Dilian Francisca Toro quedará en libertad en las próximas horas

La Fiscalía General decretó la nulidad parcial en el proceso que se le adelanta por lavado de activos.

El Espectador conoció en primicia que la Fiscalía General decretó la nulidad parcial en el proceso que se adelanta en contra de la exsenadora DIlian Francisca Toro por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Fuentes cercanas manifestaron que la excongresista recuperará su libertad en las próximas horas, sin embargo el proceso se seguirá adelantando atendiendo las solicitudes presentadas por el ente investigador.

Según se ha podido establecer, en este proceso se presentó un vencimiento de términos puesto que no se pudieron practicar 3 testimonios dentro de esta investigación.

Las fuentes consultadas señalaron además que la defensa de Toro no ha podido interrogar a dos testigos claves dentro de este proceso.

En este sentido indicaron que no se ha podido contactar al mayor en retiro Juan Carlos Meneses quien declaró ante delegados de la Corte Suprema de Justicia, así como uno de los exjefes del Cartel de Cali, Víctor Patiño Fomeque, quien no ha atendido las citaciones de la justicia.

Pese a que la exparlamentaria recuperará su libertad en las próximas horas, la investigación penal en su contra continuará por lo tendrá que seguir atendiendo las solicitudes del ente acusador. 

La exsenadora vallecaucana fue cobijada con medida de aseguramiento el 24 de julio de 2012 por determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). 

El pasado 22 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que la Fiscalía General sería la encargada de este caso después de que la Mesa Directiva del Senado de la República aceptara la renuncia a su fuero que presentó la congresista del Valle del Cauca. (Ver Dilian Francisca Toro renunció a su curul en el Senado)

En este sentido se indicó que el alto tribunal no tiene competencia para investigar el delito de lavado de activos por el que es investigada la exsenadora del partido de la U.

Esto debido una jurisprudencia expedida por la Corte Suprema en la que se indicó que solo se investigará a aforados por el delito de concierto para delinquir agravado (nexos políticos) con grupos armados al margen de la ley) pese a que renuncien a su fuero.

El proceso contra Dilian Francisca

En su decisión de cobijarla con medida de aseguramiento la Sala Penal de la Corte Suprema estableció que la parlamentaria es socia de la Agropecuaria La Ceiba Verde la cual compró la hacienda la Milagrosa en 2005, pese a que pertenecía a hombres que fungieron como cabecillas del cartel de Cali, principalmente a Phanor Arzabaleta y Víctor Patiño Fómeque.

Bajo la misma sospecha de ilicitud recae la adquisición de predios como el Barcilar y San Miguel, que engrosaron el patrimonio de la familia de la senadora tiempo después, pese a que pertenecieron a personas que están siendo investigadas por narcotráfico. (Ver Exparamilitar condenado por extorsión declararía en investigación contra Dilian Francisca Toro)

La Corte busca determinar si el excapo del cartel del Cali, Víctor Julio Patiño Fómeque habría buscado a la congresista para “lavar” más de 5 mil millones de pesos derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas por medio de diferentes inversiones en finca raíz en el departamento del Valle del Cauca.

En las investigaciones adelantadas hasta el momento se infiere que al comparar los ingresos de la parlamentaria con sus transferencias y adquisiciones, se encontró que invirtió dicha suma de dinero en la compra de tres fincas, cuya compra no estuvo “justificada” lo que originó serias dudas sobre su procedencia.

Ante esto, el alto tribunal busca establecer si bienes fueron adquiridos por la legisladora, tras recibir dineros del capo en el año 2000 con el fin de darle una apariencia de origen legal. (Ver Exjefe del Cartel de Cali declaró en proceso contra senadora Dilian Francisca Toro)

Dilian Francisca Toro enfrenta otra investigación preliminar porque supuestamente ejerció tráfico de influencias para que allegados suyos fueran depositarios de bienes incautados a la mafia por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).