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Desde abril, cuando se confirmó la muerte en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador de los trabajadores del diario El Comercio de Quito, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, sus familiares y colegas se comprometieron a no dejar que el crimen quede en la impunidad. Pero tres meses después, mientras la Fiscalía trata de aclarar en qué circunstancias fueron asesinados, el Ministerio de Defensa se niega a entregar un reporte sobre operaciones militares realizadas en la zona en el momento del secuestro. Ahora, mediante una tutela se busca obtener esa información.
La iniciativa para solicitar este documento fue de la Fiscalía, que lo pidió el pasado 16 de mayo al comando de las Fuerzas Militares con un solo propósito: establecer si hubo intento de rescate militar o enfrentamientos en la zona, y así dilucidar por qué se produjo el asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de la organización ilegal que lidera alias Guacho. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) elevó la misma solicitud el pasado 24 de abril, sin que hasta el momento haya recibido una respuesta clara y concreta de las autoridades castrenses.
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En esa ocasión, el requerimiento fue con respecto a “la documentación existente sobre los operativos realizados por diferentes entidades de la Fuerza Pública en zona fronteriza de Colombia con Ecuador, entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018”. También se pidió describir, en caso de haber existido, qué canales de información se establecieron para lograr la liberación de los ecuatorianos, teniendo en cuenta que el propio Frente Óliver Sinisterra de alias Guacho mencionó en sus comunicaciones una supuesta negociación fallida con el gobierno de Ecuador para tratar de salvar la vida de Javier, Paúl y Efraín.
Ante la reticencia para suministrar información, los abogados que representan los intereses de las familias de las víctimas radicaron la tutela este viernes ante el Juzgado 13 Laboral de Bogotá, señalando la presunta violación de varios derechos al no permitirles acceso a los informes operacionales del Ejército. Según el documento de ocho páginas conocido por El Espectador, la negativa del Ministerio “es violatoria de los derechos de petición y de acceso a la información pública” y busca que esta cartera entregue la información requerida o justifique con suficiencia su negativa.
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Según el alegato, en Colombia el acceso a información pública es considerado derecho fundamental, y no solo se encuentra protegido por la Constitución sino también por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ‘Ley TAIP’. Además, expresa que el Ministerio de Defensa es una entidad sometida a tal ley y solo puede negar información en casos puntuales. “Las excepciones de acceso a la información (como las que permiten mantener información reservada por motivos de defensa y seguridad nacional) no aplican en caso de violaciones de derechos humanos”.
La solicitud argumenta que las respuestas recibidas hasta ahora ante las solicitudes hechas al Ministerio de Defensa desconocen el derecho de acceso a la información. “La autoridad debe aportar las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información debe permanecer reservada, justificando con tales pruebas que revelar la información causaría un daño presente, probable, específico y significativo que exceda el interés público que se tiene en acceder a esa información. Y el Ministerio tampoco aportó estas razones y pruebas”, agrega el texto.
La tutela recalca que, en caso de que se justifique la reserva, la entidad “tiene obligación de entregar una versión pública de los documentos que mantenga en esa reserva, únicamente sobre lo indispensable”, como lo destaca el artículo 21 de la ‘Ley TAIP’. Y reitera el documento que además “esta ley establece que las excepciones de acceso a la información (…) no aplican cuando el caso es de violación a derechos humanos”. Y dado que el secuestro y asesinato de los ecuatorianos lo fue, y se necesita aclarar las circunstancias, “la excepción de reserva no es aplicable”.
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En torno a los canales de comunicación para lograr la liberación del equipo periodístico de El Comercio, según lo consigna el abogado de las víctimas en su reclamo judicial, la información de las autoridades no ha sido clara. “En una contestación, el Ministerio se limitó a decir que ‘la información de esta Carta Ministerial no se encuentra discriminada de esa manera, sino que corresponde a reuniones y comunicaciones de alto nivel con autoridades homólogas de la República de Ecuador’”. Una respuesta, en criterio de los denunciantes, tan ambigua que aporta poco.
Para los reclamantes, el Ministerio de Defensa puede brindar información más amplia, no solo porque “es pública y puede ser conocida por los ciudadanos”, sino porque “en virtud de los principios de buena fe y facilitación, el Ministerio debe cumplir con la solicitud”. Sobre los operativos de control territorial que se habrían desplegado en la zona, la tutela insiste en que se debe aclarar, de forma adecuada, cuántos operativos se desplegaron y de qué manera. Lo contrario, reiteran, es “una violación de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información pública”.
“Es necesario resaltar que dada la gravedad de los hechos, el gobierno ecuatoriano tomó la ejemplar decisión de levantar cualquier tipo de reserva sobre la información del caso. Es la misma decisión que pedimos que tome el Ministerio de Defensa”, agrega la tutela. Respecto a las acciones judiciales en este caso, la Fiscalía ya ha capturado a dos de los supuestos cerebros de este triple crimen. A Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, quienes hoy se encuentran detenidos, en espera de que aclaren cómo se produjo el asesinato.
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Este diario consultó sobre el dilema al viceministro de defensa, Aníbal Fernández de Soto, quien aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de la acción de tutela presentada por el abogado de las víctimas, por lo que prefirió no hacer comentarios sobre el tema. “A la Fiscalía, como al abogado de las víctimas, a la Embajada de Ecuador y cualquier a otra entidad que haya preguntado sobre el tema se le ha contestado de manera completa, correcta y dentro de los parámetros legales, los que estamos por supuesto obligados a contestar”, aseguró Fernández a El Espectador.
Guacho y su disidencia, conocida como el Frente Óliver Sinisterra, constituyen uno de los problemas de orden público que ahora tendrá que heredar el presidente entrante, Iván Duque. En sus manos también está la responsabilidad de ayudar a las autoridades judiciales y a familiares y amigos de los ecuatorianos asesinados al esfuerzo por determinar las responsabilidades del caso en la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del diario El Comercio, sin dejar de lado a los jóvenes, también ecuatorianos, Óscar Villacis y Katty Velasco, igualmente asesinados en cautiverio.