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La masacre del pasado lunes, que dejó un saldo de seis personas muertas –entre ellos un menor de edad–, vuelve a recordar las cruentas atrocidades ha sufrido Mapiripán. Es un municipio que hace parte del departamento del Meta y que, por su ubicación geográfica, ubicado al sur del departamento, es clave para que las organizaciones narcotraficantes movilicen la droga que producen en el país.
Los hechos del pasado lunes rememoraron el fatídico 12 de julio de 1997 cuando cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, por orden de Carlos Castaño, llegaron a San José del Guaviare y días después a la cabecera del municipio de Mapiripán. En su paso por esta región, que duró cerca de una semana y sin la presencia de la Fuerza Pública, realizaron todo tipo de vejámenes contra la población civil.
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Sacaron de sus casas a las víctimas, las torturaron y en la mayoría de los casos las desaparecieron. En otros casos las víctimas eran decapitadas y además de desmembrar sus cuerpos, los paramilitares los arrojaban al rio Guaviare, con piedras en su estómago, para que sus familiares jamás dieran con el paradero de sus seres queridos. Los hombres de la Casa Castaño se fueron hasta el domingo 20 de julio. Tres días después, cuando ya había pasado todo, llegó la Fuerza Pública.
Al margen de estas atrocidades, que produjo un desplazamiento masivo de campesinos, Carlos Castaño, según las autoridades e informes del caso, tenía un objetivo claro: expandir su accionar criminal para apoderarse de las rutas del narcotráfico y, con ello, restarle poder y control a la guerrilla que hacía presencia en esa región.
La masacre del pasado lunes es una muestra de que Mapiripán, y su zona rural, todavía es un objetivo para las estructuras narcotraficantes. Seis personas resultaron muertas y la principal hipótesis que hoy se debate entre las autoridades es que se trató de una disputa entre traficantes de Los Puntilleros. Los altos mandos militares también apoyan esa tesis, pero las investigaciones continúan.
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“Tenemos información de que hay unas fracciones de Los Puntilleros que están delinquiendo en esta zona. Es probable que en esa disputa de territorio hayan ocurrido estos hechos”, señaló el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, al término de un consejo de seguridad en Mapiripán.
El último informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que las regiones del Meta y Guaviare presentaron una reducción del 15% en 2017 con respecto al año 2016. Por departamentos, Guaviare presentó una reducción del 28% del área sembrada y Meta tiende a la estabilidad con un incremento del 2%. Estos resultados, de acuerdo con el informe, se deben a la erradicación manual y a la implementación de los acuerdos de sustitución voluntaria.
Según el informe, en 2013 el departamento del Meta tenía 2.898 hectáreas; en 2014, 5.042; en 2015, 5002; en 2016, 5.464; y en 2017, 5.577. “El fortalecimiento de este núcleo de expansión –donde se encuentra Mapiripán– favorece la articulación con la zona norte núcleo Putumayo – Caquetá, permitiendo un corredor de producción y tráfico en el sector oriental del país”, se lee en el informe.
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"La persona que orientó a las tropas en el terreno manifestó que ellos (los asesinados) no eran personas de la región, que no eran personas oriundas de las veredas como tal", precisó el general Alejandro Fuentes, comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Mientras se esclarecen estos hechos, ocurridos entre las veredas San Luis y La Realidad, las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables.
Según el diario El Tiempo, las víctimas fueron encontradas boca abajo en una casa abandonada y sin paredes, y cuatro de ellos fueron identificadas como Andrés Martínez, Daniel Martínez (hijo de Andrés), Charles Johan Villareal Ballesteros y Leonardo Vinasco López.
En el consejo extraordinario de seguridad, en el participaron la Gobernación del Meta, la Alcaldía de Mapiripán, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, se acordaron varias medidas. Entre ellas el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, el control de áreas críticas, el fortalecimiento de las autoridades en las veredas de El Siare, Rincón del Indio y Brisas del Iteviare, y el ofrecimiento de $50 millones por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos.