Diez crímenes aberrantes del Ejército

El Espectador documentó diez ejecuciones extrajudiciales de civiles que sufrían algún tipo de discapacidad y que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.

Cinco de las diez víctimas en condición de discapacidad que fueron asesinadas por el Ejército. De izquierda a derecha, de arriba a bajo: Jorge Luis Villanueva, Luis Carlos Zuluaga, Fair Leonardo Porras Bernal, Jose María Valencia y Ebin David Paternina.

De las casi 5.000 ejecuciones extrajudiciales perpetradas presuntamente por las Fuerzas Militares, El Espectador documentó diez casos que pasarán, en clave de Jorge Luis Borges, a la historia universal de la infamia. Se trata de diez historias en las que la Fiscalía pudo establecer que las víctimas sufrían algún tipo de discapacidad, desde ser sordomudos hasta tener algún tipo de deficiencia mental y, sin embargo, fueron presentados como guerrilleros.

Durante meses este diario se dedicó a reconstruir el drama de diez familias en toda Colombia que vieron cómo el Estado asesinó a sus hijos mientras la Fuerza Pública reclamaba positivos militares sin rubor alguno. Diez casos que revelan una radiografía dantesca de un conflicto armado degradado por distintos actores, muchos de los cuales en medio siglo de fusiles humeantes siguen pasando de agache. El Espectador, tras desandar la salvajada de la guerra, rinde memoria a estas diez víctimas cuyos nombres resultaron nombrados en operaciones tácticas del Ejército como trampolín para obtener un día libre en medio de esta balacera infame.

Sus familias claman la justicia que ha sido escasa en décadas. En esta Colombia impune, muchos han recorrido el cenagoso camino de tratar de limpiar el apellido familiar. Aquí algunas historias desgarradoras de este conflicto perverso.

Era bipolar

Lo enterraron como un N.N. Tropas del batallón La Popa de Valledupar, en hechos ocurridos en Guatapurí, reportaron un enfrentamiento con un supuesto guerrillero el 6 de noviembre de 2007. Años después vendría a saberse que se trataba de Jorge Luis Villanueva López, un hombre con un largo historial de problemas que, según su madre, “sufría enfermedades mentales, consumía drogas y perdía el control”. Dos meses y medio antes de haber sido asesinado estuvo en un centro de rehabilitación. Sin embargo, lo hicieron pasar como un miembro del frente 59 de las Farc. El Ejército lo sumó a su lista de positivos. La investigación demostró que era un hombre bipolar, que jamás disparó un arma y que su único pecado era ser un habitante de la calle al que le gustaban las drogas. Un enfermo mental que infló las estadísticas del Ejército. Por su muerte fueron condenados a 40 años de prisión los uniformados Édinson Gómez, Jonathan Arbeláez y Jaime Blanco. “Lo único que queda de él es su foto de la cédula. Un día, estando conmigo, rompió todas las fotos que teníamos en la casa. No quiero saber nada más de esto. Me duele mucho”, le dijo a El Espectador su madre, quien pidió no identificar su nombre.

Lo acusaron de asesino y tenía problemas mentales

Fue el 10 de abril de 2010, un Sábado Santo. Ocurrió en El Peñol (Antioquia). A las 11 de la noche, en medio de una trocha, una escuadra del Ejército lo asesinó. Quisieron simular un combate y le plantaron una escopeta hechiza que habían comprado los uniformados la noche anterior. Para completar el cuadro le pusieron una granada de fragmentación. Lo acusaron de intentar dinamitar un puente. Pronto se descubrió que José María Valencia Morales fue una víctima más de las miles de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. En su historia clínica quedó registrado que muy niño se cayó del techo de su casa y quedó con problemas mentales. Jamás pudo establecerse la afectación, pues no hubo plata para los exámenes. Tal como lo estipulaban las reglas de la muerte para obtener beneficios, miembros del Ejército lo disfrazaron de subversivo e, incluso, hicieron una vaca para comprar el arma que lo “graduó” como un guerrillero. Para fingir un enfrentamiento, el suboficial Jhonatan Ortiz disparó un changón “con la mano del muerto para que quedara impregnada de pólvora”. A los soldados los premiaron con cinco días libres. “No sería capaz de decirles algo a sus asesinos. Solo Dios sabe por qué lo hicieron. Me gustaría que el Estado dijera algo, que no se olvidara de nosotros. Aquí lo seguimos llorando”, le dijo a este diario Rosa Emilia Valencia, hermana de José María. Cinco uniformados fueron sentenciados por este caso.

Era sordomudo

Ocurrió el 18 de marzo de 2005. Fabio Nelson Rodríguez salió de su casa para buscar un caballo e ir a jugar un partido de fútbol. Vivía entonces en la vereda Llanos de Urarco, en Buriticá (Antioquia). A las 10 de la mañana de ese día lo interceptaron miembros del Ejército que al llenar los papeleos de su muerte dejaron escrito que en la llamada Operación Medusa había caído un ayudante de la guerrilla. Desesperados por su ausencia, la familia de Fabio empezó a buscarlo por cielo y tierra. Su hermana María Ernestina logró hablar con el comandante del Ejército en esa región del país. Le dijeron que todo estaba bien, que Fabio, quien no podía ni hablar ni oír, estaría de regreso pronto. Su familia lo esperó en vano por quince días. Hasta que al fin apareció en un anfiteatro de Medellín. A él lo reportaron como un integrante de las Farc al que se le incautó un revólver calibre 38 con cinco balas por disparar. La justicia documentó que Fabio Nelson era incapaz de atentar contra nadie y condenó el 17 de abril de 2012 a los uniformados Iván González, Luis Solarte, Jeimin Valoyes, Santiago Guerra, Carlos Agudelo y Óscar García. Un crimen que todavía resuena en Buriticá.

Tenía osteoporosis

Se llamaba Roger Acero Hernández y a las 7 y 30 de la noche del 24 de febrero de 2009, unos desconocidos llegaron a su casa en Aguazul (Casanare) y lo montaron en una moto. Hicieron maromas para llevárselo porque tenía osteoporosis y tenía dificultades para moverse. Tres días después, el 27 de febrero, el pelotón Guerrero Tres del batallón de Infantería número 44 reportó la muerte de dos N.N. en la vereda La Graciela de Aguazul. Pronto se descubrió que se trataba de un asesinato de lesa humanidad. El Juzgado Tercero de Yopal, en junio de 2014, condenó a 15 oficiales y suboficiales que hicieron pasar a este joven de 23 años como un subversivo de la peor laya. El Ejército se vio obligado a pedir perdón por esta grave ofensa contra la humanidad al descubrirse que Roger Acero era un civil más que había sido reportado como un insurgente.

Tenía epilepsia

Tenía epilepsia y, sin embargo, lo hicieron pasar como un asesino. Su nombre: Luis Carlos Zuluaga. Hombres del Ejército en el municipio de Guarne (Antioquia) lo asesinaron a sangre fría. Para la historia oficial de la guerra, en la llamada Operación Espartaco, desarrollada en Cocorná, cayó un guerrillero más en la ya larga lista de subversivos dados de baja en 54 años de guerra. Sin embargo, se supo después que lo uniformaron con un camuflado, que le plantaron armas y lo hicieron pasar como un insurgente del Eln. Los matones del Estado convinieron que “había que hablar el mismo idioma”, es decir, debían tener un libreto común que justificara aquel crimen infame. Luis Carlos solía ganarse la vida, a pesar de sus ataques, vendiendo cigarrillos y chicles en el centro de Cocorná. Después de su desaparición, la única pista que su familia encontró sobre su paradero fue su caja de dulces tirada en la carretera. La justicia solo ha logrado castigar a una persona por este asesinato. “Nosotros defendíamos a mi hermano contra el mundo entero, porque siempre tuvo problemas por su enfermedad. Tuvo nuestro apoyo. En toda su vida solo hubo un momento en el que no pudimos estar para él: el día que lo desaparecieron”, le dijo a este diario Ana Zuluaga, hermana de Luis Carlos.

Fair, el de Soacha

Su historia es quizá la más conocida, pero Fair Leonardo Porras Bernal es uno más de los diez aberrantes casos de personas en condición de discapacidad a los que integrantes del Ejército asesinaron a sangre fría por un día libre. O dos. Se lo llevaron de Soacha asegurándole que tendría trabajo y dinero a manos llenas. El 9 de enero de 2008, en Ocaña (N. de Santander), le quitaron su celular y lo incomunicaron. Dos días después, según actas del Ejército, lo interceptaron miembros del pelotón Búfalo y 24 horas después fue reportado un hombre sin identificar que sería sepultado como N.N. Ocho meses después, salió a relucir su identidad y su nombre, junto con el de otros once muchachos asesinados vilmente por las balas del Estado. Un hecho que abrió la cloaca de los falsos positivos. A Fair Leonardo le plantaron un arma en la mano derecha, ignorando que era zurdo y que tenía la edad mental de un niño de 10 años. Cuando su madre, Luz Marina Bernal, tenía cinco meses de embarazo, la atropelló un carro y el diagnóstico fue terrible: parte del cerebro de su hijo se desprendió y, además, le dio meningitis. Sobrevivió como pudo y creció como un niño grande sin consciencia alguna. Se lo llevaron y lo presentaron como un asesino. Era un niño. Los criminales jamás revisaron su historia. Su mamá, Luz Marina Bernal, se convirtió en símbolo de la lucha contra los falsos positivos. Un caso que tiene enredado a un general (r) del Ejército, Mario Montoya Uribe. En diálogo con El Espectador, esta madre herida pero valiente, aprovechó este día para pedirles a las miles de madres colombianas cuyos hijos terminaron siendo una estadística falsa en esta maldita guerra, que “a pesar del dolor o del miedo, hay que luchar y denunciar para que se haga justicia. Pero, sobre todo, para encontrar la verdad”. Como si ya no fuera tanto, en 2010 doña Luz Marina descubrió que le habían entregado el cuerpo incompleto de su hijo. A 51 años de prisión fueron condenados el mayor Wilson Quijano y el teniente Diego Vargas, y a 35 años otros cuatro suboficiales.

Un niño de 16 años

El sepulturero de Chinú (Córdoba) le dijo a Ada Luz Paternina que los restos de su hijo Ebin David Paternina estaban en ese camposanto, le dio un papel para que fuera a exhumarlo, pero se le perdió y durante un tiempo no supo con certeza si ese niño de 16 años que vendía chitos en Córdoba era el mismo que señala su tumba. Al final, constató que sí lo era y que el Ejército lo había asesinado en esa siniestra práctica de reclutar jóvenes para presentarlos como guerrilleros abatidos en esa conflictiva región de Colombia desde la cual emergieron las hordas de asesinos de la Casa Castaño. Ebin David Paternina desapareció el 8 de agosto de 2007. Se fue persiguiendo a unos fulanos que le habían ofrecido trabajo en unas fincas en las entrañas del Nudo de Paramillo. Hoy se sabe que los reclutadores del Ejército recibieron $150 mil por los cantos de sirena que lo llevaron al cadalso. Paternina fue ultimado por las Fuerzas Militares. Lo enterraron sin nombre. Tenía retraso mental. Andrés Pacheco, el reclutador de marras, fue condenado a 34 años de prisión.

Lo mataron en 1997

En conjunto con los ejércitos privados del paramilitarismo, fue asesinado el 29 de marzo de 1997, por tropas del Ejército, Heliberto Guerra. En aquel entonces, según su historia clínica, recogía la cosecha de yuca en Apartadó (Antioquia), a pesar de sus desórdenes mentales. Su cuerpo fue hallado con prendas militares. La tragedia de su familia apenas comenzaba. En el hospital de Apartadó les pidieron  $300 mil para entregarles el cadáver y les advirtieron que si lo reclamaban tendrían problemas con el retén militar que estaba a escasos metros del centro de salud. La familia, sin un peso, tuvo que resignarse a que Heliberto fuera enterrado como un N.N. más en este conflicto de medio siglo. Dieciocho años después, la Fiscalía estudió el caso y profirió medida de aseguramiento contra varios suboficiales del Ejército que tenían jurisdicción en Carepa (Antioquia).

Un crimen atroz

El Ejército lo llamó la Operación Soberanía y en las actas oficiales se lee que el crimen de Luis Francisco Pamplona ocurrió en medio de la misión táctica Daga el 16 de diciembre de 2007. Las fuerzas castrenses reportaron la incautación de una pistola y la muerte de un supuesto bandido que acusaron de asaltante de tractomulas en Antioquia. La Fiscalía estableció que aquel señalado ladrón era un sordomudo sin mayor vuelo al que relacionaron con bandas criminales. En los reportes oficiales de las autoridades se advirtió que Pamplona había sido dado de baja mientras empuñaba un arma en su mano derecha. Era zurdo. Su papá, Fernando Pamplona, dedicó su vida a desandar las últimas horas de su hijo y en ese tránsito terrible descubrió aquel homicidio impune al tiempo que reivindicó que su hijo jamás estuvo en las filas de los violentos. El 12 de diciembre de 2011 un juez condenó al teniente Giovanni Velasco Suárez a 17 años y 6 meses de prisión por el crimen de este sordomudo.

Le faltaba un brazo

Sobre una cancha de fútbol en Campamento (Antioquia), tropas del Ejército colocaron los cuerpos de tres campesinos del sector. Los militares le dijeron a la comunidad, que se acercaba aterrada al campo, que se trataba de guerrilleros del frente 36 de las Farc. Hasta allí llegó la familia de Gonzalo de Jesús Agudelo, uno de los supuestos subversivos, para identificar a su familiar. Pero el Ejército no los dejó acercarse. Los enterraron como N.N. Años después se supo que los supuestos guerrilleros heridos en combate eran en realidad corteros de caña inocentes y que uno de ellos, Gonzalo de Jesús Agudelo, había perdido uno de sus brazos cuando era niño. Este caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

***

Los líos del general (r) Mario Montoya

El general (r) Mario Montoya, quien fuera el comandante del Ejército entre 2006 y 2008, los años con mayor número de ejecuciones extrajudiciales, deberá responder ante la justicia. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encontró evidencias suficientes para llamar a imputación a Montoya Uribe por siete falsos positivos perpetrados por integrantes del Ejército en Sucre, Antioquia y Magdalena.
El alto oficial en retiro siempre ha reivindicado su inocencia y señalado que a pesar de los controles del Ejército no puede responder por las actuaciones individuales de cerca de 500 mil hombres. Aunque el pasado 28 de marzo se pidió imputación de cargos contra Montoya, antes de culminar el período del fiscal Eduardo Montealegre el caso quedó en el limbo. El coronel en retiro Róbinson González del Río, condenado a 30 años de prisión por varias ejecuciones extrajudiciales, señaló que el general (r) Montoya les pedía “ríos de sangre”.

 

Si usted conoce más detalles de estos o de otros casos en los que personas en condición de discapacidad hayan sido víctimas de falsos positivos, escríbanos un correo a: mmedellin@elespectador.com o a jlaverde@elespectador.com

@Majomedellinc
@jdlaverde9