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El pasado 27 de octubre, 297.821 caleños votaron por el excongresista Jorge Iván Ospina, presidente del Partido Verde, para que vuelva a ocupar el cargo de alcalde de la capital del Valle. Su campaña estuvo permeada de roces con otros candidatos por los líos judiciales de Ospina, llegando a un punto de inflexión cuando se conoció que fue llamado a juicio y el 15 de noviembre se leerá su escrito de acusación. El Espectador tuvo acceso a este documento, que consigna los resultados de la investigación que adelantó la Fiscalía en su contra. La conclusión: Ospina irá a juicio por un contrato, supuestamente irregular, que él no firmó.
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La historia se remonta a 2008, cuando Ospina llegó por primera vez a ser alcalde de Cali. Su secretario de despacho, Pedro Luis Barco, otorgó directamente un contrato para servicios de publicidad a Vision Digital, compañía de Guillermo Rafael Lombana, un peso pesado de las comunicaciones que había asesorado la recién ganada campaña de Ospina, y que acaba de manejar las de la gobernadora electa del Valle, Clara Luz Roldán, y del segundo candidato más votado en Cali, Roberto “el Chontico” Ortiz. El contrato de publicidad se firmó para “movilizar voluntades y levantar la imagen de la ciudad de Cali” y se pactó en $460 millones.
El contrato se firmó el 4 de abril de 2008 y se fijó que la administración municipal daría un anticipo de $138 millones, equivalente al 30 % del total acordado. Allí empezaron las alertas: el tesorero de la Alcaldía devolvió la cuenta de cobro que presentó Lombana porque, supuestamente, no se cumplió con el lleno de los requisitos legales. En específico, el funcionario le advirtió al secretario Barco que no había manera de demostrar la “idoneidad y experiencia” de la empresa para contratarla de manera directa, pues Visión Digital había sido creada como una SAS en cámara de comercio el 2 de abril, apenas dos días antes de la firma del contrato.
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Además, dice la Fiscalía, el tesorero le dijo a Barco que la empresa no reportaba una “inscripción de ventas” en la DIAN, es decir, que nunca había tenido clientes. Ante la alerta, el secretario Barco llegó a un acuerdo con el publicista Lombana y dio por terminado el contrato. Sin embargo, al cabo de un mes, “el señor Barco insiste”, dice el ente investigador, y contrató de nuevo de manera directa el 7 de mayo de 2008, pero ya no con la empresa, sino con Lombana como persona natural, y el monto del contrato, a pesar de tener el mismo objeto, quedó pactado por, exactamente, cinco pesos menos: $459.999.995.
Para el ente investigador, el contrato es irregular por un sinnúmero de razones: porque el secretario Barco, supuestamente, dejó en el papel que la compañía tenía más de 15 años de experiencia (experiencia que sí acredita Lombana como profesional). Porque la propuesta de la compañía, supuestamente, llegó al despacho de Barco antes de que la Alcaldía concluyera que necesitaba los servicios que contrató, lo que demostraría que “a partir de la propuesta presentada por Visión Digital es que se crea la necesidad de publicidad para el municipio”. Y, además, porque Lombana donó más de $19 millones a la campaña de Ospina.
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La hipótesis de la Fiscalía es que la Alcaldía de Cali le entregó un contrato a dedo a Lombana para devolverle el aporte que había hecho a la campaña del recién posesionado alcalde. “Es claro el interés que existía de entregarle el contrato de prestación de servicios a este señor (Lombana)”, reza la acusación. Jorge Iván Ospina, continúa el documento, “sabía que con este contrato se le estaba devolviendo un favor político al señor Guillermo Rafael Lombana”. Por estos hechos el alcalde electo es responsable, sostiene la Fiscalía, de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según el ente investigador, Ospina fue el determinador del presunto acto de corrupción. En el documento de acusación contra el alcalde electo se centra su supuesta responsabilidad en el cuestionado contrato en que él “sabía”: “El señor Jorge Iván Ospina conocía que se estaba tramitando la contratación de servicios profesionales con la empresa Visión Digital sin observancia de los requisitos legales; sabía que lo estaban celebrando sin verificar el cumplimiento de aquellos; además estaba enterado (de) que para la celebración de este contrato, la Alcaldía de Cali estaba obligada a ceñirse a los principios de la función pública y las normas que rigen la contratación estatal, entre otros”.
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Ospina, por su parte, siempre ha dicho en su defensa: “Yo no firmé ni orienté nada”. Y tiene razón. Entre los documentos que tiene el ente investigador está el decreto del 25 de febrero de 2008, con el que el entonces alcalde le dio facultades a su secretario de despacho, Pedro Luis Barco, para contratar. La Fiscalía, sin embargo, sostiene que “esta delegación no implica que se delegue responsabilidad” y, como el alcalde era el superior jerárquico del secretario Barco, “esto al parecer motivó a que Pedro Barco actuara en favor del señor Lombana por el interés de su jefe en retribuir de alguna manera el apoyo económico hecho a su campaña”.
Entre las más de 290 pruebas que el ente investigador alega tener en contra de Ospina, en el escrito de acusación de 31 páginas reposa un documento que demostraría que el alcalde electo “sabía”. Aunque sus secretarios podían contratar a discreción, el documento que cita la Fiscalía es un acta de comité de contratación del 6 de mayo de 2008 en el que “se realizó estudio al contrato” que le otorgaron a Lombana de manera directa, luego de que el tesorero municipal rechazara el contrato con Visión Digital. El acta, dice el ente investigador, aparece firmada por Ospina y todo su gabinete.
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Después de la audiencia de lectura del escrito de acusación del próximo 15 de noviembre, la Fiscalía deberá demostrar en juicio su hipótesis. Por un lado, que Ospina “sabía” que estaba contratando a su aportante y que determinó cómo hacerlo. Y, por otro, tendrá que probar los supuestos intereses ilícitos del alcalde electo a la hora de contratar como asesor de comunicaciones a uno de los publicistas políticos más reconocidos. El Espectador pudo confirmar que este es el caso más avanzado en contra de Jorge Iván Ospina, quien recibirá el 2020 con un pie en la Alcaldía y otro en los estrados judiciales.