Docentes exigen que se discuta una reforma policial y de los cuerpos de custodia del Estado

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Más de 80 estudiantes y docentes universitarios manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia contra privados de la libertad en distintos centros de reclusión del país y exigieron que las autoridades reconozcan su responsabilidad en hechos que atentan los derechos de estas personas.

A través de una carta conjunta, docentes, estudiantes y expertos en derecho manifestaron su preocupación por las muertes y los recientes hechos violentos que se han presentado bajo custodia policial y exigieron que se convoque a una mesa de amplia para discutir la reforma de la Policía Nacional y de los cuerpos de custodia del Estado. Asimismo, exigieron que las autoridades gubernamentales asuman la responsabilidad por estos casos, pidan perdón y reparen a las víctimas.

Los 83 firmantes de la misiva manifiestan que en los últimos meses se ha presentado un aumento en la violencia contra las personas privadas de la libertad en los distintos centros de reclusión del país. Entre los ejemplos presentaron el homicidio de 23 personas en la cárcel Modelo, el 21 de marzo; el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI de Bogotá; la muerte bajo custodia de la Policía de Juan Luis Guzmán, un joven gay afrocolombiano, el 26 de julio en Arboletes (Antioquia), en circunstancias que no han sido esclarecidas; y la muerte de nueve jóvenes que quedaron calcinados en la estación de Policía San Mateo, en Soacha.

“La crisis estructural del sistema penitenciario y carcelario colombiano, a pesar de la decidida intervención de la Corte Constitucional en las distintas declaratorias de estado de cosas inconstitucional realizadas en los últimos veinte años, no sólo no ha sido contenida, sino que se ha trasladado a otros espacios de reclusión como estaciones de policía, unidades de reacción inmediata y centros de traslado por protección”, señalaron los firmantes quienes agregan que para 2019 había 6.882 personas detenidas en 239 estaciones de Policía, con un índice de hacinamiento del 132,12%. Además, en las URI se encontraban 689 personas encerradas y en establecimientos municipales 2.865.

Lo grave de ese registro, según los académicos, es que la supervisión en estos espacios es escasa y los organismos de control no cuentan con la capacidad para monitorear lo que allí sucede. Por otro lado, aseguran, a pesar de la gravedad de lo ocurrido en La Modelo y en la Estación de Policía San Mateo, las autoridades encargadas como el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y la Policía Nacional no han asumido la responsabilidad que corresponde y, por el contrario, “las declaraciones públicas que han emitido muestran un profundo desprecio por los derechos de las personas bajo su custodia y una negligencia deliberada para reconocer la responsabilidad institucional para garantizar la no repetición de estas atrocidades”.

Precisan que en la “relación de especial sujeción” las autoridades son garantes y tienen el deber de proteger la vida y los derechos de las personas bajo su custodia y que es inaceptable que en un Estado de derecho asesinen por acción y omisión a las personas que deberían custodiar. “Custodiar también significa proteger, no únicamente vigilar y confinar. En la custodia, el Estado asume la responsabilidad por la vida, el bienestar y la garantía de los derechos fundamentales de sus custodiados”, manifiestan los firmantes.

Agregan que la indolencia de los miembros de la Policía asignados a la Estación San Mateo, donde murieron calcinados nueve jóvenes y otros dos resultaron heridos, es “desgarradora”. “Dejaron morir calcinados a nueve jóvenes, no acudieron en su auxilio e impidieron que sus familiares desesperados intervinieran para mitigar las llamas. Prefirieron dejarlos morir a abrir la celda”, consignaron en la carta. Ante ese panorama, consideran que es urgente una reforma al proceso de ingreso, capacitación y formación continua de la Policía Nacional y los cuerpos de guardia y custodia, con una amplia participación de la sociedad civil, asociaciones de familiares de personas privadas de la libertad y universidades.

Además, señalan que es necesario articular espacios de formación y seguimiento a situaciones de violencia policial contra la comunidad étnica - racialmente diferenciada (personas afrocolombianas, personas indígenas); así como diseñar e implementar mecanismos de seguimiento, investigación y recolección de datos sobre esta problemática. Así las cosas, la comunidad académica firmante exige “la convocatoria de una mesa amplia para la reforma policial y de los cuerpos de custodia del Estado y que las autoridades gubernamentales asuman la responsabilidad por lo sucedido, que pidan perdón, reparen a las víctimas, asistan a sus familias y adopten todas las medidas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”.

Minjusticia anuncia recursos para ampliar la cárcel de Yopal

A propósito del tema, este viernes 27 de noviembre, durante una reunión con miembros de la Rama Judicial de Casanare y 19 alcaldes del departamento, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, anunció que aportará $7.000 millones para la ampliación del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yopal, conocido como La Guafilla.

Con la ampliación, que consistirá en la construcción de estructuras modulares que aportarán 340 nuevos cupos, se busca beneficiar principalmente a mujeres ya condenadas para que cuenten con condiciones dignas de reclusión. La inversión total asciende a los $14.000 millones, entonces los otros $7.000 millones serán entregados por la Gobernación del Casanare y la Alcaldía de Yopal, según lo confirmó el gobernador, Salomón Sanabria.

Durante el encuentro, el ministro se refirió también al fortalecimiento de la justicia digital en el país y confirmó que para tal fin se destinarán 500 millones de dólares de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente, abordó el tema de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, y confirmó que enero de 2021 comenzarán a funcionar los 11 juzgados especializados que se acaban de crear en diferentes regiones del país para conocer los procesos por estas causas.

El ministro Wilson Ruiz concluyó su intervención recordando que una de sus misiones al frente de la cartera de Justicia es la de aplicar la política del Gobierno de humanizar y dignificar las condiciones de vida de los privados de la libertad y apoyar su proceso de resocialización.

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