco en el momento que se realizó el préstamo a Navelena, este habría dado el visto bueno final del millonario desembolso sin tener en cuenta las noticias que llegaban de Brasil con respecto a Odebrecht. De esta manera incumplió "los reglamentos de la entidad financiera" pues "validar esta solicitud crediticia contenía un riesgo reputacional y crediticio que se encuentra debidamente probado en el expediente".

La Procuraduría señaló que, al igual que las mencionadas vicepresidentas, uno de sus deberes era conocer de manera profunda las actividades y acciones del participante mayoritario del consorcio. "No realizó su gestión con profesionalismo", puntualizó el Ministerio Público. 

Según el documento,el 9 de noviembre de 2015, Moisés Mahecha Parra, vicepresidente de Riesgos del Banco Agrario, le mostró al entonces presidente de la entidad bancaria un artículo periodístico en la cual se contaba los líos judiciales que empezaba a tener Odebrecht con la justicia brasilera. 

Andrés Escobar Arango y Arturo Adolfo Dajud Durán

Ambos fueron miembros de la junta directiva del banco. Escobar como delegado del Ministerio de Hacienda, y Escobar como delegado del Ministerio de Agricultura. La Procuraduría señaló que los funcionarios hicieron parte de la cadena de personas que estudiaron y aprobaron el crédito sin tener en cuenta los graves hechos de corrupción que eran denunciados por la prensa internacional con relación a Odebrecht. 

Sobre Escobar, la Procuraduría dijo que este tenía conocimiento del riesgo que llevaba hacer el préstamo a Navelena, pues se había discutido este tema en juntas directivas previas al 12 de noviembre de 2015, fecha en que se aprueba el desembolso. Según el Ministerio Público, Escobar tampoco atendió las alertas dadas por altos funcionarios sobre las movidas corruptas de Odebrecht en la contratación pública de Brasil. Por otro lado, Arturo Dajud tenía tal conocimiento de la situación de Odebrecht, que ante un requerimiento que le envió el senador Jorge Robledo cuestionando que le otorgaran el préstamo a Navelena, el funcionario de Ministerio de Agricultura contestó que la junta había sido informada, pero que "dicha situación no afectaba ni el proyecto de navegabilidad, ni a la constructora en Colombia".

Francisco Estupinán HerediaLuis Eduardo Gómez Álvarez, Luis Fernando Mejía Alzate, Juan Luis Hernández Celis y César Pardo Villalba 

La Procuraduría advirtió aquí algo importante: Estupiñán, Gómez, Mejía, Hernández y Pardo no eran funcionarios públicos, sino particulares que también hacían parte de la junta directiva del Banco Agrario. Sin embargo, por estos hechos, también fueron sancionados, pues el Ministerio Público determinó que su deber en la junta era "especial", puesto que "los recursos que involucraba este préstamo eran del Estado". 

Aunque los miembros de la junta del banco se defendieron aludiendo a los conceptos positivos de los abogados colombianos sobre la inexistencia de un riesgo en la inversión, la Procuraduría no tuvo en cuenta esto, dado que Lombana, Bernal y Hoyos, como se dijo anteriormente, fueron contratados directamente por Odebrecht. Según el fallo disciplinario, los ejecutivos "del Banco debieron ser más diligentes, menos negligentes".

Omar Arturo Páez 

El exgerente de cuenta del Banco Agrario no solo dio trámite al préstamo de Navelena, sino que, según la Procuraduría, "recomendó la operación", según dijo Páez, "con base en la experiencia y reconocimiento que tiene Odebrecht en Brasil". Páez lo hizo, según el fallo, ignorando el estudio reputacional que advertía del riesgo.

Además, el exfuncionario tuvo acceso a documentos que demostraban que Navelena estaba en liquidación para el momento que se solicitó el préstamo con pérdidas que superaban los $200 millones y un nivel de endeudamiento del 99%. Para la Procuraduría, además del eventual daño patrimonial que sufrió el Banco, las acciones de Páez ocasionaron un "grave deterioro en la imagen" de la institución financiera. 

 

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Redacción Judicial

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