Se trata de la oficial (r) Adriana Calle

Disputa de una coronel con la Policía

El Tribunal de Cundinamarca sentó el precedente de que si una mujer de la Fuerza Pública es llamada al retiro, y antes de su salida recibe un hijo o hija en adopción, merece también la licencia de maternidad.

La coronel (r) Adriana Calle con su hija, a quien ella y su esposo bautizaron Mariana. /Cristian Garavito - El Espectador

La teniente coronel (r) de la Policía, Adriana Patricia Calle Rodríguez, acaba de ganar una de las dos batallas legales que emprendió en contra de la institución a la que sirvió por 20 años, cuatro meses y 15 días. Una es la demanda por acoso laboral que presentó contra un superior, la cual aún no se ha resuelto. La otra se trata de la demanda que presentó en 2014, luego de haber salido de la Policía a pesar de que acababa de recibir una bebé en adopción. La oficial en retiro argumentó ante los jueces que el suyo fue un “embarazo homologado” y que ella también tenía derecho a una licencia de maternidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón.

El “embarazo homologado” de la entonces jefe de incorporación de escuelas de la Policía comenzó en 2011, cuando soñó con adoptar a una niña procedente de Manizales, su tierra natal. “Iniciamos (con su esposo) el proceso ante el ICBF para empezar a hacer los talleres, las investigaciones respectivas y acatar las exigencias. Nos investigaron a mí y a mi esposo e indagaron sobre nuestro ambiente familiar. Además, nos dijeron que teníamos que informar a la entidad en la que estábamos laborando, en mi caso, la Policía Nacional”. Y así se hizo en julio de ese mismo año.

A partir de ese momento, periódicamente, la coronel (r) Calle elaboró oficios pidiendo permiso a su superior, el general Édgar Vale, director nacional de Escuelas de la Policía, para poder asistir a talleres, entrevistas familiares o visitas domiciliarias. También le informaba, en persona y por escrito, a la mayor Sandra Lagos, asistente del general. Luego de tres meses, el 28 de octubre de 2011, Bienestar Familiar les comunicó a ella y a su esposo que el Comité de Adopciones les había dado el visto bueno como padres idóneos para adoptar. “Empezamos a ilusionarnos. Es un momento maravilloso saber que se está cerca de acoger a un angelito”, comenta la oficial (r).

Ese certificado del ICBF, explica el abogado de la coronel (r) Calle, César Ospina, es como cuando el médico informa a una paciente que está embarazada. “El Código Sustantivo del Trabajo señala que todas las garantías de las que gozan las madres biológicas, se hacen extensivas en los mismos términos a las madres adoptantes”, indica Ospina. “Es como un embarazo homologado”, dice la coronel (r) Calle. Pero no todos están de acuerdo con esa postura. Abogados consultados por este diario expresaron que las mujeres en proceso de adopción solo pueden ser protegidas una vez reciben a su hijo o hija. Es una discusión sin punto final aún.

El 21 de abril de 2012, nueve meses después de haber informado sobre su proyecto de adoptar un bebé, la coronel (r) Calle fue llamada a calificar servicios. Sus superiores se lo hicieron saber argumentando la facultad discrecional. “Me sacaron de la Policía estando en embarazo homologado. Mi pequeña venía viajando hacia nuestro hogar”, dice con indignación. De acuerdo con un decreto de 1990 y otro de 2004, el retiro de los oficiales de la Policía llamados a calificar servicios se hace efectivo tres meses después de la notificación. La hija de la coronel (r) llegó a su casa justo en esos tres meses.

Para ese momento, la oficial Adriana Calle ya era considerada “incómoda” en ciertos sectores de la Policía. Había expresado públicamente que ella no compraba la hipótesis del suicidio de la cadete Lina Maritza Zapata, considerada una testigo principal de la llamada Comunidad del Anillo. Y, además, había reportado acoso laboral y hasta sexual de su superior, el general (r) Édgar Vale. Ya retirada, en 2016, demandó a Vale por acoso laboral, y también al general (r) Óscar Naranjo —entonces director de la Policía y hoy vicepresidente de la República—, por haber hecho caso omiso a sus denuncias. “En la institución yo me convertí en una amenaza”, asegura Calle.

Su salida sin licencia de maternidad reconocida fue inevitable. No obstante, antes de acudir a la justicia, ella le solicitó a la institución que revisara su caso. El 29 de mayo de 2014, el coronel Hugo Casas —hoy general—, director (e) de Sanidad, respondió: “No es posible atender favorablemente lo solicitado”. El 15 de agosto del mismo año, el coronel Herman Bustamante —hoy general— confirmó la decisión y le indicó que apelara ante el director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Este último, en la resolución 04093 del 8 de octubre de 2014, respondió también con un “no”.

El general (r) Palomino rechazó el argumento de que un proceso de adopción se pudiera homologar con un embarazo, “bajo el entendido que la gravidez es un hecho cierto que permite establecer con certeza una fecha próxima de nacimiento, y la cual no se encuentra sujeta a ninguna otra condición”. Es decir: el embarazo dura, sí o sí, nueve meses. En cambio, en el caso de la coronel (r) Calle, dijo Palomino en su resolución, “desde la fecha que informó como inicio del proceso de adopción hasta la sentencia de la autoridad judicial competente que dio por finalizado el mismo, transcurrió más de un año”.

Pero la coronel (r) Adriana Calle, convencida de que ella tenía los mismos derechos de una madre gestante, incluida la licencia de maternidad, presentó una demanda. En primera instancia, en marzo de 2016, perdió. El juez 39 Administrativo del Circuito de Bogotá consideró que ella ya no estaba en servicio activo cuando su bebé le fue entregada, y por eso, no podía acceder a la licencia de maternidad. Según el juez, el periodo de tres meses desde la notificación del retiro hasta el retiro mismo era solo “para conformar el expediente prestacional de retiro”.

El pasado 25 de mayo, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la coronel (r) y, de paso, sentó un importante precedente para las mujeres de la Fuerza Pública. Determinó, con base en el decreto que fija el régimen pensional y de retiro de los miembros de la Fuerza Pública (4433 de 2004), que los tres meses previos al retiro sí cuentan como servicio activo. Y, por eso mismo, que a una integrante de la Fuerza Pública, en las condiciones de la coronel (r) Adriana Calle, se le deben reconocer las prestaciones a las que tienen derecho las madres en Colombia, independientemente de si son biológicas o adoptantes.

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