Directivos de Avianca, citados a declarar por caso de espionaje corporativo

El fiscal Néstor Humberto Martínez señaló que se debe esclarecer la responsabilidad de esta empresa dentro del proceso por el que es investigado un fiscal y por el que ya aceptó cargos el exjefe de la Sala Diamante de la Fiscalía. Miembros del sindicato de Avianca habrían sido "chuzados".

Desde el año pasado se investiga sobre una red que, al parecer, se dedicaba a interceptar comunicaciones privadas.Pixibay

“La Fiscalía ha tomado la decisión de llamar a declarar a oficiales de la empresa (Avianca) porque el país tiene que conocer cuál es el grado de responsabilidad corporativo para que se hubiera afectado la integridad del sistema de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación”. Con esa declaración, el fiscal Néstor Humberto Martínez acaba de manifestar que el ente investigativo tiene la intención de conocer si empleados o directivas de una de las empresas de aviación más grandes del país participaron en la red criminal que se habría tejido dentro de la propia Fiscalía.

:: Habría una red de “espionaje corporativo” que operaba desde la Fiscalía::

El próximo 22 de mayo es la cita. Ese día deberán presentarse para rendir una declaración juramentada quien fungía como vicepresidente de seguridad, ética y cumplimiento de Avianca para la época en que se habrían cometido las “chuzadas”, Eduardo Mendoza, y la jefa de litigios de Avianca, Ana María Ceballos. “La Fiscalía busca elementos que permitirán establecer las motivaciones para las interceptaciones de las que fueron víctimas los directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac)”, lo cual habría ocurrido hacia septiembre de 2017, cuando los pilotos entraron en huelga.

Tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Suprema de Justicia calificaron esa huelga de ilegal, mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que lo inapropiado era ejercer represalias contra quienes llevaban a cabo actividades sindicales. Pero, más allá de la discusión sobre la legalidad de la protesta, lo que se empezó a destapar desde diciembre del año pasado con la detención de Luis Carlos Gómez Góngora, es que funcionarios de la misma Fiscalía se habrían prestado para interceptar irregularmente comunicaciones privadas.

Luis Carlos Gómez Góngora era el coordinador de la Sala Diamante de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía. Según afirmó la vicefiscal María Paulina Riveros, aceptó cargos el pasado 8 de mayo, día en que este episodio de espionaje corporativo volvió a tomar relevancia con el arresto del fiscal 32 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Fabio Martínez Lugo. Contra Gómez Góngora se abrió una investigación por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones; expediente al que se pone punto final con su admisión de culpabilidad.

:: El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales::

Al fiscal Martínez Lugo le imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones. En audiencia, él se declaró inocente, aunque el juez del caso lo envió a la cárcel La Picota mientras la investigación sigue. La vicefiscal Riveros aseguró en rueda de prensa que Martínez Lugo “habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac)”, es decir, el sindicato de Avianca, “y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel – Codensa”.

Según el ente investigativo, el fiscal Martínez Lugo indujo al error a los jueces que aprobaron las interceptaciones de los teléfonos de personas como Julián Pinzón, piloto sindicalizado de Avianca; Lucio Rubio, gerente general para Latinoamérica de Enel-Codensa o Felipe Jaramillo Londoño, quien representaba al Grupo de Energía de Bogotá. Martínez Lugo habría pedido la autorización de interceptarlos señalando que hacían parte de una banda que robaba taxis. Hoy se supo que otra posible víctima es Martha Salazar, interventora de la Superintendencia de Sociedades a cargo de la liquidación de Friogán.

Todas estas indagaciones provienen del proceso que se abrió contra el coronel (r) de la Policía Jorge Humberto Salinas Muñoz, detenido en agosto del año pasado junto con otras personas, entre ellas el general (r) Humberto Guatibonza, quienes supuestamente encabezaban una red de interceptaciones ilegales de comunicaciones. Ellos, por su parte, han negado cualquier participación en este tema, y Guatibonza, el oficial retirado de más alto nivel implicado en el caso, ya está llamado a juicio. Él insiste en su inocencia. La Fiscalía, en su culpabilidad.

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Redacción Judicial

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