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“Esta es una fecha agridulce. De vergüenza y de esperanza. De vergüenza porque es inconcebible que Colombia haya permitido los niveles de victimización que tenemos. Que un país que quiere entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tenga a un 15% de su población en condición de desplazamiento. De vergüenza porque –como lo dijo uno de los representantes de las víctimas– en algunas ocasiones el Estado se coordinó con ilegales para el desplazamiento forzado y ahora no cuenta con la coordinación suficiente para reparar el daño. Pero al mismo tiempo esta es una audiencia que nos llena de esperanza y nos muestra que no todo ha sido silencio. Los desplazados se han organizado y algunas instituciones han reaccionado de forma vigorosa. La Corte Constitucional debe persistir en esta labor. Que la Corte no desfallezca hasta que los derechos de los desplazados se cumplan”.
Con estas palabras, el presidente de la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, Rodrigo Uprimny, se refirió a la necesidad de que la Corte Constitucional siga visibilizando a las víctimas tras 10 años de emitida la sentencia T-025 de 2004 que reconoció como inconstitucional la trágica situación de los casi 5 millones y medio de colombianos que han sido desplazados por cuenta de la violencia. Palabras a las que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, respondió vehemente que “la Corte no va a ceder en seguir trabajando por los derechos de los desplazados. No se nos van a olvidar sus palabras. Que ojalá algún día ustedes puedan cantar con todo convencimiento esa parte del himno nacional que reza ‘cesó la horrible noche’”.
Y es que momentos antes de que Uprimny y Vargas hablaran siete representantes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que han sido víctimas del conflicto sostuvieron con firmeza que, aunque la situación ha mejorado, el panorama sigue siendo desolador. Por ejemplo, Jorge Quinto, de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), dio a conocer que por lo menos 122 líderes de esa comunidad se encuentran actualmente amenazados. Por su parte, Marco Fidel Velásquez, de la comunidad de Cacarica (Chocó), dijo que “el problema no es de documentos”, en referencia a los autos que ha emitido la Corte, sino “de quién ejecute esas propuestas”. Y agregó que no entiende si el enfoque diferencial –del que tanto se ha hablado y que busca priorizar a los menos favorecidos– es “para atender o para desatender”. Indicó que el Gobierno no se ha querido reunir con la comunidad para concertar un plan para sacar a esa comunidad de su precariedad.
Algo similar indicó Ignacio Rodríguez, de la comunidad indígena Jiw, quien denunció que “en 5 años no ha habido ningún plan de salvaguarda” y eso que esta comunidad está entre las etnias priorizadas por la justicia por el riesgo de que se extinga por cuenta del conflicto armado. “El Ministerio del Interior nos sigue incumpliendo. ¿A cuántos pueblos les estará incumpliendo?”. Otro representante indígena, Denis Cabezón, del pueblo Wounan, señaló que su “frustración es que para el pueblo Wounan el conflicto no ha terminado. La guerrilla sigue violando a nuestras mujeres y qué decir de las aspersiones. Fumigan es a los cultivos lícitos”. No obstante, reconoció que “sin la Corte ya nos hubieran asesinado” y pidió que se mantenga la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, que el Estado empiece a prestar sus servicios en los territorios y no en Bogotá y “que no nos sigan sacando más leyes” sino que el Gobierno acepte reunirse con la comunidad para sacar adelante el tan anhelado plan de salvaguarda.
“El panorama sigue igual y agravándose”. Fueron las palabras de Danely Estupiñán, quien recordó con tristeza la barbarie que se ha apoderado de Buenaventura y como en ese lugar las bandas criminales se han ensañado con las mujeres. “Estamos siendo usadas. Las mujeres seguimos siendo violentadas” y denunció que el Estado ha incumplido varios acuerdos con las víctimas. Por ello propuso que –de ser posible– la Corte sancione por desacato a las autoridades que incumplan. Así lo propuso mientras el presidente del Senado, José David Name; el defensor Jorge Armando Otálora; el fiscal Eduardo Montealegre; la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, y el director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal.
El gran ausente fue el presidente Juan Manuel Santos quien por medio de un comunicado leído por la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, sostuvo que “la Ley de Víctimas no habría sido posible sin los fallos de la Corte” e indicó que “cerrar la llamada fábrica de víctimas es mi mayor motivación”. Ojalá en 10 años esta “fábrica” se cierre y esta conmemoración no sea un agridulce recuerdo de la trágica situación humanitaria en Colombia –el país con la mayor cantidad de desplazados en el mundo– sino una fecha para celebrar el fin de este flagelo.